El Partido Popular de Murcia alertó a Mariano Rajoy de las consecuencias que tendría para el partido y para la región de Murcia aupar a Pedro Antonio Sánchez hasta la cúspide del Ejecutivo. José Antonio Ruiz Vivo, quien fuera durante años portavoz del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, envió un email al presidente nacional del PP el 3 de marzo de 2015, dos meses antes de las elecciones autonómicas, en la que advertía de que Sánchez será "una opción cuando limpie su agenda judicial. No en este momento". 

El autor de la misiva reconoce en el escrito que envió a Ketty Satrústegui, secretaria personal del presidente nacional del PP, que Pedro Antonio Sánchez puede ser un político importante para el PP. "Pero este no es su tiempo". Entonces fue cuando detalló a Rajoy algunos de los escándalos que cercaban al que después fue presidente de Murcia. "Tiene una agenda complicada. Se salvó in extremis de la anterior querella y en la actual -que el Tribunal Superior de Justicia va a remitir a los juzgados de Lorca porque hay otros 19 afectados- el máximo órgano judicial expresa textualmente que se observan suficientes indicios de delito", recoge literalmente la carta, en poder de EL ESPAÑOL. 

Ruiz Vivo recordaba al presidente nacional que "no están los tiempos para correr esos riesgos políticos que al final pueden terminar acabando escupiendo para arriba". Como finalmente ocurrió. El destacado miembro del PP regional recomendó a la cúpula de su partido incluir a Pedro Antonio Sánchez en sus listas regionales como número uno de la circunscripción de Lorca "y esperar a que se despeje su horizonte para dar respuesta a sus legítimas aspiraciones políticas". 

Nadie de Génova contestó a esta misiva que adelantaba lo que finalmente ocurrió dos años después. El aparato nacional hizo caso omiso a las recomendaciones de este destacado miembro del PP regional y apostó porque su cabeza de cartel para las elecciones autonómicas en la región de Murcia fuera Sánchez. El candidato consiguió encabezar la lista más votada, pero sin alcanzar la mayoría absoluta: el PP se hizo con 22 parlamentarios, 13 el PSOE, seis Podemos y cuatro Ciudadanos. Es la formación de Albert Rivera la que ejerció de llave para devolver la gobernabilidad a los conservadores y puso una condición: el presidente dimitiría si lo imputaban. Un compromiso que no cumplió. 

El principio del fin

Sánchez pudo gobernar con cierta tranquilidad desde junio de 2015 hasta febrero de 2017, cuando un juez le llamó a declarar en el Tribunal Superior de Justicia en calidad de investigado por delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad de documento oficial por un proyecto en el Auditorio de Puerto Lumbreras, la localidad de la que fue alcalde durante diez años. Fue el principio de su fin.

Su resistencia a abandonar la presidencia de la región obligó a Ciudadanos a romper el pacto que firmó. La crisis sin precedentes que se abrió sobrepasó las fronteras de la región y las direcciones nacionales de sendos partidos negociaron con mucha tensión el futuro del presidente. Mientras tanto, el PSOE se adelantó a Ciudadanos y presentó en el Parlamento regional una moción de censura para echarlo. Solo cuando Albert Rivera dio la orden de apoyar sin fisuras al candidato socialista, Génova obligó a Pedro Antonio Sánchez a vestir su dimisión como un sacrificio personal para evitar un "tripartito" entre PSOE, Ciudadanos y Podemos. 

Se fue del Ejecutivo regional, pero Sánchez mantiene su acta de diputado -y su aforamiento- y la presidencia del PP murciano. Dos cargos públicos que Ciudadanos de momento le permite compaginar siempre y cuando la justicia no le abra juicio oral. Es la línea roja que han puesto sus propios compañeros de filas. 

Reescribir un nuevo pacto

Ahora, los equipos negociadores de PP y Ciudadanos están reescribiendo el pacto que permita al sucesor de Sánchez, Fernando López Miras, hacerse con el control de la región. De momento, la postura de un partido y del otro son contrarias. Los de Albert Rivera quieren eliminar los aforamientos a todos los diputados regionales mientras que los conservadores piden que los partidos políticos no puedan personarse en causas judiciales para evitar lo que, a su juicio, ha sido un ensañamiento contra Pedro Antonio Sánchez. 

Los dos partidos reconocen que, aunque el pacto no está cerrado, hay un "acercamiento de posturas" para volver a escribir un acuerdo de investidura donde los dos partidos puedan explicar con más detalles cuándo debe abandonar un cargo público un imputado. La sesión de investidura del futuro presidente está prevista para después de Semana Santa.