En Palma de Mallorca el catalán es obligatorio si se trata de hacer negocios con el Ayuntamiento. Ni siquiera existen en castellano las instrucciones que lo exigen. "Es una trampa", critica la oposición. "Es normalización lingüística", responde el Gobierno municipal, posible gracias a un tripartito que engrosan PSOE, Podemos y los nacionalistas.
En octubre del pasado año, la alcaldía anunció las nuevas "cláusulas sociales" que enmarcarían los contratos públicos ofrecidos por el Consistorio. Se pide al interesado que documente, rotule y actúe "al menos en catalán". "Se permite el castellano, claro, pero el requisito indispensable es el catalán", critica un concejal opositor. La medida sulfuró a PP, Ciudadanos y varias asociaciones constitucionalistas, que brincan cada vez que la Junta de Gobierno ofrece un nuevo contrato. El último, el de los semáforos. Cualquier empresa que quiera salir victoriosa, deberá mostrar su dominio del catalán.
"¡Es una locura!"
"¡Es una locura! Más y cuando se trata de este tipo de cosas, como los semáforos. La mayoría de las empresas que pueden prestar este servicio son nacionales o internacionales, ¿cómo se les va a pedir catalán?", critica la portavoz del PP en Palma, Marga Durán.
Patricia Conrado, de Ciudadanos, sitúa en la gestión del Turismo uno de los próximos frentes: "Dentro de poco habrá que hacer cambios en la señalética. ¿También se pondrá todo en catalán? ¿Para los alemanes? Habrá que ver si se atreven".
En las cláusulas lingüísticas estrenadas por el Ejecutivo del PSOE, se especifica que la exigencia del catalán afectará a la licitación de "todos los contratos" que salgan a concurso. Las empresas, además, han de presentar una declaración jurada de adhesión a estos principios. En caso de incumplimiento, el Gobierno municipal podría rescindir el acuerdo e inhabilitar durante dos años a la compañía.
Indignados, pero no sorprendidos
La documentación, las publicaciones, los avisos, los rótulos, la megafonía, las facturas, el embalaje... Todo deberá estar en "al menos" catalán. Incluso la empresa debe garantizar que el personal de cara al público sea capaz de desempeñar su trabajo en catalán.
PP y Ciudadanos se declaran indignados, pero no sorprendidos. Arguyen que el actual Gobierno abolió la posibilidad de que el ciudadano se comunique con el Ayuntamiento en castellano. "De verdad, escribes en español y te contestan en catalán", coinciden las ediles previamente mencionadas. El actual alcalde estrenó una regiduría tras su victoria electoral, la de normalización lingüística.
EL ESPAÑOL ha tratado de preguntar al Ejecutivo tripartito acerca de estas cuestiones, pero no ha obtenido respuesta.
Tanto PP como Ciudadanos coinciden en resaltar lo "absurdo" de estas cláusulas con un ejemplo: las hamacas. Según cuentan, se sacó a concurso la gestión de cuatro playas, incluidos los chiringuitos y el resto de infraestructura que suele rodear este tipo de lugares. "¡Si consiste en atender turistas! ¿Para qué van a tener que saber catalán esos trabajadores?".
La oposición recrimina al tripartito haber "encubierto" esta medida "ideológica" en un conjunto de cláusulas sociales y medioambientales. En el resto de este manual se incluyen facilidades para el discapacitado y apuestas por la sostenibilidad, entre otras cosas, pero un tercer apartado recoge exclusivamente obligaciones de catalán.