El vaso de la paciencia de los magistrados del Tribunal Constitucional ante los pasos que, pese a los nítidos pronunciamientos del TC, sigue dando el Parlamento de Cataluña hacia la secesión está a punto de colmarse. Así lo aseguran distintas fuentes de la institución consultadas por EL ESPAÑOL que explican que, durante el debate celebrado el pasado martes sobre la comissió d'estudi del procés constituent, hubo una clara conciencia entre los magistrados de que no es posible seguir contemplando los avances hacia la ruptura unilateral con España sin que el tribunal tome medidas para que se acaten de verdad sus resoluciones.
El martes el Constitucional dio luz verde a un auto costosamente trabajado durante semanas para que lograra la unanimidad. Tenía por objeto el incidente de ejecución planteado por el abogado del Estado a la vista de que, pese a la sentencia dictada el pasado 15 de diciembre anulando la resolución soberanista, el Parlamento catalán creó sólo un mes después una comisión de estudio del proceso constituyente con el encargo de definir las características del proceso que hay que seguir para la constitución de la República catalana independiente.
El hecho de que, al menos nominalmente, se tratase de una comisión de estudio representaba, en la opinión inicial de algunos magistrados, un obstáculo para la estimación del incidente de ejecución al no poder predeterminarse el resultado de los trabajos de ese órgano ni que en todo caso fueran a incumplir la sentencia de diciciembre. El TC decretó en esa sentencia la inconstitucionalidad y nulidad la resolución I/XI del Parlament, que el 9 de noviembre de 2015 declaró "solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república".
Conclusiones de la comisión
El preacuerdo al que se llegó en el tribunal fue estimar el incidente de ejecución dada la evidente relación entre la creación de la comisión del proceso constituyente y la resolución I/IX, aunque sin anular ese órgano de estudio en aras a la autonomía parlamentaria.
Pero el lunes, un día antes de la reunión del Pleno del TC que iba aprobar el auto, los magistrados tuvieron conocimiento de las conclusiones alcanzadas por la comisión del proceso constituyente, publicadas en la web del Parlament. La primera de esas conclusiones es que "la única manera posible de ejercer el derecho a decidir del pueblo catalán es por la vía de la desconexión y la activación de un proceso constituyente propio".
La propuesta de la comisión es que se desarrollen tres fases: un proceso participativo que se articulará en torno a un 'foro social constituyente' integrado por representantes de la sociedad civil y de los partidos; una segunda fase de "desconexión con el Estado español y convocatoria de elecciones constituyentes para formar una asamblea constituyente, que deberá redactar un proyecto de constitución", y una tercera fase para la "ratificación popular de la constitución mediante referéndum".
La conclusión séptima señala que "después de la fase de participación ciudadana, se completará la desconexión con la legalidad del Estado español por medio de la aprobación de las leyes de desconexión por parte del Parlamento de Cataluña y de un mecanismo unilateral de ejercicio democrático (...). Las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal".
Hasta los magistrados más condescendientes tuvieron que constatar la clara contravención de esas conclusiones con la sentencia del TC que declaró nula y sin efecto la resolución soberanista. Por ello se decidió añadir al auto una explícita advertencia "a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos" del tribunal.
"Último aviso"
Con esa advertencia "se les da una última oportunidad", aseguraron las fuentes consultadas, que indicaron que varios magistrados se mostraron partidarios de reaccionar si se produce un nuevo paso unilateral hacia la secesión y cuestionaron que el TC deba "seguir esperando sin hacer nada" ante el incumplimiento de sus decisiones.
"Les hemos dado el último aviso", interpretaron las fuentes consultadas. Si el Govern o el Parlament siguen adelante, pueden encontrarse con alguna de las medidas que prevé el ordenamiento jurídico para salvaguardar la autoridad del Tribunal Constitucional y la eficacia de sus decisiones, incluida la vía penal, aseguraron.
[Este lunes Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han acordado llevar al pleno del Parlament de esta semana las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, que contempla la vía unilateral hacia la independencia de Cataluña, y pedirán incluirlas en el orden del día pese al TC. Así, ambas formaciones nacionalistas mantienen su desafío tras la advertencia de los magistrados de la pasada semana]
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