La corrupción que no investigará la oficina antifraude de Susana Díaz

Susana Díaz ha empezado el año con una agenda plagada de conflictos: la crisis sanitaria, la confusa gestión de la educación concertada, la polémica por el impuesto de sucesiones... El temporal le llega en un momento crucial para su futuro político, cuando prepara su candidatura a la Secretaría General del PSOE, y no está dispuesta a que tanto ruido dañe su imagen y le reste apoyos.

Por ello, no sólo ha dado marcha atrás a algunos de sus proyectos -en el caso de la crisis sanitaria, por ejemplo, ha renunciado a las fusiones hospitalarias- sino que se ha propuesto nuevas metas. Una muestra es el anuncio de creación, en este semestre, de la Oficina contra el fraude y la corrupción.

Se trata de un organismo preventivo contra las malas prácticas en una Administración salpicada de escándalos judiciales, con decenas de imputados y millones de euros públicos supuestamente defraudados. Sin embargo, esta oficina antifraude no investigará los ERE falsos, ni Invercaria, ni el fraude de los cursos de formación, ni las facturas falsas de UGT-Andalucía, ni los avales de la Agencia IDEA, ni el caso Bahía Competitiva. Y ello porque sólo fija dos ámbitos de actuación: la prevención y la lucha contra el fraude fiscal.

El caso más impactante, sin duda, es el de los ERE. La investigación nace en enero de 2011, cuando la juez Mercedes Alaya detecta un fraude en las subvenciones concedidas por la Junta a empresas en crisis entre los años 2001 y 2011 a través de un procedimiento que eludía todos los controles y permitía colar intrusos -es decir, personas que nunca habían trabajado en esas entidades- en los listados de empleados beneficiados por los expedientes de regulación de empleo.

Chaves y Griñán, en el banquillo

La causa ha alcanzado a las más altas esferas de la política andaluza y ha comportado el procesamiento de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se sentarán en el banquillo probablemente este año junto a algunos de sus exconsejeros, entre los que se encuentra la exministra Magdalena Álvarez. En total, hay procesados 26 ex altos cargos de la Junta.

Pero esa es solo la pieza política del caso ERE. La juez María Núñez -sustituta de Alaya- decidió en noviembre de 2015 trocear la causa en seis partes. En total, el caso ha sumado más de 265 imputados y el fraude podría ascender a 855 millones de euros que se tramitaron a través de los sindicatos CCOO y UGT y de empresas consultoras y aseguradoras, que se habrían beneficiado de sobrecomisiones.

Cursos de formación

El segundo caso de corrupción que ha puesto en jaque al Gobierno andaluz es el de los cursos de formación. La causa está repartida en 18 juzgados de la región y, aunque se desconoce a cuánto asciende el posible fraude, las ayudas bajo sospecha superan los 3.000 millones entre los años 2007 y 2013. Desde que estalló el escándalo, ha habido varias operaciones policiales y decenas de detenidos.

Sólo en Sevilla, el juzgado de María Núñez ha dividido este caso en nueve piezas. Hace unos meses, la Junta de Andalucía recibió un balón de oxígeno al archivarse la causa política, que salpicaba a 24 responsables de la Administración autonómica. La juez tumbó la tesis de Alaya, que sí consideró que el Gobierno andaluz benefició a una “red clientelar” tras actuar “de forma concertada y bajo instrucciones específicas” para "malversar el erario público”. Sin embargo, la investigación sigue avanzando en el resto de piezas. La última novedad ha sido la imputación del exconsejero de Empleo Manuel Recio.

Falsas facturas de

Otro caso en el que también están bajo sospecha las ayudas del Gobierno andaluz para cursos de formación es el que investiga las supuestas facturas falsas de UGT. Tras meses de investigación, ya se ha puesto sobre la mesa la cifra del fraude que el sindicato pudo haber cometido entre los años 2009 y 2013: más de 100 millones de euros.

El asunto lo investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla tras la denuncia presentada en agosto de 2013 por el sindicato Manos Limpias contra responsables de UGT-A, a quienes acusaron de falsear facturas para pagar, entre otras cosas, pancartas y publicidad para la huelga general de septiembre de 2010, una cena para 150 personas en la caseta de la Feria de Abril de 2010 o unos maletines falsificados en China.

El denunciante atribuye a estos sindicalistas los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y apropiación por desviar subvenciones de la Junta. El juez mantiene imputadas a 18 personas, entre ellas a los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

Invercaria

Otra macrocausa que está dividida en diferentes piezas es el caso Invercaria, sobre la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla tiene abiertas 11 líneas de investigación por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones de esta sociedad pública, y el principal imputado es el exconsejero Francisco Vallejo.

Invercaria inyectó hasta 60 millones de euros en 278 proyectos empresariales entre 2005 y 2009 a sociedades bajo sospecha. Este escándalo estalló en la campaña electoral de las autonómicas de 2012, cuando salió a la luz una grabación en la que la presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, presionaba a un directivo de la compañía reacio a elaborar informes falsos que justificaran inversiones comprometidas.

Agencia IDEA

Otro caso de presunta corrupción que afecta al Gobierno andaluz es la gestión de los avales por parte de la Agencia IDEA a empresas seleccionadas a discreción, por lo que están imputados cuatro altos cargos de la Junta, entre ellos el ex consejero de Innovación Martín Soler.

También está el caso Bahía Competitiva, por supuesto fraude de un entramado de empresas que recibieron 25 millones de euros de ayudas del Estado para proyectos empresariales en Cádiz que no se realizaron nunca. En este asunto, los investigadores detallaron que el dinero de Bahía Competitiva acabó vinculado a distintas empresas radicadas en paraísos fiscales y que, en muchos casos, pasaron por el despacho de abogados Mossack-Fonseca, el mismo que se relaciona con los llamados Papeles de Panamá.

Con esta pesada mochila de supuesta corrupción a la espalda, Susana Díaz va a poner en marcha una oficina antifraude, medida que Ciudadanos incluyó en su pacto de investidura con el PSOE  en junio de 2015. Pero lo anuncia ahora, con más de año y medio de retraso y sólo días antes de presentar su candidatura a liderar el PSOE.