El PSOE quiere limitar la actividad privada de los diputados contra el criterio de los demás

Cualquier ciudadano que acceda ahora mismo a la web del Congreso de los Diputados y busque la ficha de un parlamentario concreto se encontrará junto a su declaración de bienes y rentas con otro documento: "Declaración de actividades". Es ahí donde, una vez autorizadas por el pleno de la cámara baja, cualquiera podrá consultar lo que el diputado ha pedido permiso para hacer en el tiempo que le deje el Congreso. En las fichas de los diputados que repiten no aparecen, extrañamente, sus declaraciones de legislaturas pasadas.

En estos momentos, lo que figura es una nota en la que se aclara que esa información no será publicada hasta que el pleno dé su visto bueno a las solicitudes presentadas en esta legislatura. Sin embargo, la información que aparecerá si llegan a aprobarse es en muchos casos vaga a propósito y no está sometida a ningún control, según denuncia Luis Carlos Sahuquillo, diputado socialista por Cuenca, que esta semana dio un golpe en la mesa durante la última reunión de la comisión del estatuto del diputado, una de las pocas comisiones cuyas reuniones son secretas. 

"Hay unos 40 diputados que han presentado solicitudes que nos parecen dudosas", explica Sahuquillo. "Sobre todo son abogados en ejercicio, pero también hay procuradores, arquitectos, algunos que llevan a cabo labores de peritaje y hasta actores", explica. "Dicen que quieren dedicarse a despachos de abogados, asesorar a empresas o dirigir programas de televisión", en muchos casos sin aclarar si cobrarán o no por ello y sin detallar en ningún momento cuánto o por qué clientes. Y todo pese a que la ley electoral tiene un artículo (el 157) que dice que "el mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta".

"Durante la reunión, fui el único que mostré dudas", explica, "pero aquí hay que venir a dedicarse en cuerpo y alma al Congreso. No valen excusas o cubrirse las espaldas con el argumento de que después del Parlamento hay que volver a la actividad privada". 

Sahuquillo quiere, para empezar, un poquito de transparencia. "Antes, esto se aprobaba casi por asentimiento. Como es tradicional aprobar las actividades privadas de los diputados, nadie controla si exceden lo solicitado con otras actividades, ni los clientes que tienen ni cuanto cobran por ello". 

El caso Martínez-Pujalte

Sobre todo lo que denuncia Sahuquillo sobrevuelan casos como el de Vicente Martínez-Pujalte, Federico Trillo o Agustín Conde, todos ellos en el centro de escándalos por aprovechar para hacer negocios privados de cuantiosa remuneración mientras eran diputados, al margen de ningún seguimiento por parte de la cámara baja. En su código ético, el PSOE deja muy pocas opciones a los abogados que quieran seguir con su despacho, por ejemplo, ya que limita las retribuciones. La anterior dirección, liderada por Pedro Sánchez, ya se mostró muy estricta en este asunto, permitiendo sólo actividades como tertulias sin remunerar o la docencia en universidades, por ejemplo. 

Los nuevos partidos, como Podemos y Ciudadanos, se mostraron fundamentalmente de acuerdo con el PP en cuanto a la laxitud de las compatibilidades, según fuentes parlamentarias. A puerta cerrada, en el debate de la comisión, la representante de Podemos recordó que sus diputados tienen un límite a su sueldo y a los mandatos que pueden estar en la cámara (dos), por lo que se mostró a favor de que los diputados que así lo soliciten puedan seguir con sus actividades privadas. Entre ellos están Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Otros, como Rafael Hernando, del PP y un parlamentario muy ocupado por las particularidades de esta legislatura, ha solicitado seguir ejerciendo como abogado.

Parlamentar por la mañana, operar por la tarde

"A mí no me cabe en la cabeza que un médico siga operando en la sanidad privada por las tardes", explica Sahuquillo. "O que se me diga que si abogados o economistas asesoran a empresas privadas, no hay peligro de incumplimiento de la ley, que prohíbe contratar con la administración pública. ¿Con quién contratan esas empresas privadas a las que asesoran?", se pregunta, en conversación con este diario. 

Sahuquillo, apoyado por su grupo, quiere para empezar un poco de transparencia. El diputado pretende que, cada cierto tiempo, el Congreso pueda evaluar de nuevo la compatibilidad, pidiendo listas de clientes o ingresos, aunque esos datos sigan siendo secretos en el seno de la comisión, que también es reservada. 

"Lo que no podemos admitir es que haya solicitudes de 'charlas y conferencias con o sin remunerar' y no pidamos más datos ni concreción", explica. "Tampoco porque siempre se haya hecho así debemos continuar con este sistema", en el que se autorizan "en bloque todas las solicitudes sin apenas estudiarlas", lamenta. 

"No somos todos iguales"

Sahuquillo no tiene, por sí solo, la capacidad de bloquear las autorizaciones. El voto en esa comisión es ponderado y si todos los grupos mantienen su posición, el diputado se abstendría en representación de su grupo, no sin antes pedir una autorización y debate caso por caso y no en conjunto. 

Ante las quejas del diputado, los demás grupos decidieron posponer la votación, habida cuenta de que antes de febrero no se celebrará el próximo pleno ordinario. Hasta entonces, los partidos con representación en la cámara deberán decidir si siguen adelante con el sistema actual, aunque se rompa la habitual unanimidad que ha imperado a lo largo de las legislaturas. Pero Sahuquillo quiere plantar cara. "No somos todos iguales y no estoy dispuesto a que cuando haya un escándalo el afectado diga que el Congreso le autorizó a sus actividades dudosas", explica.