La irrupción de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, donde el cabecilla Francisco Correa amplió y trasladó su “organización criminal” a mediados de 2003 desde Madrid, derivó en una situación en la que durante un “dilatado periodo de tiempo” prácticamente se le “entregó” a esta red “la dirección de la Consellería (de Turismo) y de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT)”.
Una entrega que supuso en la práctica que se “permitiera” y “tolerara” al grupo participar activamente y de forma directa en todos los procesos de adjudicación para los stands de Fitur y otras ferias turísticas desde 2005 a 2009 y hacerse con contratos de 5,7 millones de euros. Para ello, no solo se les facilitó información privilegiada, sino que se les permitió incluso definir y modificar las condiciones de los concursos de los que tenían la “certeza” que les iban a ser adjudicados. Todo ello, con la connivencia de Milagrosa Martínez, consellera de Turismo del gobierno valenciano de Francisco Camps desde 2004 a 2007 y expresidenta de las Cortes Valencianas; de su jefe de gabinete, Rafael Betoret (que ya fue condenado por recibir trajes de la trama Gürtel); y con la permisividad y ayuda de tres técnicos de esta administración. Así consta en la primera sentencia a esta red de corrupción que se ha dado a conocer este viernes.
La trama permitió al grupo de Correa recibir fondos públicos por valor de 5,7 millones de euros en contratos manipulados. De ellos, sacaron un beneficio de 1,93 millones. Hasta 276.812 euros fueron a sobrecostes, duplicidades o facturación falsa que contó con la “tolerancia” de quienes debían velar por el cumplimiento de la legalidad.
La sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano ha condenado a todos los implicados a penas que van desde los 3 a los 13 años de cárcel por una trama de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, cohecho y falsedad documental.
Así, la exconsellera ha sido condenada a 6 años de prisión por un delito continuado de malversación y 3 años por cohecho pasivo, además de a inhabilitación por un delito continuado de prevaricación continuada. Francisco Correa ha sido condenado a 13 años por los delitos de asociación ilícita, un delito continuado de tráfico de influencias, malversación y cohecho. Por estos mismos delitos, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, ha sido condenado a 12 años y 3 meses.
Mientras que Pablo Crespo, a quien se le suma el delito de falsedad documental, ha sido condenado a penas que suman 13 años y 3 meses de prisión. También han sido condenados a penas de cárcel a otros miembros de la red Gürtel (Isabel Jordán, 6 años; Cándido Hererro, 4 años y 4 meses; y Mónica Magariños a 3 años), y, por parte de la Administración, a Betoret (6 años) y los funcionarios Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau (7, 4 y 3 años de cárcel). Estas son las claves de una sentencia que se ha hecho esperar diez meses.
GÜRTEL ATERRIZA EN VALENCIA
El tribunal apunta al grupo Correa como todo un entramado de empresas liderado por Francisco Correa, que en julio de 2003 decide abrir una “oficina” en Valencia para “aprovechar las oportunidades de negocio. Correa, quien dirige la organización junto a Pablo Crespo, crean Orange Market para aprovechar los contactos que tenían dentro del PP en la Comunidad Valenciana. Allí se establecen porque tenían “la certeza” de que iban a poder obtener contratos públicos. El fallo habla de que la red ya tenía la seguridad de que iban a poder eludir los procedimientos administrativos. Como así fue.
Allí mandan a Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, para situarse al frente Orange Market (“un mero ente instrumental de la organización del grupo Correa). Es él quien se encarga de la obtención de los contratos y de organizar la connivencia con el personal de la Generalitat. El Bigotes “mantenía estrechas y fluidas relaciones con importantes cargos públicos y políticos de la Comunidad Valenciana”. Ello le facilitó el acceso a altos cargos como la que era consellera Milagrosa Martínez. Una relación que la sentencia define como “fluida y estrecha” y de “notoria relación de amistad”.
El Bigotes y Milagrosa Martínez
CAMBIOS EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS
Este desembarco de Gürtel en Valencia se traduce en la práctica en una modificación de cómo se contrataba para Fitur y demás ferias turísticas hasta la fecha. El proceso se paraliza con la llegada de ‘La Perla’ y se introducen “importantes cambios” e “irregularidades” que, en la práctica, tienden a beneficiar a las empresas del grupo Correa”. La red llega a tener conocimiento anticipado y “privilegiado” de las condiciones del concurso. También llega a adaptarlo a sus condiciones. Así consta a través de una extensa documental como la recogida en las comunicaciones por correo electrónico entre los responsables de la trama y los de la administración. Es de esta forma, recoge el fallo, como se rompe el principio de igualdad entre los licitadores y se establece una ventaja a favor de las ofertas del grupo Correa contando con “la imprescindible connivencia y participación” de Rafael Betoret y Milagrosa Martínez, así como con la “necesaria colaboración” de los funcionarios condenados.
La adjudicación se produce ya no solo después de este proceso de manipulación previa de lo que debía ser un concurso público, sino que se adjudica a una empresa que carecía de medios propios y de experiencia, pero se pasó por alto. En los años siguientes, hasta que en 2009 se destapó la trama a nivel nacional, el ‘modus operandi’ se mantuvo igual. No varió incluso con la entrada de una nueva consellera en 2007, Angélica Such, absuelta en este caso porque se estima que, si bien su gestión resulta “ciertamente sospechosa”, no se le atribuye una gestión directa. “No resulta extraño que la acusada se dejara llevar confiando en la experiencia de sus predecesores”, recoge la sentencia.
LA ADMINISTRACIÓN “TOLERANTE”
El tribunal concluye que la Agencia Valenciana de Turismo llega a asumir “la manipulación” de estos contratos y ejecutan, de acuerdo con la organización liderada por Correa, la ruptura del principio de igualdad en el proceso estableciendo una “ventaja a favor” de la oferta presentada por Orange Market.
La sentencia se refiere continuamente a la tolerancia de la Administración que encabezaba Milagrosa Martínez pero que, tras su marcha, se mantiene con la colaboración de los tres técnicos que han sido condenados. Es así como se llega a una situación, prolongada en el tiempo, en la que “prácticamente se le ha entregado a este grupo (el de Correa) la dirección de la conselleria y de la AVT, permiténdose que participen activamente y de forma directa en todos los procesos de adjudicación que intervienen, hasta el extremo de no solo facilitarles una información privilegiada sino a la par, permitirles incluso definir las condiciones del concurso (…) Se ha tolerado que se incluyan partidas inexistentes o que se han duplicado”. En definitiva, se llega a permitir a la red Gürtel establecida en Valencia obtener beneficios ilícitos con perjuicio de los fondos públicos, de los cuales –prosigue la sentencia- “prácticamente se ha dispuesto con total libertad, con la tolerancia e incluso con la colaboración directa de aquellos a quienes de forma particular incumbía su control”.
Para el tribunal hay una línea fundamental de esta pieza y no es otra que la existencia de una “trama organizada” con el fin de que los integrantes del grupo Correa “pudieran enriquecerse a costa de fondos públicos pertenecientes a la Generalitat”. “Lo cual consiguen valiéndose de diferentes contratos públicos para cuya obtención no dudan, por la influencia que poseen frente al partido que dirigía en esos momentos esta autonomía, en pervertir todo el proceso administrativo”.
EL RELOJ DE 2.400 EUROS PARA ‘LA PERLA’
El fallo considera probado que en las navidades de 2005, Correa, Crespo y El Bigotes, se pusieron de acuerdo para “agradecer” a la exconsellera “el trato de favor y las ilícitas actuaciones que realizó” para que Orange Market resultara adjudicataria del concurso de Fitur de 2005 y para que el sistema siguiera en adelante. Así que le regalaron un reloj marca Hublot de 2.400 euros que el propio Correa compró en una joyería de la calle Serrano de Madrid.
Ahora, el tribunal ha ordenado el comiso de este reloj así como de los bienes de la sociedad Orange Market por valor de 1,94 millones de euros.