Segunda jornada de la Operación Lezo. La Guardia Civil ha registrado las instalaciones que la constructora OHL tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid siguiendo el rastro de una presunta comisión de 1,4 millones de euros abonada en 2007 en una cuenta en Suiza.
Según la tesis de los investigadores, el pago estaría destinado -por medio de testaferros- al expresidente autonómico Ignacio González y responde a una comisión por el contrato millonario del tren de Navalcarnero, otorgado por la Comunidad de Madrid a la empresa de Juan Miguel Villar Mir. Según las mismas fuentes, los fondos para la presunta mordida se transfirieron desde una filial de OHL en México y han supuesto la calificación como investigado del empresario Javier López Madrid, yerno del responsable de la empresa.
La construcción del tren de Navalcarnero se aprobó en el año 2008. Sin embargo, la compañía paralizó las obras tras un litigio con el Ejecutivo regional. OHL adelantó 165 millones de euros para arrancar las obras pero dos años después reclamó al Gobierno madrileño la resolución del contrato después de que, según la propia compañía, no se les adelantara los 50 millones de euros comprometidos en el contrato de concesión, ni cumpliera con el compromiso de modificar el contrato de riesgo-tráfico a disponibilidad.
Nueve años después, el proyecto, estimado en 362 millones de euros, que iba a unir las localidades de Navalcarnero con Móstoles está enterrado y sin ánimo de que vaya a salir adelante. OHL se ha sentido engañada por la Comunidad de Madrid porque previó un crecimiento de población en Navalcarnero que nunca llegó debido a las crisis económica.
El planteamiento que tenía hecho la compañía con un número estimado de viajeros, por los que cobraría, se desinfló y ya la obra no le salía rentable. A eso se añade que en el contrato se le iba a adelantar 50 millones de euros, que tampoco se le pagó, con lo que la empresa y la Comunidad llevan litigando desde hace años.
A lo largo de este jueves los investigadores también están realizando pesquisas en la sede de la tecnológica Indra y requerimientos en la consultora PriceWaterHouseCoopers (PwC) y en el despacho de abogados Cuatrecases.
La “omertá” entre OHL y la Comunidad
Esta no es la primera causa que relaciona los negocios de OHL con los miembros o las campañas electorales del Partido Popular. En Palma de Mallorca, el juez José Castro investiga la relación entre presuntos pagos al PP nacional y la concesión para construir el hospital de Son Espases. En la trama Púnica, el juez Eloy Velasco investiga también las relaciones entre la financiación ilegal del PP y Javier López Madrid, directivo de la constructora y amigo de Francisco Granados.
Agentes de la Guardia Civil esperan con cajas de cartón para acceder a las oficinas de OHL.
Sin embargo, los pagos de OHL que aparecen en esta nueva investigación son ajenos a esa pieza. En este caso, se investiga, además de la financiación ilegal del PP, el posible pago de comisiones directas a Ignacio González. Los negocios de la constructora aparecieron también en la Comisión de Investigación que la Asamblea de Madrid dedicó a la corrupción dentro del PP.
En esa Comisión, el diputado regional por el PSOE Daniel Vicente Viondi, espetó al dirigente madrileño Jesús Trigueros que “ustedes y OHL han llegado a un acuerdo tácito en el que, demanda con demanda, al final lo que queda es que el tren a Navalcarnero y el soterramiento de las vías del tren en Móstoles nunca verán la luz. Es una especie de omertá, a la que ustedes han llegado para que este tema quede extinguido definitivamente del pensamiento colectivo de los vecinos y vecinas de Navalcarnero y de Móstoles, y eso es lo que más nos duele; luego ya hablaremos de las cuestiones judiciales que parece que se han abierto con este expediente, porque imagino que usted lee la prensa”.
Viondi añadió: “Si por algo es conocido Navalcarnero es por la inmensidad –y perdonen que utilice esta expresión- de fechorías que han llevado a cabo allí los distintos Gobiernos municipales del Partido Popular con la connivencia clara y rotunda del Gobierno regional del Partido Popular, de la señora Esperanza Aguirre y del señor Ignacio González”.