El Gobierno admite que la Generalitat está cruzando más límites de los que preveía en un primer momento. “Puigdemont va a tumba abierta. Es como circular a 200 en un tramo de 80”, dicen en privado. Moncloa no duda de que el independentismo está presionando lo indecible en el frente de la desobediencia. La calle no se desbordó en la Diada, como así esperaba el separatismo. Pero hay un porcentaje alto de catalanes movilizado y comprometido, que puede volver a la calle en cuanto se le pida.
El Gobierno interpreta que la estrategia de Puigdemont pasa ahora por quebrar la unidad de los partidos constitucionalistas. Su intención es, dicen, forzar a Mariano Rajoy a recurrir al artículo 155 para suspender la autonomía catalana. El Gobierno cree que Puigdemont confía en que el PSOE se desmarque del Gobierno. Además espera la pátina habitual de declararse víctima de un Estado opresor y mártir de la democracia. El Gobierno ha pasado de los recursos del TC a hechos más tangibles. Y en el Consejo de Ministros de este viernes dará el primer paso para intervenir las cuentas de la Generalitat y cortar las vías de financiación del referéndum.
No habrá diálogo el 2-O
El choque entre la Generalitat y el Estado es ya un hecho. Los diques están completamente rotos. Incluso el 2 de octubre se vislumbra como un enorme problema. No hay interlocutores ni diálogo posible. Los 712 alcaldes citados a declarar dicen que irán a la Fiscalía, pero sin intención alguna de desdecirse o negarse a colocar las urnas el 1-O. En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau dijo que facilitará la participación en el referéndum sin dar más detalles. Y el vicepresidente Oriol Junqueras aseguró que no enviará la información de gastos que requiere semanalmente Cristóbal Montoro.
Nada hace pensar que Puigdemont y Junqueras vayan a dar un paso atrás. Los dos abrieron el jueves el primer gran mitin de campaña a favor del sí en la plaza de toros de Tarragona. La Delegación del Gobierno en Cataluña avisó de que era una ilegalidad. Es cierto que todas las autoridades y particulares están concernidas por la suspensión del TC, y que los cuerpos policiales tienen orden de actuar ante cualquier acto vinculado al referéndum. Pero nadie movió un dedo realmente por evitarlo: ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior. “Aquí hay dos legalidades: la que cumplimos todos y la de los independentistas que hacen lo que les da la gana. Estamos muy desamparados”, decía a este diario un portavoz municipal de Tarragona.
Rajoy visita este viernes Barcelona por primera vez desde que estalló la crisis institucional hace más de una semana. El presidente del Gobierno tiene previsto asistir a una junta directiva del PP catalán. Rajoy quiere trasladar a la opinión pública que tanto el Gobierno del país como la ley siguen vigentes en Cataluña.
Rajoy es consciente de que se acerca la hora de la verdad. El Gobierno comenzó descartando la suspensión de la autonomía catalana, pero el 155 no parece ya una opción tan lejana. Esta misma semana dejaban caer a los medios que se puede activar en cinco días. Hace un mes sugerían que el proceso podía durar semanas. El escenario, por lo tanto, está entre los previstos. La cuestión es si la medida probablemente más drástica que contempla Constitución mantendrá la unidad de acción de PP, PSOE y Ciudadanos.
Iglesias, contra todos
Puigdemont confía en romperla. El presidente de la Generalitat ya cuenta entre sus aliados con Pablo Iglesias. El líder de Podemos arremetió este jueves en las redes sociales contra el rey, el PP, Rajoy y lo que llamó “partidos monárquicos”. La Casa del Rey declinó responder a Iglesias a preguntas de este periódico. Al dirigente morado se le unió su socia Colau en Cataluña. La alcaldesa de Barcelona anunció que se podrá votar en Barcelona el 1-O. No parece que en colegios electorales, pero de alguna manera se facilitará. Algunos medios vendieron este mensaje como un acuerdo con la Generalitat. El PSC, que gobierna en coalición con Colau, lo desmintió categóricamente.
Ciudadanos ha garantizado su respaldo al Gobierno "sin fisuras". El PSOE ha apoyado al Gobierno hasta el momento. Sus más de 120 alcaldes se han posicionado en contra del 1-O sin reservas. Pedro Sánchez ha dicho que no es momento de siglas, sino de Estado de Derecho. Pero si se aplica el artículo 155, el PSOE puede dudar.
En la reunión que Sánchez y Rajoy mantuvieron en la Moncloa el 6 de julio, el 155 fue una línea roja. Es cierto que el PSOE no ha vuelto a trazar esa línea en público. Se limita a decir que apoyará al Gobierno. En cualquier caso, la decisión del 155 le corresponde a Rajoy. Sólo él puede tomarla y asumirla.
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