C's se suma a PSOE y Podemos para fiscalizar los gastos de la Iglesia

Lograr en el Parlamento lo que no ha podido lograr en el Tribunal de Cuentas. El PSOE presentó este miércoles una propuesta en la cámara baja para pedir que la Iglesia dé cuenta del destino de los alrededor de 250 millones de euros que cada año recibe de los contribuyentes a través de la casilla en la declaración de la renta. 

La iniciativa del PSOE, unida a una muy similar de Unidos Podemos, ha encontrado el apoyo Ciudadanos, según confirmó su líder a la prensa, Albert Rivera. "Me parece razonable que se pueda pedir cuentas y fiscalizar el dinero que se destina a entidades beneficiarias de la declaración de la renta", dijo, se trate de la Iglesia o de las ONG que se pueden beneficiar de financiación por la misma vía. "No veo ningún inconveniente a que se haga", ha dicho ante una reivindicación tradicional de los partidos de izquierda.

La propuesta pretende superar el veto de la mayoría de los consejeros del Tribunal de Cuentas, propuestos por el PP cuando gozaba de mayoría absoluta, que en diciembre rechazaron por ocho votos contra cinco (los miembros propuestos por PSOE e IU) supervisar de las cuentas de la Conferencia Episcopal. 

250 millones al año

Gráfico de la memoria de la financiación de la Iglesia en 2014. Conferencia Episcopal

La Iglesia recibe cada año una importante inyección de financiación de los contribuyentes gracias al Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y la casilla donde se permite destinar el 0,7% a la Iglesia católica u otros fines como ONG.

Sin embargo, el destino de ese dinero no es controlado por ningún organismo público y la Iglesia sólo da cuenta de él en una memoria de actividades donde se apuntan los grandes conceptos, pero no un desglose pormenorizado. Y, lo que es más importante para los partidos, el Tribunal de Cuentas no puede solicitar facturas o detalles para comprobar que la información que suministra la Iglesia es cierta. 

Según la última memoria publicada por la Conferencia Episcopal, correspondiente al ejercicio de 2014, la Iglesia recibió 250,261 millones de euros a través de la casilla de la renta, que se suma al resto de su financiación, desde las aportaciones de los fieles y el conocido cepillo en las ceremonias hasta otro tipo de ingresos, como los procedentes del patrimonio o de inversiones.

Según la memoria de 2014, el 23% de la financiación de las diócesis proviene de la casilla de la renta. Se trata sólo de una media, ya que las en las más pequeñas el porcentaje alcanza el 73%. Una vez en las diócesis, los obispos emplean esos ingresos junto a otros para sufragar sus actividades pastorales, conservar el patrimonio o pagar a los sacerdotes y el resto del personal. 

Financiación pública sin facturas

La Iglesia no presenta facturas ante el Tribunal de Cuentas, como otras instituciones beneficiadas por financiación tributaria. El tribunal podría pedir información por iniciativa propia o por instancia del Parlamento. Hasta ahora, en el seno de la institución siempre se había rechazado actuar autónomamente, pero en diciembre se emitieron por primera vez cinco votos particulares por parte de los consejeros propuestos por el PSOE, adelantados este miércoles por la Cadena Ser. Entrevistado por la emisora, uno de los responsables de las Finanzas de la Iglesia aseguró que se trata de un dinero "decidido por los contribuyentes y no por el Gobierno", por el que debe tener un tratamiento jurídico diferente. 

Con el apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos a la iniciativa, la mayoría parlamentaria está asegurada y la comisión mixta (del Congreso y del Senado) relativa al Tribunal de Cuentas se reunirá para instar al organismo a fiscalizar, contra su propio criterio, las cuentas de los obispos. 

"Vamos a solicitar la fiscalización del 0,7% de la casilla de la Iglesia, que suma más de 1.240 millones entre 2010 y 2015. Y vamos a pedir que se haga un informe anual, para que todo esté perfectamente controlado y auditado", explicó Antonio Hurtado, parlamentario socialista. Para él, la medida debe aplicarse también a ONG y a todo aquel que reciba financiación a través del Estado por un "principio de transparencia". "Tiene que ser algo normal, periódico", explica.

"Todas las instituciones que reciben financiación pública tienen que ser sometidas a una fiscalización rigurosa para que la ciudadanía conozca a qué se destina hasta el último euro”, aseguró por su parte Segundo González, portavoz de Podemos, en un comunicado

Despolitizar el tribunal

Rivera, por su parte, pidió ir más allá y cambiar el funcionamiento del tribunal. "El Tribunal de Cuentas vuelve a reproducir el debate entre rojos y azules", entre un PP que se opone a la fiscalización de la Iglesia y un PSOE y IU que la reclaman. "Me gustaría que abriésemos un debate sobre cómo tenemos que nombrar en el futuro a los miembros ", pidió. "No podemos reproducir los parlamentos en el Tribunal de Cuentas", según él. 

"Es incomprensible que la politización del Tribunal de Cuentas, compuesto por consejeros afines al Partido Popular y al Partido Socialista obstaculice la publicación de informes sobre determinadas cuestiones”, dijo por su parte González.