El Gobierno de Mariano Rajoy ha encontrado en los partidos nacionalistas una alianza inesperada para tirar adelante una legislatura que parecía abocada a la brevedad. Los dos obstáculos más importantes en estos seis meses -Presupuestos y estiba- se han salvado gracias al PNV y el PDeCAT. El contencioso del referéndum separatista no ha impedido a los nacionalistas catalanes prestar su abstención a la liberalización de la estiba. Mientras que la sintonía con el PNV, en la que se venía trabajando desde hace meses, es total tras el cupo.
La relación del PP con el nacionalismo vive un segunda luna de miel de realpolitik. El primer matrimonio de conveniencia finalizó en ruptura sonada. Los pactos que José María Aznar firmó con Jordi Pujol y Xabier Arzalluz en 1996 no resistieron la mayoría absoluta del 2000. Más de 20 años después de aquellos acuerdos, la aritmética del multipartidismo ha devuelto a los nacionalistas la llave de la política española.
La actividad legislativa en el Congreso de los Diputados está atascada. Las leyes y proposiciones de ley de los grupos se enfrentan a largos períodos de enmiendas en busca de las mayorías necesarias. El Gobierno ha concentrado hasta ahora su iniciativa en una docena de reales decretos. El PNV, por ejemplo, sólo ha votado en contra de uno: la modificación de la Ley Orgánica de lucha contra el Dopaje. El Grupo vasco se opuso más por las formas -hacerlo vía decreto- que por el fondo. En el resto se ha abstenido o votado a favor.
Estiba y Palau
El PDeCAT ha variado más su posición. Pero a pesar del contencioso independentista, la formación catalana ha facilitado la convalidación de la estiba, que amenazaba con enquistarse tras una primera derrota. Poco después, el Gobierno no envió a sus dos representantes a la reunión que debía decidir si el Palau de la Música de Barcelona denunciaba a la Generalitat por el presunto saqueo de sus arcas. La ausencia evitó la denuncia. Las dos partes han desvinculado el Palau del acuerdo de la estiba y, por supuesto, de la independencia. Las posiciones en torno al referéndum son irreconciliables. Pero la famosa operación diálogo ha abierto otras vías de entendimiento.
El Gobierno ha cambiado el enfoque de su política territorial. No sólo por una cuestión de necesidad parlamentaria sino también por la cantidad de batallas que libraba contra algunas comunidades en el Constitucional. La mejora de la economía ha contribuido de manera decisiva a la nueva estrategia. Los gestos nacionalistas como el de no acudir a la Conferencia de Presidentes han sido sólo eso: gestos. Cataluña y País Vasco han participado después en todas y cada una de las reuniones para desarrollar los acuerdos. La nueva ley de financiación autonómica, a la espera del informe de la comisión de expertos, será vital para mantener apaciguadas las reivindicaciones autonómicas.
El paradigma del cambio es el PNV. En los últimos cuatro años, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, han reconstruido unos puentes que llevaban rotos mucho tiempo. El Gobierno ha retirado varios recursos de inconstitucionalidad y el PP ha apoyado los últimos Presupuestos de Urkullu saliendo del aislamiento que vivía en la Cámara de Vitoria.
El colofón ha sido el acuerdo sobre el cupo vasco, que el propio partido nacionalista ha calificado de "histórico". Rajoy ha obtenido a cambio el sí del PNV a los Presupuestos Generales del Estado de este año y probablemente los siguientes. Aunque el pacto no está escrito, las dos partes coinciden en que el clima para futuros acuerdos es inmejorable. En paralelo discurre una negociación más compleja sobre el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco. Las bases para llevarla a buen puerto están bien ancladas.
Dinero e inversiones
La aproximación al problema catalán también ha sido fundamentalmente económica. La operación diálogo se ha concretado en una mayor presencia del Estado en Cataluña. Rajoy anunció en marzo un plan de inversiones en obra pública por valor de 4.200 millones de euros durante la actual legislatura. El dinero comprometido está en la línea de las demandas de la Generalitat.
Al igual que ocurrió en 1996, el aspecto económico, los Presupuestos y las inversiones han sido las principales conquistas logradas por los partidos nacionalistas. En esta legislatura se han sumado también al reparto dos diputados canarios, Ana Oramas, de Coalición Canaria; y Pedro Quevedo, de Nueva Canarias. El Gobierno ha repetido el modus operandi del PNV: abrir la mano a cambio de apoyos duraderos. Muchos diputados admiten ya en privado que si Rajoy es capaz de mantener su acuerdo con Ciudadanos podrá agotar la legislatura. Y no se celebrarán elecciones generales hasta 2020.