Otros 7,8 millones más bajo sospecha. La Conselleria valenciana de Sanidad ha remitido a la Fiscalía de Castellón una nueva remesa de facturas en las que han detectado irregularidades “que podrían ser constitutivos de ilícito penal”. Se trata de facturas sin expediente de contratación, pagos que han superado lo acordado o sin tener el adecuado soporte legal. Esta nueva remesa se suma a los 25 millones en pagos de 2006 a 2015 que Sanidad ya llevó ante el fiscal el pasado mes de junio. La nueva información corresponde a los años anteriores, desde 2003 a 2005. En total, un posible pufo de 32,8 millones para las arcas públicas.

Entre las beneficiadas por estos pagos está Piaf, empresa investigada en Gürtel y que ha llegado a admitir haber financiado ilegalmente al PP. Doce millones de la primera remesa de facturas corresponde a pagos a esta empresa que la dirección económica del hospital considera que son irregulares. A ello se suman más de 2,6 millones en “facturación irregular” entre 2003 y 2005 que el departamento que dirige la socialista Carmen Montón, se ha encargado de poner ahora en conocimiento de la Fiscalía. El resto, 5,2 millones denunciados ahora son pagos a otras empresas.

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha hablado de “enorme desorden y falta absoluta de vigilancia y control de los recursos públicos” que durante años se ha dado en este hospital, un consorcio gestionado por la Generalitat y la Diputación de Castellón y que fue uno de los buques insignias del expresidente de esta institución, Carlos Fabra. Fue durante sus años cuando se reformó el centro y se construyeron nuevas dependencias. Y era él quien durante años dirigía las riendas del centro hospitalario y dio pábulo al enfuchufismo y nepotismo.

Sin placa honorífica

Fabra citó a este hospital como uno de los ‘colocódromos’ en su famosa frase: “Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en doce años”. Su propia sobrina trabaja allí. El hospital fue además uno de los centros que sus allegados escogieron para recabar firmas de apoyo a la petición de indulto tras ser condenado a cuatro años de cárcel por cuatro fraudes fiscales. Algunas de las firmantes justificaban su firma aquel día atribuyéndole el hospital. En enero de este año, el centro tuvo que retirar la placa honorífica con su nombre porque el Parlamento valenciano aprobó la retirada de estos homenajes a cualquier condenado.

Desde la Diputación, Fabra firmó (fue casi lo último que hizo antes de irse) un contrato con el piloto Álex Debón para construir un centro vinculado al hospital en la localidad de la Vall d’Uixó y en los terrenos del deportista. La operación le iba a reportar a Debón 3,5 millones en 25 años por el alquiler de la parcela, pero el proyecto se paró. Ahora, ambos -expolítico y deportista- están imputados en una causa por presunto cohecho pero por otro asunto, el de los patrocinios del aeropuerto.

De la era Fabra es también el descontrol las cuentas del hospital. Fabra puso como director económico a Miguel Llorens, que era presidente del PP de Benicàssim y su mano derecha en el centro. Algo así como su mano ejecutora. Llorens fue destituido en este puesto en 2014, con Fabra fuera de la vida política y en medio del proceso de ‘desfabrización’ institucional que se propuso su sucesor, Javier Moliner. Una gran parte de la contratación, sobre todo la que no llegaba al medio millón de euros, le correspondía a él junto al director gerente. Fabra aduce que eran ellos los responsables económicos del hospital para desvincularse de la mala gestión.

El posible fraude en el hospital de Castellón que ha denunciado la Conselleria de Sanidad va de 2003 a 2015. Fabra abandonó la Diputación en 2011. Así que una parte de esta facturación irregular corresponde a su sucesor, Javier Moliner. Si bien, la casi totalidad de pagos a Piaf y el mayor montante de la documentación que investiga la Fiscalía se produce durante la era Fabra.

Descontrol y amenazas

En 2013, la Generalitat ordenó una auditoría de las cuentas ante la ausencia de controles en años. El resultado fue que la Intervención detectó numerosas irregularidades como el incumplimiento de la normativa de contratación e incluso se puso en duda la veracidad de los datos contables y presupuestarios. De hecho, en un informe se recomendó la contratación de un auditor externo que garantizara si los datos eran veraces o no. Eran los años en los que la deuda del centro superaba su presupuesto anual (en 2011 la deuda era de 83 millones) y el hospital recibía una media de tres demandas al mes por impagos. 

Los esfuerzos por poner orden lleva al PP a relevar al gerente y nombran a Rafael Arce.Y su intento de reclamar facturas, pagos y gastos tuvo consecuencias. “Me amenazaron de muerte por desmontar el chiringuito del Hospital Provincial”, reveló al diario Levante-EMV. Arce puso una denuncia en el juzgado pero también fue a una notaría a dejar constancia de que si le pasaba algo sacaran a la luz esas amenazas. 

Arce estuvo algo más de un año en el puesto y al final pudo remitir un informe a la Conselleria de Sanidad en el que hablaba de las irregularidades detectadas desde la contratación de personal y las adjudicaciones “arbitrarias”. Su informe también está en la Fiscalía.

El cambio de gobierno en la Generalitat ha permitido a la Consellería de Sanidad entrar a inspeccionar las cuentas. La investigación ha derivado en esta remisión de facturas irregulares por un supuesto desfalco de casi 33 millones (25 denunciados en verano y los 7,8 recientes). “La Generalitat no va a consentir ninguna irregularidad en el uso del dinero público, por eso ha acudido a la fiscalía para que determine si, además de irregularidades, hay delito”, han indicado desde Sanidad.

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