El sueldo de 170.000 funcionarios catalanes, en el aire

La nómina de los 170.000 empleados públicos de Cataluña pende de un hilo político cada vez más delgado. Tras el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la adopción de medidas extraordinarias que impidan que la Generalitat destine "un sólo euro" al referéndum del 1-O. 

El Consejo de Ministros tomó esta decisión después de que a mediados de la semana pasada el Govern anunciase a Hacienda que no informaría de sus cuentas hasta después del referéndum. Una decisión que se entendió como la gota que colmó el vaso de la desobediencia. Desde este jueves -día en que se publicará el decreto en el BOE- el Gobierno de Puigdemont no podrá emplear ni un euro en gastos no corrientes, es decir, sólo podrá hacer frente a gastos de personal y mantenimiento de los servicios públicos esenciales -Educación, Sanidad y Servicios Sociales-. Unos gastos que serán abonados por la Generalitat una vez que el Gobierno central los haya certificado.

En este sentido, a menos de diez días de que los funcionarios reciban su nómina, los 170.000 empleados públicos de Cataluña pueden sufrir las consecuencias del desafío secesionista. Debido a la orden de Montoro, será su cartera quien se encargará de los pagos, pero para ello necesita la información de todos los funcionarios. Sin embargo, esa información está en poder de la Generalitat, por lo que si el Gobierno de Puigdemont no colabora, podría haber retraso en las nóminas, tal y como advirtió el lunes Montoro.

A las tres de la tarde del miércoles la Generalitat reculó y la Invertentora General de Cataluña envió los certificados semanales de gasto con el objetivo de demostrar que no habían dedicado dinero al 1-O, según informó el Montoro en el Congreso de los Diputados. Pese a que el Gobierno autonómico haya vuelto a enviar los informes el Ministro afirma que no serán suficientes, algo que ya dijo el viernes 15 en el Consejo de Ministros, y que las medidas estarán en vigor durante meses.

Además, explicó que la Generalitat aún debe emitir un listado de pagos pendientes, como las nóminas de los funcionarios o los pagos a proveedores. En este sentido afirmó que está buscando "fórmulas" para poder pagar a los funcionarios catalanes aunque no reciba la información de la Generalitat. 

La Generalitat afirma tener dinero para pagar a los funcionarios

Por su parte, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, asegura que, pese a las medidas del Consejo de Ministros de las cuentas de la Generalitat, él mismo pagará los sueldos de los empleados públicos catalanes. Algo que, según Hacienda, no podrá hacer puesto que cualquier transferencia de las cuentas de la Generalitat debe estar supervisada por el Ministerio.

La decisión del Ejecutivo implica la retención de aproximadamente 1.400 millones de euros que mensualmente manda a la Generalitat. Sin embargo, antes de que el Consejo de Ministros tomase esa decisión ya se habían enviado unos 500 millones de euros como parte del total. Un dinero que está en manos de la Generalitat y que le alienta para seguir actuando como si la disposición de Montoro no existiera: “El Govern dispone de todos los recursos para hacer frente a sus obligaciones, y esto es lo que haremos. El Govern dispone del dinero para hacerlo, es su dinero y está en las cuentas de la Generalitat”, sentenció Junqueras.

El Gobierno de Puigdemont cree que la resolución del Consejo de Ministros no es válida y para demostrarlo presentaron el lunes un recurso contencioso administrativo ante el Supremo con el objetivo de frenar la congelación de sus cuentas. El recurso incluía la aplicación de medidas cautelares que impidiesen aplicar el acuerdo. Sin embargo, mientras que el Tribunal hace pública su postura -algo que requiere un margen amplio de tiempo- Montoro ya dispone de las cuentas. De hecho, la Abogacía del Estado, consultada por el Supremo, cree que la admisión del recurso no implica la suspensión.

Los bancos, en mitad de procés

Además, el Govern afirma que contactará con los bancos tanto por vía notarial como administrativa con el fin de hacerles saber que no pueden disponer del dinero de la Generalitat porque creen que las entidades cometerían una ilegalidad. “El Gobierno del Estado no puede exigir a un tercero que actúe fuera de la ley y deje de cumplir con las funciones que le tocan para favorecer sus objetivos políticos”, afirmó Junqueras. 

Sin embargo, las entidades bancarias recibieron a última hora del martes dos modelos de certificados que aseguran al Ejecutivo que controlan la caja de la Generalitat. Son dos certificados distintos: el primero es para los pagos básicos y deberá ser validado por Hacienda para que se haga la transferencia. El segundo es para otro modelo de pago y que requiere una declaración firmada por los proveedores, quienes deben dar fe de que el dinero no se destinará a actividades ilegales. Por su parte, las entidades que operan la tesorería del Govern -BBVA y CaixaBank- se encuentran en una posición delicada ya que ambos organismos, Gobierno central y Generalitat, reclaman su obediencia.

Además, el Ministerio de Hacienda decidió el lunes controlar el uso de las tarjetas de crédito por parte de altos cargos de la Generalitat, como parte del paquete de medidas anunciado por el Consejo de Ministros. Con esta medida pretenden evitar que los representantes públicos catalanes gasten dinero en desplazamiento o dietas para asistir a actos relacionados con el referéndum.