"La CUP hará de Cataluña la Venezuela de los Pirineos", advierte el Gobierno

El Gobierno no activará el artículo 155 antes del referéndum del 1 de octubre. Moncloa se prepara ahora para el pulso de la calle. Es un escenario que ya preveía y que precipitó la operación contra los altos cargos de la Generalitat. En su mensaje institucional, Mariano Rajoy advirtió a Carles Puigdemont que está a tiempo de evitar males mayores buscando en la calle una legitimidad que no tiene. El entorno del presidente del Gobierno cree que las primeras 48 horas de movilización no han sido todo lo numerosas que esperaba el separatismo. Pero sí detecta que la protesta empieza a estar dominada por un perfil de manifestante más "radical y violento". Es la hora de la CUP.  

"Comparaban Cataluña con Dinamarca y la van a terminar convirtiendo en la Venezuela de los Pirineos", dice un alto cargo de Ejecutivo. "Es el camino que llevamos".

El Gobierno empezó esta semana con la duda del artículo 155. El Consejo de Ministros de este viernes era la fecha límite para tenerlo listo antes del 1-O. El mecanismo es inédito en la historia de la democracia española y requiere una tramitación de al menos cinco días. Moncloa ha decidido finalmente aparcarlo, que no descartarlo: "Es una opción más entre otras muchas", aseguran.

Nadie esperaba a Montoro

Rajoy está satisfecho de cómo ha funcionado la intervención del Presupuesto de la Generalitat a través de la ley de Estabilidad. Era algo con lo que nadie contaba. En Cataluña tampoco contaban con Cristóbal Montoro. El Gobierno ya está ejerciendo como autoridad económica y ha autorizado el pago de la nómina de septiembre a los funcionarios catalanes.

El Gobierno está decidido a no permitir el referéndum. Sobre la movilización callejera mantienen la cabeza fría. Moncloa es consciente de la mala imagen que proyecta a la opinión pública nacional e internacional lo que ocurre estos días, pero va a respetar el derecho de reunión y manifestación. La lectura que hace el círculo más cercano a Rajoy es que el error histórico del proceso separatista que comenzó hace cinco años ha sido ceder gran parte de la iniciativa política a la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Este partido logró el 8% de los votos, 336.300 papeletas, en las elecciones de hace dos años.

"Les dejaron cobrarse la 'cabeza' de Artur Mas y han marcado el paso desde entonces", explican. "La CUP es un movimiento de origen anarquista, muy radical y de naturaleza violenta. Está muy alejado de la realidad de la sociedad catalana", añaden. El Gobierno considera que los llamamientos de Puigdemont, Oriol Junqueras y otras autoridades para que la movilización sea pacífica no son una casualidad: temen que la protesta se desboque.

Por eso, entre otras razones, Rajoy está convencido de que la calle pinchará tarde o temprano. El Gobierno concede que las detenciones del miércoles han movilizado a un sector indeciso de la sociedad catalana. Son personas que han "comprado", aseguran desde el Ejecutivo, el discurso de que la operación ordenada por el juzgado es un ataque al autogobierno de Cataluña.

"A una o dos calles de donde se producen las manifestaciones la gente está comprando y haciendo vida normal", cuentan. "Hay gente, nadie lo niega, pero las encuestas recientes no se equivocaban. El independentismo está perdiendo base".

La respuesta del Estado

El compromiso de Rajoy sigue intacto. El 1 de octubre no se celebrará. El Gobierno da por desmontada la estructura y la logística de la consulta. Y el Ministerio del Interior ha incrementado en varios miles el número de agentes de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña. Puigdemont dijo este jueves que tiene "planes de contingencia" para garantizar la organización del referéndum, que está suspendido por el Tribunal Constitucional. Tanto la justicia como el Gobierno siguen en alerta.

"Lo que estamos viendo es la respuesta de un Estado", dicen estas mismas fuentes. "El Gobierno es sólo una pequeña parte del Estado. Hay jueces, fiscales, Policía... España es un Estado derecho y se está defendiendo la democracia y los derechos de todos los españoles en general y los catalanes en particular".