La situación se complica para Ignacio González. El pasado jueves, el financiero español Adrián de la Joya reconoció ante la Audiencia Nacional que los 1,4 millones de euros enviados por la constructora OHL en 2007 eran en realidad para el expresidente madrileño. Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes del caso, De la Joya mantuvo que el dinero llegó a una de sus cuentas en Suiza para actuar como intermediario financiero. Sin embargo, el propio empresario frenó el movimiento de los fondos al conocer después que, en lugar de una operación comercial, el dinero estaba destinado a uno de los hombres fuertes de González. Según su declaración, el receptor de los fondos sería Ildefonso de Miguel, director general del Canal entre 2003 y 2009.
Según esta versión, el empresario afincado en Suiza decidió retener la transferencia y, en lugar de entregarla a sus destinatarios, saldó con ella una deuda contraída anteriormente con OHL.
Tal y como adelantó este diario, Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción trabajan con la tesis de que el dinero salió desde las cuentas de OHL para abonar una presunta comisión por el proyecto del tren de Navalcarnero, una obra civil de más de 300 millones de euros. En cualquier caso, los fondos fueron transferidos a una cuenta abierta en el Anglo Irish Bank, una entidad bancaria que en al actualidad ya no existe. Como propietaria del depósito figuraría la sociedad panameña Lauryn Group, que desde su descubrimiento en 2009 permanece inactiva y sin representantes legales en el país sudamericano.
Ante el juez Eloy Velasco, instructor de la Operación Lezo, De la Joya reconoció según las mismas fuentes, su participación en la operación financiera desde Suiza, país en el que reside desde hace años, pero rechazó cualquier vinculación personal con el pago de comisiones a políticos. Para acreditarlo, aportó ante el juez documentación bancaria que acredita sus movimientos y se mostró partidario de aportar cualquier otra información que esté en su mano y la Audiencia Nacional considere relevante.
Su versión sobre el destino final de los fondos concuerda con la suministrada por Ignacio González a su entorno. Sobre la comisión del tren de Navalcarnero, el expresidente autonómico mantuvo siempre que nunca recibió dinero alguno. Incluso llegó a barajar la posibilidad de que alguien hubiera pedido comisiones a OHL en su nombre.
En libertad sin medidas cautelares
El financiero De La Joya fue uno de los investigados que dejó la Audiencia Nacional tras prestar declaración y sin medidas cautelares. Tras sus palabras ante el juez y según informó EFE, De la Joya quedó en libertad esa misma noche sin restricción alguna "tras su colaboración con la Justicia". La decisión contrasta con la tomada por Velasco sobre uno de los responsables del Canal -para el que pidió prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros- o con la decisión de llevar a la cárcel de Soto del Real a Ignacio González y a su hermano Pablo (también bajo fianza de cuatro millones).
Los investigadores vinculan también con la operación de Navalcarnero al empresario Javier López Madrid, cargo de responsabilidad de la constructora OHL, que fue detenido la noche del pasado jueves y para el que el juez Velasco impuso una libertad sujeta al pago de 100.000 euros antes del 28 de abril.