La Generalitat insta a sus empleados a tomar la calle por el juicio a Mas cogiéndose el día libre

Varios miembros del Gobierno catalán respaldan que los 165.000 funcionarios autonómicos se tomen el día libre el próximo 6 de febrero para manifestarse a favor de Artur Mas, que en esa fecha declarará en el juicio contra él por la consulta del 9-N. Las principales formaciones de la oposición en Cataluña, Ciudadanos, PSC y PP, han coincidido en sus severas críticas a esta idea sin precedentes de la Generalitat.   

La consejera catalana de Gobernación, Meritxell Borràs, afirmaba este jueves en el Parlament que ve "bien" e incluso "necesario" que los funcionarios que lo deseen cojan un día de fiesta para apoyar al expresidente autonómico Artur Mas. Así, se reafirmaba en unas palabras suyas de unos días atrás. Además, la consejera de la Presidencia, Neus Munté, apoyaba a Borràs y subrayaba que ve "normal" que los funcionarios puedan optar por pedir fiesta el 6 de febrero para unirse a la movilización contra un juicio que se prevé más que sonado en Cataluña. 

Una fecha simbólica

Dicha movilización está siendo organizada por las entidades soberanistas. Se trata de lograr una concentración multitudinaria frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Allí se juzga al citado Mas y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau entre los días 6 y 10 de febrero por la consulta soberanista de 2014. La fecha en que la Generalitat insta a librar a sus funcionarios, el 6 de febrero, es especialmente simbólica por ser cuando se inicia el juicio y cuando declarará Mas, principal responsable del referéndum nacionalista. 

La protesta del 6 de febrero quizás sea la más potente y mediática. Pero no es la primera movilización que convocan las asociaciones independentistas como la ANC contra este juicio a Mas, Rigau y Ortega. El pasado noviembre unas 80.000 personas se concentraron en Barcelona contra los jueces y a favor de los políticos. En esta ocasión, las organizaciones separatistas pretenden aumentar esa cifra. Para ello, reclaman la presencia de los 165.000 funcionarios que trabajan para la Generalitat. 

Ciudadanos: "¿No les da vergüenza?"

Las citadas palabras de Meritxell Borràs se escuchaban este jueves en el Parlament durante un tenso enfrentamiento entre ella y el diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra, que había interpelado a la consejera de la Generalitat por este asunto. Ambos se acusaban de utilizar a los funcionarios como "arma política".

"¿No le da vergüenza decir que nosotros utilizamos a los funcionarios como herramienta política, después de afirmar que encontraría normal que se cojan fiesta para acompañar a Mas en su declaración ante la justicia? ¿No le da vergüenza? ¿Eso no es utilizar?", decía el diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Parlament, que además calificaba de "grave y vergonzoso" que estas aseveraciones las realice la responsable del Departamento que dirige a los empleados públicos.

En su turno de réplica, la consejera era contundente al afirmar: ¿"Vergüenza? Ninguna, al contrario". Por su parte, el diputado de Ciudadanos exigía a Borràs que garantizase que el Govern no dará "ninguna instrucción, orden o recomendación" a los funcionarios contraria a las leyes y a la Constitución con vistas al posible referéndum de independencia. Y, por último, instaba al Ejecutivo catalán a "asumir solo y en exclusiva las consecuencias" en caso de desobediencia.

OTRAS REACCIONES

Las otras fuerzas políticas de la oposición en Cataluña también se pronunciaban este jueves contra las intenciones de la Generalitat. El portavoz adjunto en el Parlament del PSC, Ferran Pedret, censuraba las "graves" declaraciones de Borràs porque pueden suponer una "coerción" a los funcionarios.

En una línea similar, el coordinador general del PP Catalán, Xavier García Albiol, acusaba al Govern de "coaccionar" a los funcionarios como en "regímenes totalitarios" y "dictaduras del pasado", por lo que pedía al presidente catalán, Carles Puigdemont, que desautorizase a su consejera de Gobernación.

¿Habrá presupuestos?

Entretanto, continúa evidenciándose la fragilidad del Gobierno catalán de Junts pel Sí. Para poder gobernar con garantías, la antigua Convergencia y ERC, coaligados en las últimas autonómicas para sacar adelante un referéndum independentista, necesitan el apoyo de la CUP. Puigdemont, que fue elegido como presidente gracias a que la CUP forzó la salida de Mas, ha tenido sus más y sus menos con la formación que le soporta. Y ahora vuelve a necesitar el apoyo a su proyecto de presupuestos. 

De hecho, los representantes de esta coalición independentista y anticapitalista están reuniendo este jueves y viernes a sus asambleas territoriales para decidir si deben apoyar o no el proyecto de presupuestos del Govern para 2017. Después, el Consejo Político de la formación tomará una decisión definitiva este sábado en Vilafranca del Penedès (Barcelona).