La presidenta andaluza, Susana Díaz, puede presumir ya de tener presupuestos para 2017. Tras pactarlos con Ciudadanos, Andalucía se convierte así en la primera comunidad en tener sus cuentas listas para el próximo ejercicio. Estos números cobran mayor dimensión que nunca por ser una prueba de estabilidad política, algo que le viene bien a Díaz para confrontar su gobierno con el de Mariano Rajoy, para el que ya pintan algunos, desde el propio PSOE, los Presupuestos Generales del Estado como la antesala de unas nuevas elecciones en no más de 18 meses.
Con el acuerdo bajo el brazo, Díaz cumple así lo que había anunciado meses atrás: los tendría en tiempo y forma antes del 31 de octubre. Lo ha logrado gracias al buena disposición al diálogo con Ciudadanos, que ya es la segunda vez que da luz verde a sus cuentas. De esta forma, los dos partidos rentabilizan el resultado: uno, porque con su “sello naranja” se presenta como garante de estabilidad y sitúa en el plano de normalidad la negociación entre partidos, y el otro, porque coloca a Díaz como una presidenta con capacidad de diálogo y de solidez en el gobierno, requisitos que le pueden venir bien para afrontar otras responsabilidades políticas si quisiera dar el salto a la secretaría general del partido más adelante.
Aunque por separado, tanto el presidente y portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, como la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, han calificado estas cuentas como una prueba de “entendimiento”, “confianza mutua”, “diálogo” entre ambas fuerzas.
No obstante, Ciudadanos se ha arrogado el llevar la batuta en estas negociaciones: ellos ha propuesto y los otros han ido aceptando. Hasta el punto de que Marín ha llegado a afirmar que ellos son los que han tenido y tienen “la sartén por el mango” en estos presupuestos, porque estarán vigilantes a su en su cumplimiento. Desde la Junta han esquivado hablar de la paternidad o la maternidad de estas cuentas, y aunque no les ha gustado lo dicho por Marín, han preferido hablar de una custodia compartida. Al final, tan importante son las cuentas, como el control sobre su ejecución. Hasta ahora, por cierto, satisfactoria para ambas partes.
Zancadillas del Gobierno
La Junta ha logrado sacar las cuentas adelante aún con las zancadillas del Gobierno central, que aún no le ha informado de las entregas a cuenta. Dado que los presupuestos autonómicos no están supeditados a los PGE, sino al sistema de financiación autonómica, la Consejería de Hacienda ha podido hacer sus números y los ha hecho ajustándose a una previsión de crecimiento económico del 2,3% (crecimiento del empleo de un 2,2%, lo que supone la creación de 65.000 empleos en Andalucía) y haciendo una “proyección moderada” de esas entregas a cuenta, a la espera de que estas al final sea superiores a lo previsto por una mayor recaudación.
Tampoco parece que vayan a tener que reajustarse por los recortes de 5.500 millones que ha ordenado Bruselas. Según la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ese esfuerzo corresponderá al Gobierno central, pero no a las comunidades autónomas. Por esto, ha insistido en que se trata de una cuentas ajustadas a la realidad y vaticina que si hay que hacer revisiones, estas serán al alza.
En este punto, el Ejecutivo andaluz mantiene un pulso con el Gobierno central por la aplicación del sistema de financiación autonómica. Con el PP, este está siendo tan gravoso para las arcas autonómicas que, según los cálculos de la Junta, supone una merma anual de 1.000 millones. A la espera de que Rajoy acceda a convocar una Conferencia de Presidentes y se aborde un calendario para la reforma del sistema de financiación (Susana Díaz ya se lo marcó en la agenda a Rajoy la víspera de su discurso de investidura), la Junta piensa reclamar algún sistema de arbitraje o compensación para corregir la infrafinanciación que padecen tanto Andalucía como Valencia.
El escollo fiscal
A pesar de las dificultades de cálculo, las cuentas andaluzas para 2016 crecerán un 2,8%, hasta casi los 32.000 millones, y tienen el foco puesto en el blindaje del estado del bienestar, siendo las partidas que más crecen las de sanidad (aumenta un 5,4% y alcanzará los 9.304 millones), educación (un 3,8% más, lo que equivale a 6.103 millones) y dependencia, además del empleo.
Aunque la negociación ha sido fructífera, escollos ha habido que sortear. El Gobierno andaluz siempre ha sido reacio a la bajada de impuestos. El pasado ejercicio Ciudadanos ya logró arrancar un ajuste de dos puntos en el tramo autonómico del IRPF y también la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. Para 2017, su propuesta era una bajada del 0,5% más, pero se ha tenido que contentar con la creación de una mesa de trabajo para la reformulación del IRPF. En este caso, el objetivo sería reordenar el mapa de deducciones y una homogeneización respecto a otros territorios.
Aún así, Marín ha puesto el acento en que, gracias su formación, Andalucía ha dejado de ser la primera comunidad autónoma en presión fiscal y ha pasado a ser la tercera, y que “sí se pueden bajar impuestos y mejorar los servicios públicos”.
Otros de los puntos de fricción entre Ciudadanos y PSOE es la administración paralela de la Junta y su denso entramado de entes instrumentales. El acuerdo se ha alcanzado con la supresión de 13 entidades, entre fundaciones, consorcios y otras sociedades.