Cifuentes contra las cuerdas por la sospecha de que pagó los favores que Arturo Fernández hizo a González y Aguirre

La herencia de la financiación ilegal del PP mancha todo lo que toca. Primero fue Francisco Granados, principal imputado por la Operación Púnica. Después Ignacio González, en prisión preventiva e investigado por utilizar a contratistas públicos para abonar gastos de campaña para el PP de Esperanza Aguirre. Y, por último, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se ha visto señalada en un informe de la Guardia Civil por participar en la adjudicación de contratos públicos al empresario Arturo Fernández, investigado por donar presuntamente 160.000 euros a las campañas electorales del PP por medio de Fundescam. 

La Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, creada en el año 2000, se ha convertido en el epicentro de las investigaciones sobre la financiación ilegal del PP de Madrid desde 2007, y en el el principal argumento para investigar las evidentes relaciones entre el PP de Esperanza Aguirre y un grupo de empresarios encabezados por Arturo Fernández y su cuñado, Gerardo Díaz Ferrán. Uno controlaba la patronal en Madrid (CEIM) mientras el otro manejaba la cúpula de los empresarios españoles (CEOE) y la influencia de ambos crecía al calor de los contratos públicos entregados por la Comunidad de Madrid.

Ahora, las investigaciones de la Guardia Civil, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción desvelan que esa relación era mucho más interesada de lo que aparentaba: Arturo Fernández conseguía contratos públicos y favores políticos, Esperanza Aguirre financiación para sus campañas, Ignacio González veía a su mujer contratada en la patronal madrileña... Y así la rueda giraba desde hace ahora 20 años sobre el supuesto argumento de una coincidencia ideológica. Una afinidad pública que se ha diluido en las presuntas pruebas de la corrupción. 

Según los informes de la UCO, Fundescam y una red de empresas vinculadas al empresario Óscar Sánchez Moyano sirvieron para ocultar pagos electorales que superaban en cinco millones de euros el límite legal estipulado por el Tribunal de Cuentas. Los informes de la Fiscalía Anticorrupción colocan incluso a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre dentro de la cadena de decisión para ese presunto desvío de fondos. 

En el caso de Arturo Ferández, las investigaciones sobre sus concesiones y pagos a la fundación vinculada al PP se remiten hasta 2007. Los investigadores sospechan además que esos favores al partido, reconocidos por el propio empresario en sede judicial, serían saldados con la explotación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, concedida al grupo Cantoblanco en las licitaciones públicas de 2009 y 2011. Según los informes de la UCO, Arturo Fernández está relacionado "con las aportaciones de sesenta mil euros y cien mil euros respectivamente". Un dinero que fue a parar directamente a manos de Fundescam. 

Investigada desde 2007

La historia judicial de Fundescam se remonta a 2007, cuando los informes de Hacienda en la Operación Gürtel apuntaban ya que la fundación montada por el PP y con escasa actividad pública había servido para financiar la campaña del tamayazo que aupó al poder en Madrid a Esperanza Aguirre gracias a los votos de dos tránsfugas del PSOE. A partir de aquí, Fundescam ha aparecido de forma recurrente en todas las investigaciones judiciales que han tenido como objeto la presunta financiación ilegal del PP. Sobre la mesa de distintos jueces están cuestionadas las campañas electorales de 2007, 2009 y 2011. Es decir: todas las elecciones a las que ha concurrido el PP de Madrid desde hace 15 años.

En febrero del pasado año, EL ESPAÑOL develó que los responsables del PP de Madrid realizaron 12 operaciones de blanqueo de fondos y desvío 30.000 euros en donativos a las cuentas de Fundescam mientras España sufría el peor atentado terrorista de su historia, el 11 de marzo de 2004. Ese mismo año, Fundescam recaudó más de 150.000 euros de grandes empresas como Iberia, Unión Fenosa, y -de nuevo- los empresarios Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán.

Tres años después, es un documento localizado en casa del extesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, el que explica presuntamente el desvío de fondos para la campaña de las autonómicas de 2007. Ese documento, desvelado en febrero de este año por EL ESPAÑOL, se ha convertido en uno de los elementos más importantes en la pieza que investiga la presunta financiación del partido en la Audiencia Nacional. 

En esas fechas, fue contratada como responsable en la CEIM Lourdes Cavero, mujer de Ignacio González e investigada también en el caso Lezo que investiga las presuntas red corrupta liderada por su marido. Los investigadores analizan el papel de González como máximo responsable del comité de campaña del partido en 2011 y los contratos públicos entregados por su administración a varios donantes. Ese mismo año, los investigadores analizan la concesión de nuevo, de la cafetería de la Asamblea a Arturo Fernández. Mientras, el empresario había hecho de Cavero su mano derecha en la CEIM, con un sueldo acorde a esa responsabilidad.

160.000 euros para Fundescam

En la investigación realizada por la UCO aparece alguno de los favores que Arturo Fernández realizó al PP de Aguirre y González. Uno de ellos es un pago de 60.000 euros realizado el 29 de marzo de 2007 y otro de 100.000 euros, efectuado unos días antes. Las transferencias se hicieron a la cuenta de Fundescam y la Guardia Civil sospecha de que por ese dinero recibió a cambio los contratos de servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011. La UCO añade que quienes beneficiaban al empresario con esas adjudicaciones formaban parte del patronato de Fundescam y del comité de campaña del PP (donde estaba Cifuentes).

El pasado marzo, el empresario Arturo Fernández prestó declaración ante los agentes de la UCO a los que reconoció haber hecho el pago, pero las enmarcó en su deseo de “ayudar a los fines de Fundescam”, una plataforma para el desarrollo del empleo en la Comunidad de Madrid. No obstante, al ser preguntado acerca de si el pago fue voluntario o solicitado por alguien, Fernández reconoció que se lo pidió “alguien de la junta directiva” (de Fundescam), aunque no fue capaz de identificar quién se lo solicitó. Insistió en que desconocía que ese dinero iba a ser destinado a sufragar gastos electorales del PP de Madrid.

Fernández se manifestó de forma contraria cuando fue preguntado por el segundo pago, el de 100.000 euros, que fue autorizado desde la CEIM, organismo del que era vicepresidente en ese momento. El empresario negó conocer esa transferencia o haberla autorizado, una decisión que le correspondería en todo caso al presidente. Preguntado acerca de su relación con Esperanza Aguirre, la definió como “amiga personal” mientras que describió como “protocolaria” la que mantenía con Ignacio González al igual que la que tiene con Cifuentes.

Se mostró tajante ante los agentes a la hora de negar que alguna vez fuese beneficiado con algún contrato por algún cargo del PP y declaró desconocer que Cristina Cifuentes formase parte de la mesa de contratación encargada de adjudicar los contratos. En su descargo alegó que el contrato de cafetería con la Comunidad de Madrid sólo le había causado “pérdidas” y cifró en 10 los contratos públicos que disfrutó su grupo Cantoblanco entre 2007 y 2011 repartidos en dos hospitales, el Congreso de los Diputados, la Zarzuela, la Asamblea y La Moncloa.

Las relaciones entre Arturo Fernández y González iban más allá de lo protocolario como se evidencia de algunas de las escuchar telefónicas que obran en el caso Lezo. En una de ellas, intervenida por la Guardia Civil el pasado 13 de octubre, Fernández recurrió al exmandatario madrileño para que usase su influencia en el Canal de Isabel II -a pesar de que hacía años que había dejado la Presidencia- para ayudarle en unos negocios personales relacionados con la compañía de aguas.

En 2014, tras abandonar la CEIM, la mujer de González comenzó a trabajar para un despacho de consultoría estratégica llamado LC&AC Global. El propio expresidente de la Comunidad de Madrid usaba la dirección de correo de su mujer en esta empresa para operaciones inmobiliarias. Los investigadores trabajan con la tesis de que Cavero cobrara de esta empresa por unos servicios que no serían reales. El responsable de la sociedad, según los documentos obrantes en la causa, es el empresario Andrés Cristóbal Gómez Funes, quien fuera jefe de gabinete de Arturo Fernández en la CEIM.

Tres versiones sobre la reunión con Cifuentes

Ahora, los informes de la UCO señalan también a Cristina Cifuentes por participar presuntamente en las adjudicaciones públicas obtenidas por Arturo Fernández. De hecho los informes del instituto armado explican que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid fue juez y parte en estas adjudicaciones: formó parte del comité de expertos que valoró las propuestas y fue después la presidenta de la mesa de contratación que tuvo que refrendar esos mismos informes.

El comité de expertos liderado por Cifuentes estuvo formado por tres personas más: una letrada de la Asamblea de Madrid, una responsable de protocolo del Ejecutivo madrileño y un funcionario de la cámara autonómica que fue el responsable de elaborar el informe de valoración. Los tres prestaron declaración ante la Guardia Civil como investigados y aportaron versiones distintas.

Todos coinciden en que la decisión de otorgar la gestión de la cafetería de la Asamblea Arturo Fernández se cerró en el despacho de Cristina Cifuentes, pero mientras una de ellas (María Merino) mantiene en su comparecencia que no hubo "deliberación" y que "nadie expuso nada" ya que "no había nada que discutir", los otros dos interrogados afirmaron que en aquél encuentro se aportó un informe de valoraciones que se debatió entre los presentes.

La única de las intervinientes que no prestó declaración por estos hechos ante la Guardia Civil fue la propia Cifuentes, que goza de protección jurídica al ser aforada.