El rey Juan Carlos prometió al Ejército tras el golpe de Estado del 23F que aplicaría la "Ley Marcial" (el estado de excepción o de sitio) en el País Vasco en caso de que ETA se desbocase. Así se recoge en uno de los cables desclasificados de la CIA en los que aborda la situación de España tras la intentona golpista encabezada por Antonio Tejero. Sólo en 1980, ETA había asesinado a 98 personas y a lo largo de 1981 mató a 32.
“Al parecer, el rey ha prometido al Ejército que decretará la ley marcial en las provincias vascas si el terrorismo se va de las manos y también puede haber prometido que trabajará para limitar la autonomía regional, que los militares temen como destructiva para el Estado español”. El documento en el que se incluye esta reflexión está firmado por el Oficial Asistente de Inteligencia Nacional para Europa Occidental (se oculta su identidad) y tiene la fecha del 26 de marzo de 1981, es decir, un mes y pocos días después del fallido golpe de Estado.
Artículo 55.1 de la Constitución
Según la Real Academia Española (RAE) , la Ley Marcial es la “ley penal y procesal militar que resulta de aplicación a todos los ciudadanos en situaciones excepcionales, como el estado de sitio formalmente declarado”. Como tal, el estado de sitio y su limitación de derechos fundamentales básicos viene recogido en el artículo 55.1 de la entonces joven Constitución Española. Pese al documento de la CIA, el Rey Juan Carlos nunca llegó a adoptar esta decisión.
El servicio de espionaje estadounidense consideró que los riesgos del futuro vendrían derivados de que el “ala militar de ETA” se volviese más activa y aumentasen los atentados contra el propio rey o funcionarios gubernamentales. A juicio de la CIA, esto podría hacer que los militares aplicasen "una creciente presión sobre el rey" para que tome medidas, con la amenaza de que en caso contrario tomarían sus propias decisiones.
Desde la Inteligencia estadounidense advertían tras el 23F de una “acumulación de evidencias” que presagiaban “obstáculos para la consolidación” de la democracia a pesar de que el fracaso del golpe “parecía permitir una evaluación optimista”. Acto seguido llega a decir que “la complicidad militar en el golpe fue más generalizada de lo aparente” y que “muchos más líderes militares clave, al parecer, habrían apoyado el intento de golpe si no hubiera sido aplastado tan rápidamente”.
12 millones de páginas
La CIA subió a internet en la madrugada del martes casi un millón de documentos desclasificados como este que contienen parte de la historia de la Agencia norteamericana en los últimos 25 años. Son más de 12 millones de páginas de información. Unas 12.500 entradas mencionan a España y contienen informes de estrategia y cables diplomáticos secretos que reflejan la visión de la inteligencia americana sobre la Transición, el rey Juan Carlos y la Historia del país hasta los años 90. Estos documentos se han ido desclasificando regularmente desde 1999 y algunos eran conocidos. Pero para consultarlos había que acudir físicamente al Archivo Nacional en Washington.
Este documento analiza las decisiones del monarca en aquellas fechas convulsas del 23 F y explica que si “claro rechazo” al golpe socavó su posición entre algunos de los oficiales, una situación que podía agravarse “si no logra frenar ni el terrorismo ni el proceso de autonomía en España”. Es en este punto en el que la CIA añade su comentario sobre la imposición de la Ley Marcial.
El modelo turco
A la hora de analizar el estado del Ejército dice que “el modelo turco” (donde las fuerzas armadas gozan de extenso poder) seguiría atrayendo a líderes militares, “especialmente si las luchas políticas partidistas se vuelven más severas”. Pese a todo y aunque ETA siguió matando, la CIA minimizaba la posibilidad de otro golpe de Estado en España sin descartar del todo a los oficiales que se jubilaban ese año: “pueden decidir hacer otro movimiento contra el Gobierno mientras están todavía en servicio activo”.
El documento reflexiona también sobre el estado de las autonomías y el malestar que generaba entre algunos militares al entenderlo como “destructivo” para el Estado. Se detiene en concreto a hablar de la estrategia de reconocer la autonomía de “las provincias vascas”, que había cumplido con las reclamaciones de los que califica como “moderados vascos” los cuales estarían dispuestos a luchar junto a Madrid “frente a los terroristas siempre que las fuerzas de seguridad no se expandiesen dramáticamente”. Aunque la documentación desclasificada no lo cita expresamente, se deduce que por moderados se puede referir al PNV.