Así impide el Gobierno que la Generalitat desvíe dinero para financiar el 1-O

Desde esta semana la Conselleria de Economía de la Generalitat de Cataluña es tan sólo es un edificio vacío de contenido. La decisión del Gobierno de asumir directamente el control de los pagos en Cataluña ha atado de pies y manos al conseller de Economía. Oriol Junqueras dejará de tener de tener la batuta en su departamento al perder el control sobre los pagos, quedarse sin los 1.400 millones mensuales del sistema de financiación autonómica y desconectarse de sus funcionarios. La Generalitat sólo dispondrá del 10% de lo que ingresa habitualmente.

La decisión del Gobierno es la consecuencia de la carta enviada desde la Govern al Ministerio de Hacienda informando de que dejarían de dar cuenta sobre sus gastos de manera semanal y sólo lo harían mensualmente -de modo que no explicarían su gestión económica hasta después del 1 de octubre-. Después de la misiva, Hacienda actuó con contundencia adoptando medidas extraordinarias y sin precedentes para evitar que el dinero se desvíe al referéndum. Pero, ¿quién y cómo va a pagar que a partir de ahora en Cataluña?

¿Qué va a pagar Montoro?

Desde este momento la Generalitat no dispone de su presupuesto proveniente de la financiación autonómica libremente. El Gobierno central retiene la transferencia de aproximadamente 1.400 millones de euros que mensualmente manda a la Generalitat.

Es decir, todos los gastos previstos para cubrir los servicios públicos esenciales (educación, sanidad, servicios sociales y nóminas de los trabajadores públicos) los pagará directamente Hacienda, en lugar de la Generalitat como hasta ahora. De este modo, desde ahora el Govern tendrá que enviar un informe -firmado por la interventora general de Cataluña- donde se detallen los pagos que se tienen que realizar y demostrar su legalidad. Por su parte, los gastos no fundamentales que se paguen con financiación autonómica tendrán que estar acreditados ante Hacienda y será el Instituto de Crédito Oficial quien los abone, es decir, el propio Estado.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ve esta medida como un "novedoso control de pagos" para supervisar los gastos de la Generalitat ante la "situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Puigdemont.  

¿Y el dinero que recauda Cataluña?

En este sentido el Govern va a seguir controlando los tributos que él mismo recauda, unos 250 millones al mes. Pero el Gobierno central quiere asegurarse de que este efectivo no se use en el 1-O, por lo que desde Madrid se controlarán todos los movimientos bancarios de la Generalitat.

Estos se realizarán siempre a través de transferencia electrónica por lo que Hacienda va a exigir a los bancos que cualquier tipo de operación vaya acompañada de un informe de la Intervención General, de modo que si hubiera cualquier sospecha se debe informar a la Fiscalía inmediatamente. Este método es muy similar al que se usa para detectar operaciones delictivas de blanqueo de capitales.

¿Cómo afecta a la Generalitat?

Las medidas de Montoro representan de facto el control total de los gastos del Govern, pero no conlleva ningún tipo de recortes en cuanto a la aplicación de la Ley de Financiación Autonómica. Con este sistema Montoro pretende asegurarse de que la Generalitat no puede destinar dinero al 1-O ni con el capital que le llega con la financiación autonómica ni con los impuestos que Cataluña recaudan. Sin embargo, Montoro se asegura que su sistema no afecta a las competencias autonómicas para no incurrir en debates políticos, ya que desde Madrid sólo se vigila y se paga, la Generalitat seguirá decidiendo qué cantidad se destina a cada uno de los servicios fundamentales.

¿Cuánto tiempo puede durar esta medida?

El Gobierno central explicó en el último Consejo de Ministros que esta medida obedecía a una situación de excepcionalidad y que se mantendrá mientras esta dure y mientras la Generalitat "se siga negando a cumplir la ley y pongan en riesgo la prestación de servicios públicos, las transferencias a las familias y los pagos a la dependencia", explicó Montoro. 

¿Qué base jurídica tiene la medida?

El Ministerio de Hacienda se ha basado en la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que dispone que en situaciones de excepcionalidad el Gobierno pueda aplicar medidas extraordinarias.

¿Y si la Generalitat decide endeudarse para afrontar el referéndum?

La Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos decidió ir más allá e inhabilitar la capacidad de la Generalitat de realizar operaciones de endeudamiento a corto plazo, una capacidad que tienen todas las comunidades autónomas.

Con estas medidas si el Gobierno catalán quiere emprender alguna operación de deuda tendrá que ser aprobada por el Consejo de Ministros, algo que antes sólo necesitaban para las operaciones a largo plazo. Con esta operación Montoro impide que ningún banco financie el referéndum con apoyo público.

Una medida que complica la logística del 1-O

A comienzos de esta semana se cumple el periodo de 48 horas que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tenía para firmar el acuerdo de no disponibilidad de crédito. Un acuerdo que exige a Cataluña cancelar todas las partidas presupuestarias que no estén siendo aplicadas, una decisión que el Gobierno central quiere aplicar para no poner en riesgo los objetivos de déficit. Como el ejecutivo catalán dejará pasar el plazo será Montoro quien aplique las medidas pertinentes.

Por su parte, Junqueras quiere dar batalla por medio del Tribunal Supremo con un recurso con el que pretende evitar que se hagan efectivas las medidas aprobadas por el Gobierno. Con este recurso el vicepresidente de la Generalitat quiere solicitar medidas cautelares que suspenderían las normas. Sin embargo, de momento la estrategia de Junqueras no dará resultado ya que el Supremo puede discutir sobre si aceptar las medidas cautelares durante semanas, de manera que ya habría pasado el 1-O.

En este sentido, Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos, explica a EL ESPAÑOL que aunque la medida llega tarde -su grupo pidió en agosto que se intensificase el control al Govern- que "se aplique ahora tiene sentido ya que con la carta del jueves se pasó del incumplimiento a la desobediencia absoluta". Por ello, valora como positiva la medida puesto que cree que "garantiza los servicios públicos y complica muchísimo la logística del referéndum". Así como que demuestra el cinismo de Junqueras al recurrir a los mismos tribunales que desoye, "es delirante".