Hacienda identificó, a finales de junio, un desvió de 6.150 euros para la organización del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. La partida presupuestaria de 2017 de la Generalitat en concepto de "organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", registrada y controlada por Hacienda, era de 19.370 euros, pero la misma registró gastos por un total de 25.520. La diferencia entre estos dos valores motivó las sospechas del Gobierno que, a través de una carta el pasado martes, pidió explicaciones a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella.

Hacienda le concedió un plazo de tres días para contestar pero este viernes no había recibido respuesta, según informa el diario El Mundo. Este fue el detonante de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para controlar semanalmente los gastos de la Generalitat. 

Iñigo Méndez de Vigo ha explicado este viernes que el Ejecutivo exigirá semanalmente certificados individuales a los interventores de distintas consejerías para confirmar "que no se han iniciado expedientes de pago destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum ilegal". El Ministerio de Hacienda sería el encargado de verificar el cumplimiento del acuerdo. 

En la carta remitida a Rosa Vidal Planella, el Gobierno pide "un informe específico de la Intervención General de la Comunidad sobre dicha intervención general (...) en relación a los expedientes de gasto tramitados" para la "organización, gestión y seguimiento de procesos electorales". Además, el Ejecutivo pedía también que se pronunciara sobre el posible incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional, que ha declarado ilegales los gastos destinados a la realización de la consulta. 

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