La central nuclear española que mantiene en vilo a los portugueses

Una central nuclear sobrevuela el viaje oficial de los reyes Felipe y Letizia a Portugal. Tras un día de agasajos en Guimarães, este martes se espera que el primer ministro, Antonio Costa, trate con el jefe del Estado el asunto transfronterizo que más preocupa a los lusos: la central nuclear de Almaraz .

Construida a la orilla de río Tajo en la provincia de Cáceres, a unos 100 kilómetros de la frontera con Portugal, la Central de Almaraz opera desde mitad de los años 80. Desde hace años grupos antinucleares ibéricos denuncian el mal estado de sus instalaciones, señalando que operan con componentes de calidad dudosa producidos por la empresa Areva, envuelta en escándalos por fabricar piezas que han fallado en múltiples ocasiones. Los protocolos de seguridad de la central también ha sido objeto de crítica. A finales del año pasado el grupo de 23 bomberos encargados de hacer las rondas de seguridad de las instalaciones fue despedido tras demostrarse que habían falsificado las hojas de control durante meses, simulando que habían hecho los controles necesarios durante meses.

El futuro de Almaraz pasó a ser un tema urgente para los portugueses este pasado mes de febrero, cuando inspectores del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) español revelaron que había fallos claves en el sistema de refrigeración de la central. Los inspectores concluían que no existían “suficientes garantías” que el sistema actuara adecuadamente para impedir accidentes y evitar una catástrofe nuclear. Una catástrofe que no sólo resultaría apocalíptico para Extremadura y el Alentejo portugués, sino que contaminaría el río Tajo e incluso llegaría a devastar la capital portuguesa, a unos 400 kilómetros río abajo.

Petición de cierre de la Asamblea

Tras encargar varios estudios sobre el asunto, el pasado 29 de abril la Asamblea de la República lusa aprobaba por unanimidad una resolución pidiendo el cierre de la central española. En nombre del Ejecutivo, el Ministerio de Medio Ambiente portugués inició contactos con su equivalente español, que se limitaba a decir que la fecha prevista para el cierre de la central es 2020, y que al encontrarse en funciones el Gobierno no podía contemplar revisiones de esa fecha. El tema parecía quedar aparcado.

En septiembre, sin embargo, saltaba la noticia que el mismo Gobierno en funciones que alegaba no tener la potestad para tratar el cierre de Almaraz ahora contemplaba prolongar la vida útil de la central. El CSN –el mismo que había denunciado la falta de garantía de seguridad para evitar un accidente nuclear– emitía un informe favorable a la construcción de un Almacén Temporal Individualizado para almacenar combustible usado, alegando que las piscinas que actualmente posee la central se llenarían en 2018.

Expertos a ambos lado de frontera, sin embargo, señalaban que las piscinas tienen capacidad como para acoger residuos hasta 2022 y denunciaban que suponía una puerta trasera para prorrogar el uso de la central. En una carta al Congreso de los Diputados en Madrid, la Asociación Española de Profesionales Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) incluso aseguraba que la dirección del CSN presionaba a los inspectores para ocultar información para no perjudicar la operación.

Ante la noticia, el ministro de Medio Ambiente luso, João Matos Fernandes, pidió una reunión urgente con su homóloga española, Isabel García Tejerina. A día de hoy, esa reunión no se ha celebrado, y el Ejecutivo ahora se plantea denunciar a España ante la Unión Europea por lo que considera una clara amenaza a la seguridad y el bienestar de los portugueses.

Millones de vidas en riesgo

En declaraciones a EL ESPAÑOL el diputado del Bloque de Izquierda (BI) Jorge Costa denuncia la “intolerable arrogancia y soberbia” con la que el Ejecutivo de Rajoy ha tratado a los lusos, tanto a nivel gubernamental y como pueblo vecino.

“Da vergüenza como se han negado a recibirnos, como nos han ocultado información”, afirma el diputado. “Intentan proceder con la construcción de la piscina de residuos sin apenas consultar al Gobierno portugués, pese a que la van a poner en la margen del Tajo, un río que cruza por medio de nuestro país. Es obvio que se trata de una operación para prorrogar el cierre de Almaraz, pues una operación tan costosa sólo tiene sentido si su fin es alargar la vida útil de la central”.

Pedro Soares, también diputado del BI y presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento luso, coincide con Costa y asegura que el futuro de la Central de Almaraz pone en jaque a las buenas relaciones entre España y Portugal.

“El comportamiento del Gobierno español en este asunto pone en duda nuestra  relación con España, pues ha dejado de comportarse como un país hermano”, afirma el diputado. “El Gobierno de Madrid es rehén de las eléctricas. Le interesa más los beneficios económicos de algunas empresas que las vidas de tres millones de personas a ambos lados de la frontera”.  

“De producirse un accidente, los efectos llegarían a sentirse en Lisboa en cuestión de tres horas. Esta ciudad fue devastada por un terremoto en 1755, pero ese sismo sería una broma comparado con lo que le ocurriría a la capital portuguesa de producirse un fallo serio el Almaraz”.

Ante la posibilidad de que el primer ministro Costa pida la intervención directa de Felipe VI en el asunto, Soares dice que “no estaría de más, pues es la cuestión central que decidirá el futuro de las interacciones entre Portugal y España”.

“Compartimos cultura, tenemos buenas relaciones comerciales y entre personas, pero todo eso da igual si se produce un accidente en Almaraz. Es algo vital para todos”.

El diputado Costa, por su parte, prefiere “la intervención de actores que hayan sido elegidos por el pueblo, y no dos personas que están de visita por aquí. Como los contactos bilaterales a nivel gubernamental no han funcionado, llevaremos este tema a nivel europeo. Los tratados internacionales están de nuestro lado”.