La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha sobreseído este viernes las actuaciones respecto de Edurne Martínez, una de las detenidas por la agresión a un teniente y un sargento de la Guardia Civil en un bar de Alsasua (Navarra), al no haber sido identificada como agresora en las ruedas de reconocimiento celebradas el pasado miércoles.
Según informaron a EL ESPAÑOL fuentes de la lucha antiterrorista, esta joven de 23 años está graduada en Educación Primaria con mención en Educación Especial por lo que una condena por terrorismo le habría impedido ejercer su profesión de maestra en virtud del Código Penal.
En el auto, la juez explica que la mujer fue identificada inicialmente por las víctimas en las fotografías que se les mostraron, si bien luego la apuntaron como presente en el lugar de los hechos, pero no como uno de los agresores, según informa Europa Press.
Martínez, junto a otra mujer llamada Ainara Urquijo, fueron puestas en libertad la noche del pasado lunes tras prestar declaración ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, por entender que si bien existían indicios de su participación en la paliza no se apreciaba en ellas la misma peligrosidad del resto de encausados.
En libertad desde el lunes
Añadía que también era menor la posibilidad de que participen en nuevos hechos de semejante entidad. Por ello se las dejó en libertad aunque con la obligación comparecer cada quince días en el juzgado, se les retira el pasaporte y no podrán salir del país sin autorización judicial. Estas medidas desaparecen ahora para Martínez al haber sido sobreseída provisionalmente la causa respecto de ella.
El Ministerio del Interior vinculaba a Edurne Martínez junto al resto de los detenidos con el colectivo 'Alde Hemendik' ('Que se vayan') y 'Ospa Mugimendua', que tienen por objeto la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.
Este Departamento aseguró que en la agresión acaecida en el bar Koxka del municipio navarro participaron "entre 40 y 50 individuos" y la Guardia Civil remitió la semana pasada a la Audiencia Nacional un informe en el que identificaba al menos a una docena de personas.
Penas de inhabilitación
Fuentes de la investigación precisaron que su arresto se produjo en Madrid dado que actualmente se encontraba realizando unas prácticas remuneradas en la Universidad Autónoma (UAM).
En la última reforma del Código Penal se reformaron los delitos relacionados con el terrorismo y, entre las novedades introducidas, el artículo 579 incluyó las "penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos". Al haber resultado absuelta, no ser verá afectada.
A pesar de su juventud, esta maestra no era una desconocida para las fuerzas de seguridad. Ya fue juzgada en San Sebastián en febrero de 2015 por participar dos años antes en el llamado muro popular (Aske Gunea) en el Bulevar de la capital guipuzcoana para impedir la detención de seis miembros Segi que tenían pendiente cumplir una condena de seis años por su pertenencia a la cantera de ETA.
Según ella, tan sólo eran unos jóvenes guipuzcoanos "perseguidos por su militancia política". Fue acusada a 15 meses de cárcel por desórdenes públicos y atentado a la autoridad, pero finalmente resultó absuelta.