El 1 de octubre va camino de convertirse en un éxito de imagen en gran parte de Cataluña. El Gobierno ha primado el orden público y la unidad de acción con el PSOE y Ciudadanos sobre cualquier otra consideración.
Moncloa recuerda que todos los cargos públicos y personas que colaboren en la organización del referéndum saben las consecuencias judiciales a las que se enfrentan. El voto, dice el Ejecutivo, no tiene validez, ni reconocimiento internacional alguno. Y si Carles Puigdemont declara la independencia unilateral, el Gobierno responderá con todo el peso de la ley y probablemente el artículo 155. Pero ese puente se cruzará la semana que viene. Ahora, todo indica que se votará el 1-O en la mayoría de los pueblos de Cataluña. En las capitales de provincia y las ciudades más pobladas, no habrá una jornada electoral al uso pero probablemente también se vote.
La tensión sigue en todo lo alto en las horas previas al referéndum. El Gobierno se inclina por tolerar otro 9-N en la creencia de que, por un lado, no hay censo ni papeletas ni urnas y, por otro, conviene evitar altercados. Sin embargo, este ejercicio de contención y la falta de un relato público que lo avale amenazan con volverse en su contra como un bumerán. Miles de personas en Madrid, pero también en otras ciudades del país, se están manifestando este sábado a favor de la unidad de España en un fin de semana que marca un punto de inflexión histórico para el país. Hay numerosas críticas a la falta de comunicación por parte del Ejecutivo desde dentro del propio Gobierno, así como en Zarzuela y otros partidos de la oposición. Sólo la gravedad de la situación ha evitado que ese malestar salte a los medios.
Un millón de votos
En Cataluña, los preparativos siguen adelante. La ANC ha dicho que un millón de votos son suficientes para declarar el referéndum como válido y proclamar la independencia. La cifra está casi asegurada. En los 700 de municipios con alcaldes independentistas, que representan entre un 30 y un 35% de la población, el voto se da por supuesto. Sus alcaldes han declarado ante la Fiscalía y actúan bajo riesgo de inhabilitación. Pero colaborarán de todas maneras.
En estos municipios se han utilizado todo tipo de artimañas para entregar las citaciones a las mesas. Se ha convocado a los vecinos con excusas en los ayuntamientos e incluso se han dejado los papeles debajo de las piedras. Los colegios electorales de estos pueblos, cuyos directores también están apercibidos por la Fiscalía, están dispuestos a abrir. Si por casualidad alguno de ellos es contrario al proceso, la presión del separatismo está siendo implacable. Disfrazado de proceso democrático, claveles, rosas y demás parafernalia, la ANC, Omnium y el separatismo en general han amenazado a toda persona contraria a la independencia.
“Cumplir la ley tiene un coste muy elevado en Cataluña”, dice el director de un instituto catalán contrario al 1-O que prefiere guardar el anonimato y su municipio de origen. “La gente tiene miedo, no a las hordas separatistas sino a los superiores con los que se van a tener que relacionar al día siguiente y que están a favor del referéndum”.
El separatismo ha puesto también en marcha una campaña de ocupación de colegios electorales en las capitales de provincia y grandes ciudades, con alcaldes contrarios al 1-O en su mayoría. Los encierros se están en realizando con menores, pero no han sido todo lo numerosos que se esperaba. Sólo unos 160 de los más de 1.3000 colegios visitados hasta ahora por la Policía están ocupados. La justicia ha ordenado a los Mossos precintar los colegios electorales, pero la arbitrariedad del proceso es tan grande que nadie conoce verdaderamente sus centros de votación. La ANC abre y cierra colegios de un día para otro en función de sus propios intereses. El delirio de todo el proceso se resume en el acta que está levantando los agentes de los Mossos. El atestado reconoce como causa para no actuar “la negativa reiterada de los manifestantes” a abandonar el lugar.
Moncloa quiere evitar incidentes graves, por eso se ha dejado libre la calle para la movilización. Sin embargo, el independentismo pide votar sólo en centros habilitados y pide a sus seguidores concentrarse a partir de las 5 de la mañana. Aunque hay pocos colegios ocupados, están estratégicamente localizados en las capitales, donde hay centenares de periodistas de todo el mundo.
Preocupación del Rey
Además de la imagen de votaciones, el separatismo también busca los incidentes. Su campaña ante los medios internacionales se ha centrado no en defender la legitimidad del referéndum sino en presentar a España como un país “fascista” y antidemocrático. La conexión rusa liderada por Julian Assange y Edward Snowden ha sido la gran canalizadora de este mensaje.
Con estos mimbres y una sociedad cada vez más movilizada en toda España, cualquier chispa puede encender la jornada del domingo. El desafío ha llegado tan lejos que tanto el Gobierno como la oposición dan por hecho que Puigdemont llevará una declaración de independencia al Parlament la próxima semana. El rey Felipe VI y el presidente Mariano Rajoy han vaciado sus agendas para hacer frente a la mayor crisis institucional que vive España desde la Transición.
La posibilidad de que el rey se dirija a la Nación el domingo está encima de la mesa, pero dependerá del cariz que tomen los acontecimientos. En principio, habrá una declaración institucional del presidente Rajoy.