La Fiscalía pide la imputación de Alberto de Rosa por las comisiones de Ribera Salud

La Fiscalía de Valencia ha solicitado que se tome declaración en calidad de investigados (lo el Código Penal denominaba antes imputados) al director gerente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, y al director financiero, Pablo Gallart, en una investigación judicial abierta por el presunto cobro de comisiones por parte de la concesionaria de hospitales en la Comunidad Valenciana. Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes judiciales.

Esta solicitud se ha realizado antes de que la investigación haya caído en manos de la fiscalía delegada en asuntos de Anticorrupción. Las declaraciones solicitadas están a la espera de que el juzgado de Instrucción 4, que ha abierto la causa, reciba un informe que ha reclamado a la Conselleria de Sanidad.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha informado de la apertura de esta causa el pasado 13 de mayo y a raíz de la recepción de un atestado de la Policía Nacional en el que se relataban unos “hechos relativos al supuesto pago de comisiones por parte de los proveedores a la central de compras dependiente de Ribera Salud”.

En el auto de apertura de diligencias, el juzgado de Instrucción 4 se dirigió a la Conselleria de Sanidad para reclamar un informe sobre este asunto y del que “depende la determinación de los posibles delitos y de las personas a las que se les atribuirán”. El atestado policial, que nace de una denuncia de un sindicato médico, sí considera que los hechos son constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación. El juzgado todavía no ha calificado los posibles delitos al estar a la espera del informe requerido a Sanidad.

Mientras, según ha informado el TSJ, el juzgado ha tomado declaración a varios testigos y tiene pendientes de practicar otras testificales.

El pasado 4 de noviembre se declaró la complejidad de la causa, que permite ampliar a 18 meses el plazo máximo de instrucción al estar a punto de expirar los seis meses iniciales y estar aún pendiente la práctica de las diligencias (testificales e informe de la Conselleria de Sanidad).

En el atestado policial remitido al Juzgado se cita a una decena de personas, especificando la responsabilidad que tenían en las empresas investigadas. Actualmente, no hay ninguna persona imputada por esta investigación judicial.

El fiscal ha solicitado que, cuando se reciba el informe requerido a la Conselleria, se tome declaración a dos de esas personas en calidad de investigados. La Conselleria de Sanidad está estudiando si se persona en la causa como acusación.

Nuevo ultimátum de Sanidad

La Conselleria de Sanidad ha vuelto a dirigirse a Ribera Salud para exigirle nueva información sobre los contratos y acuerdos que esta concesionaria sanitaria tiene con sus proveedores. El requerimiento de la conselleria que dirige la socialista Carmen Montón se produce después de que un juzgado de Valencia haya abierto una investigación sobre el posible cobro de comisiones a empresas proveedoras de prótesis e implantes, materiales que paga directamente la Generalitat Valenciana (no entran dentro de la concesión). Estas comisiones, tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, ascienden hasta porcentajes del 36%.

Con el nuevo requerimiento, Sanidad amplia la petición de información a todos los productos suministrados a los hospitales que están bajo la concesión (Alzira, Torrevieja, Elche y La Marina) y no solo sobre aquellos gestionados directamente por Ribera Salud a través de su sociedad B2b Salud. Así, la Conselleria da 15 días hábiles para que la empresa presente las relaciones contractuales que tanto ella como cualquiera de sus empresas participadas (además de B2b Salud también se requiere la información de firmas como B2b Gestión Integral, B2b Laboratorios, Ribera Salud Proyectos o Ribera Salud Tecnología, entre otras) “tienen con los proveedores de bienes o servicios que se realizan a las concesiones sanitarias indistintamente de si la facturación se realiza directamente a ellas o, como en el caso de las prótesis, a la Generalitat”.

Las nuevas revelaciones sobre los posibles cobros de comisiones en prótesis e implantes conllevaría un claro perjuicio directo para la Administración, puesto que estos productos son pagados íntegramente por Sanidad mientras que la concesionaria estaría negociando, por otro lado, el cobro de un porcentaje o comisión a estas empresas que proveen a los hospitales gestionados mediante concesión. La documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL refleja, por ejemplo, que la firma Stryker Iberia firmó un contrato por el que retornaba a Ribera Salud el 7%.

Es por ello, que la Conselleria reclama ahora al gigante sanitario que, “en el caso de existir” estas relaciones “deberá remitir los documentos contractuales” que se hayan suscrito a lo largo de la concesión. También exige una copia de las facturas emitidas por Ribera Salud o por sus empresas participadas con las empresas proveedoras desde el inicio de la concesión.