Nueve empresarios imputados en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que admiten que financiaron de forma ilegal al PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.
Los industriales siguen la iniciativa de tres arrepentidos que renocieron los hechos el pasado mes de abril. Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá confesaron entonces haber financiado ilegalmente al partido y solicitaron una reducción de pena, han confirmado fuentes conocedoras del acuerdo.
Según ha adelantado la Cadena Ser, los seis empresarios restantes acudirán este viernes a la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid para rubricar el acuerdo.
Mostrarán su conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE de la Comunidad Valenciana, personado como acusación popular, y reconocerán haber realizado distintos abonos al PPCV con ocasión de las citadas campañas electorales.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para los nueve penas de entre cuatro y seis años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil.
UNA VEINTENA DE ACUSADOS EN EL BANQUILLO
Los empresarios se encuentran entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en el juicio fijada para el próximo 13 de marzo por financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
Entre los acusados se encuentran también el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.
El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.
La empresa de la trama Orange Market en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio. En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).
Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".