Si el objetivo era escenificar el apoyo de la sociedad civil al referéndum, erró. Carles Puigdemont ha posado junto a numerosos dirigentes políticos y excargos institucionales en la llamada cumbre del referéndum, una versión actualizada del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir que, en 2013, creó el expresidente Artur Mas. Pero la representación de las entidades sociales, es decir, de esa base social favorable a una consulta que el Gobierno catalán pretende ampliar, estaba lejos de ser mayoritaria.
El presidente de la Generalitat consideró lógica la evolución del Derecho a Decidir al Pacto por el referéndum. “Es un salto adelante que debe tener un recorrido a partir de ahora. Tiene una vocación muy transversal y plural, pero con un común denominador, la voluntad de celebrar un referéndum, de forma acordada con el Gobierno español”, ha explicado tras la reunión. Asegura que hay gente, dentro y fuera del Estado español, que apoya esa reivindicación.
Puigdemont le puso mucha solemnidad y liturgia al cónclave celebrado en el Parlamento catalán, al que asistió --más por tacticismo que por convicción-- la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que aguantó bien la presión secesionista sobre su partido.
“Nosotros siempre hemos defendido la idea de un referéndum, que hay que dar la voz a la ciudadanía porque es una vía que apoya el 80% de los catalanes”, ha dicho Colau.
Colau, contraria a fijar una fecha
La exigió que el referéndum no sea una nueva versión de aquella consulta del 9N celebrada en 2014, ni vinculante ni legal, por lo que debe hacerse “con garantías para los ciudadanos y para los funcionarios que lo deben organizar”. Por eso, la alcaldesa es contraria a fijar fechas cerradas. Ha desvelado que los asistentes se han quejado de la precipitación con que se ha convocado la cumbre, en la que no se ha presentadp ningún propuesta o documento.
También ha dicho que en ningún momento, el presidente autonómico ha insistido en un referéndum “sí o sí”, como hizo durante la cuestión de confianza a la que se sometió meses atrás."Nos une la defensa de la democracia, no la independencia", ha precisado Colau.
Sobre la sesión planeó los últimos reveses judiciales contra el proyecto independentista catalán, pues horas antes, el Tribunal Constitucional tumbaba la diplomacia catalana, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña notificaba a Artur Mas que será juzgado el 6 de febrero por la citada consulta del 9N.
Del escaso entusiasmo que las veleidades secesionista de Puigdemont genera en el sector empresarial dan fe ausencias significativas. La patronal Fepime, que había formado parte del Pacto por el Derecho a Decidir, se descolgó de la reunión por sus visos de ilegalidad. Tampoco asistió Fomento del Trabajo, mientras que Miquel Valls evitó hacerse la foto y delegó en el vicepresidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña la asistencia al encuentro. Cecot y Pimec estuvieron representadas, pero no por sus líderes.
Comité con ex diputados de PSC
Puigdemont suplió esa falta de transversalidad social con la creación de un Comité Ejecutivo encargado de buscar apoyos para un referéndum pactado, integrado por exdiputados de PSC, ICV, ERC y CDC. Estará encabezado por el exdiputado del Parlamento catalán y exmilitante del PSC Joan Ignasi Elena. De esta forma, el líder secesionista aglutina entorno a su proyecto a una serie de cargos desencantados con el socialismo catalán, entre los que se encuentran el exdiputado de ICV en el Parlament Francesc Pané; la exalcaldesa socialista de Badalona Maite Arqué, y la exconcejal del PSC en Barcelona Itziar González.
También estará presente la exconsejera de CiU en los gobiernos de Pujol Carme-Laura Gil; el exdiputado de ICV en el Parlament Jaume Bosch; la exdiputada de ERC en el Parlament Carme Porta, y el director de la revista Catalan International View, Francesc de Dalmases.