Urkullu presiona a Rajoy para lograr las 37 transferencias pendientes

El Gobierno vasco, integrado por PNV y PSE-EE, ha abierto otro frente al Gobierno de Mariano Rajoy con la reclamación de las competencias derivadas del Estatuto de Autonomía de 1979 y aún pendientes de traspaso a la comunidad autónoma.

 Apela al cumplimiento de la ley que se exige en Cataluña y no escatima sus críticas a la actuación “recentralizadora” del Ejecutivo, a quien acusa de “ningunear” a Euskadi y querer convertir a las instituciones vascas en “monaguillo del poder central”. Una denuncia con la que describe la evolución del  estado autonómico tras la aprobación de la LOAPA en 1982 y  extiende al conjunto de los distintos gobiernos españoles, aunque hace hincapié en los dos últimos Ejecutivos, presididos por Mariano Rajoy.

Desde esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de  Santamaría tiene sobre la  mesa de diálogo abierta con su interlocutor en el Ejecutivo vasco, su portavoz y consejero Josu Erkoreka, un catálago actualizado de las 37 competencias que el País Vasco reclama para dar por cumplimentado el Estatuto de Gernika. Entre ellas, figuran como prioritarias el sistema penitenciario y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Las negociaciones, previstas desde julio,  tenían incluso fecha de inicio para el arranque de septiembre, pero la situación de Cataluña, que concentra todos los esfuerzos del Gobierno central, ha ido retrasando el primer encuentro y complicando las relaciones entre el PP y el PNV, principal socio del Ejecutivo vasco. Hasta el punto de que el clima de entendimiento y acuerdo alcanzado entre los dos partidos  al inicio de la legislatura se disipa por la reacción del Gobierno ante el problema catalán y los nacionalistas se cuestionan reeditar ahora  su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

“NINGUNEO A EUSKADI”

A  la vez que el Gobierno vasco exige las transferencias pendientes una ponencia desbroza en la Cámara de Vitoria el camino para la consecución de un nuevo estatus político para Euskadi que supere el actual Estatuto de Gernika.  De hecho, la actualización de las  competencias  por  transferir y otro informe, sobre la capacidad real de decisión de las instituciones vascas y los límites de sus políticas públicas, presentadas este viernes por Erkoreka, responden a ese mandato parlamentario.

El portavoz del Ejecutivo liderado por Urkullu ha sido rotundo  sobre las conclusiones de ambos  informes.  Ha  afirmado que el Gobierno central “incumple la ley” al no completar el Estatuto de Gernika, “una ley orgánica que se inserta en el núcleo duro legal de la arquitectura institucional del Estado”.

 Además “tiene una deuda histórica con Euskadi” porque adeuda 37 transferencias 37 años después de su aprobación. Y  “ningunea la singularidad histórico política” del País Vasco con “medidas unilaterales” y legislación “recentralizadora y uniformizadora”.

Ha señalado que realiza “un uso abusivo” de sus atribuciones para convertir a Euskadi “en una comunidad autónoma más”, que “cuestiona” la capacidad de Euskadi para autoorganizarse y que quiere convertir a las instituciones vascas en  “meros agentes auxiliares”, en un “monaguillo del poder central”.

37 COMPETENCIAS, 6 NUEVAS

De las cerca de 150 transferencias  contenidas en el Estatuto, el Gobierno vasco estima que aún falta por traspasar un total de 37.   Para actualizar su reclamación ha  partido del  “informe Zubía” elaborado en 1993 , ha extraído las asumidas a partir de entonces –algunas tan importantes como las de empleo- y cribado sus reivindicaciones en función de los cambios introducidos por la pertenencia a la Unión Europea y nuevas realidades.

El catálogo abarca distintas áreas e incluye, junto a las competencias ya mencionadas sobre prisiones y Seguridad Social, materias tan diversas como la gestión de puertos, aeropuertos, autopistas y ferrocarriles; la expedición de matrículas y de permisos de circulación de vehículos;  el control de los servicios de seguridad privada; y el traspaso del régimen municipal electoral.

A estas reivindicaciones ya conocidas el Gobierno vasco ha sumado otras seis de nuevo cuño relativas a inmigración, legislación sobre productos farmacéuticos, la asignación de identificación bibliográfica (ISBN e ISNN), la ordenación y gestión del litoral, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la gestión económica del seguro escolar.

La  reclamación sobre inmigración  no incluye  la competencia en extranjería, sino todas las actuaciones administrativas relacionadas con sanidad, bienestar social, desarrollo comunitario y trabajo. Un traspaso que el Gobierno justifica por la necesidad de “dotarse de nuevos instrumentos para recibir a los inmigrantes en condiciones dignas”, según ha expuesto el consejero de Gobernanza Pública  y Autogobierno.

“NO A LA CAJA ÚNICA”

Erkoreka ha incidido no obstante en las dos reclamaciones prioritarias para su Gobierno. Sobre la más conflictiva, el régimen económico de la Seguridad Social, ha diferenciado entre “caja única” y “unidad de caja”, pidiendo al Gobierno que no confunda“deliberadamente” ambos conceptos.

  “La caja única sólo admite un cajero  y la unidad de caja admite muchos”, ha expuesto  gráficamente en alusión a que no quieren romper la hucha de las pensiones pero sí  gestionar la recaudación  y el pago  de “manera más próxima y eficaz” para  contar con nuevos recursos que impulsen el crecimiento económico y el empleo.  “Los flujos económicos pueden ser los mismos, el fondo puede ser el mismo, pero es compatible con la existencia de numerosos cajeros que gestionan unas mismas normas de gestión del mismo régimen económico”, ha puntualizado.

Sobre la otra demanda prioritaria, las prisiones, Erkoreka ha mencionado que ya están trasferidas en Cataluña y el desarme de ETA para concluir que “todos los pretextos carecen ya de sentido”.

¿MONEDA DE CAMBIO?

En reiteradas ocasiones el portavoz del Ejecutivo vasco ha llamado al Gobierno de Rajoy a cumplir la ley  bajo el paraguas de la exigencia que “predica” en Cataluña. “El Gobierno no puede seguir incumpliendo leyes suyas y nuestras cuando está apelando permanentemente al cumplimiento de la ley “, ha expuesto sin querer mirarse en el espejo catalán más allá, ni querer opinar sobre las consecuencias del distanciamiento que está produciendo en las Cortes entre los socios presupuestarios PNV y PP.

Con el argumento de que la negociación de las cuentas del Estado corresponde al Grupo vasco en el Congreso y no al Gobierno de Urkullu ha rehuido todas las preguntas sobre si las transferencias estarán en una hipotética mesa de negociación de los PGE para 2018. “El Gobierno no es un actor parlamentario que  pueda poner condiciones”, ha insistido, obviando que los últimos triunfos del diálogo entre las Administraciones central y vasca  sobre el Cupo, el Concierto o la Ertzaintza obtenidos en la primavera pasada se desarrollaron en paralelo a las negociaciones  PP-PNV que culminaron en el acuerdo sobre los Presupuestos actuales.

 Sí ha reconocido no obstante la evidencia de que  la llegada de nuevas transferencias “coincide” siempre en el tiempo con los periodos en los que los gobiernos españoles están necesitados de apoyos, pese a que ha mantenido que  el cumplimiento de la ley “no debería estar subordinado a negociaciones coyunturales”.

Aunque las relaciones entre PNV y PP sigan deteriorándose en el Congreso de los Diputados, el Gobierno vasco posee una baza poderosa, la de haber deslindado la situación de Cataluña de sus relaciones con el Ejecutivo de Rajoy  y la necesidad de éste último de reivindicar la posibilidad de llegar a acuerdos con el nacionalismo moderado.