María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, y Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Tribunal Supremo y antiguo fiscal general, son los dos candidatos de la dirección del PSOE para ocupar la mitad de las plazas de magistrado del Tribunal Constitucional que se renovarán por mandato legal en las próximas semanas. 

Así se desprende de un correo electrónico remitido por la Gestora del PSOE, la dirección provisional del partido, a las direcciones de los grupos parlamentarios autonómicos, al que ha tenido acceso este periódico:

Estimados/as compañeros/as, 

Por indicación de María Jesús Serrano, os hacemos llegar, a efectos informativos, documentación (currículos y escritos de aceptación) relacionada con la propuesta de candidatos para el Tribunal Constitucional. Un saludo cordial

La misiva hace referencia a Serrano, responsable de Política Autonómica y Administración Pública en la dirección socialista y está dirigido a las direcciones de los grupos socialistas en las cámaras autonómicas con la documentación de los dos citados juristas. 

¿Cómo funciona el sistema?

El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros, cuatro de ellos a propuesta del Senado, que son los que toca elegir. Los otros ocho son nombrados a propuesta del Congreso (cuatro), el Gobierno (dos) y el Consejo General del Poder Judicial (dos). Todos tienen un mandato de nueve años y cada tres años se renuevan cuatro de ellos.

El artículo 159.5 de la Constitución indica que los magistrados "serán independientes", el proceso de nombramiento ha estado tradicionalmente vinculado al acuerdo entre el PP y el PSOE. Así ocurre con el que ocupa la presidencia y que sucederá a Francisco Pérez de los Cobos, al que le toca abandonar la institución. Aunque el voto de cada magistrado es personal, el pacto entre PP y PSOE ha permitido trazar una división muy aproximada en dos bloques entre magistrados progresistas y conservadores.

Esa tradición ha sido duramente criticada por los demás partidos y, desde la irrupción de Ciudadanos y Podemos, con fuerza por estas nuevas formaciones. También ha sido puesta en cuestión por partidos políticos e instituciones catalanas, que achacan al sistema de elección de los magistrados resoluciones sobre las reivindicaciones independentistas que consideran injustas y hasta ilegítimas. Los críticos del sistema denuncian la politización del órgano al servicio de los dos grandes partidos y que vicia desde el mismo momento de los nombramientos la "imparcialidad y dignidad inherentes" a la condición de magistrado, descrita así por el artículo 22 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. 

La renovación en el Senado y el pacto

Según el artículo 16 de la esa ley, los cuatro magistrados de la institución serán elegidos "entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas". Por ese motivo, desde diciembre las cámaras autonómicas han comenzado a remitir los candidatos que estiman oportunos. Después, una comisión específica en el Senado, donde se decide por voto ponderado, elevará una lista con los cuatro nombres para que sea ratificada por tres quintas partes del pleno. El PP tiene 149 escaños, la mayoría absoluta de la cámara alta, pero a los tres quintos sólo puede llegar con acuerdos. Con el PSOE le basta para superar cómodamente el requisito. 

Según publicó el miércoles el diario El País, populares y socialistas tienen ya un acuerdo prácticamente perfilado que incluiría el veto del PSOE a un candidato conservador a presidente, Andrés Ollero, magistrado desde 2012. La remisión de dos candidatos a las cámaras autonómicas delataría así que el pacto está ya cerrado y que PP y PSOE se reparten, una vez más, la cúspide de una de las instituciones más importantes de la democracia española, la que interpreta la Constitución y tercia en conflictos institucionales delicados. 

Fuentes socialistas desmienten que haya tal pacto y aseguran que el e-mail fue enviado "a título informativo" a los grupos parlamentarios socialistas. "Nunca hemos querido hacer una imposición", explican fuentes de la Gestora, que destacan la trayectoria de los candidatos y la paridad de la propuesta. 

En realidad, el e-mail llega después de que algunas comunidades hayan enviado al Senado su lista de cuatro candidatos. Alguna, como la Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, ha promovido candidatos distintos, de la región, fruto de un pacto de las fuerzas que dan soporte a la Generalitat. "No podíamos hacer otra cosa. No tiene sentido que desde aquí propongamos a personas que no tienen ninguna relación con la Comunitat Valenciana y que si la propuesta es de Les Corts, no hablemos con nuestros socios de gobierno", explican fuentes del grupo parlamentario socialista. 

El trámite final en el Senado

Los parlamentos autonómicos tienen hasta el 10 de febrero para remitir al Senado sus propuestas. El artículo 185 del reglamento del Senado indica que se constituirá una Comisión de Nombramientos donde tendrán asiento los portavoces de los grupos y ante la cual comparecerán los candidatos para responder a las preguntas de los parlamentarios. Allí se elaborará una propuesta que llegará al pleno tan solo con que la firmen José Manuel Barreiro, el portavoz del PP, y Vicente Álvarez Areces, el nuevo portavoz del PSOE, nombrado recientemente por la Gestora.

El voto en el pleno, donde se requieren tres quintas partes para que los candidatos salgan adelante, es secreto, por lo que una improbable indisciplina por parte de los senadores podría socavar cualquier pacto sellado al más alto nivel. Según fuentes al corriente de la negociación, se trata del propio Javier Fernández, el presidente de la Gestora socialista, el que negocia en nombre del PSOE directamente con Moncloa. 

El ex fiscal general de Zapatero

Según fuentes socialistas consultadas por este periódico, varios referentes del partido pujan fuerte por la designación de Conde-Pumpido como magistrado. No se trata del primer intento, pero en esta ocasión cuenta con más posibilidades, a juzgar por la sugerencia remitida por la Gestora. El propio expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está muy implicado en promover la carrera del que fuera fiscal general durante todo su mandato, entre 2004 y 2011.

Los candidatos conservadores son el Doctor en Derecho Laboral y catedrático Alfredo Montoya y del ya magistrado del Tribunal Constitucional desde 2014 Ricardo Enríquez.

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