El Gobierno sufrió este martes en el Congreso la soledad de la minoría parlamentaria en el pulso que mantienen poder Ejecutivo y Legislativo. La Cámara anuló dos vetos de Mariano Rajoy a iniciativas de la oposición y procederá con la paralización de la Lomce y la equiparación del salario de los trabajadores subcontratados a los contratados. El Pleno aprobó además una Proposición no de Ley para derogar parte de la reforma laboral que, aunque simbólica por no tener efectos prácticos, refleja el rechazo del nuevo arco parlamentario a una de las leyes más emblemáticas de Rajoy.
El PSOE suavizó su moción contra la reforma laboral pidiendo acabar sólo con los aspectos a su juicio más lesivos contra los trabajadores, como el relativo a la supremacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales o la falta de causalidad de los contratos temporales y a tiempo parcial. La modificación permitió al Grupo Socialista sumar la abstención de Ciudadanos, partidario de renovar el marco laboral. Sólo el PP votó en contra de la propuesta.
Recurso al Constitucional
Además, la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar la paralización de la Lomce y la equiparación del salario de los trabajadores subcontratados a los contratados abre la puerta a un conflicto institucional inédito entre el Legislativo y el Ejecutivo si finalmente Rajoy decide recurrir al Tribunal Constitucional.
El Gobierno vetó hasta 16 iniciativas de la oposición asegurando que su aprobación podría tener un impacto de 6.100 millones de euros en el Presupuesto. La posibilidad de veto por razones económicas está contemplada en la Constitución.
La Mesa del Congreso ratificó la derrota del Gobierno en la anulación de los vetos de la Lomce y los subcontratados tras un recurso del PP. Es cierto que la paralización de la Lomce se daba por supuesta. El propio Gobierno aprobó un Real Decreto para derogar los efectos académicos de las reválidas y una subcomisión estudia ya una nueva reforma educativa. Pero además la Mesa, gracias a la abstención de Ciudadanos y el voto a favor de Unidos Podemos y PSOE, también acordó tramitar la equiparación del salario de los empleados subcontratados a los contratados como proposición de ley en el Pleno de la próxima semana.
La Mesa, sin embargo, no levantó el veto a la iniciativa aprobada por la Cámara de subir más de un 1%, en línea con el IPC, las pensiones. En este caso, PP y Ciudadanos hicieron valer su mayoría. Fuentes del partido naranja explicaron que en el caso de las pensiones "claro que quieren que suban", pero que la prerrogativa del Gobierno por su impacto económico es clara. "Otro cuestión es el tema de los trabajadores subcontratados. No vemos impacto económico y el veto se puede entender como arbitrario", dicen.
El PSOE denuncia tacticisimo
El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, denunció "la táctica del Gobierno, a la que juega también Ciudadanos" de vetar que determinadas propuestas puedan salir adelante por la excusa del incremento del gasto en las cuentas públicas. El portavoz del PSOE también afirmó que "la Mesa ha hecho algo muy grave: pedirle más información al Gobierno sobre algo que estaba claro". "Solo se pueden vetar las iniciativas que afectan al presupuesto vigente. Y en el caso de las pensiones, es para el presupuesto del año que viene", dijo. A su juicio, "la Mesa ha hurtado al Congreso la capacidad de debatir una iniciativa" otra vez.
El portavoz parlamentario y número dos de Podemos, Íñigo Errejón, también se refirió a este asunto tras la Mesa y Junta de Portavoces. Errejón explicó que para Unidos Podemos es "un problema de competencias extraordinariamente grave" que no debe debatirse proposición a proposición, sino de forma general. "Nos negamos a que se discuta cada martes en la Mesa, es un problema político generalizado, porque el Gobierno pretende ganar con trámites burocráticos lo que pierde en el Parlamento", dijo. "Este Gobierno no acepta que el Parlamento puede legislar".