Cospedal, Guindos, Dastis y Catalá, partidarios de iniciar ya los trámites del 155

El Gobierno está dividido entre los partidarios de iniciar ya los trámites del artículo 155 y los que todavía cuestionan la conveniencia de su aplicación. De una parte, los ministros de Defensa, María Dolores de Cospedal; Economía, Luis de Guindos; Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis; y Justicia, Rafael Catalá, consideran que no se puede esperar un minuto más y piden coraje y valentía política para resolver la crisis en Cataluña antes de que sea demasiado tarde. De otra, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dudan.

El mensaje de Felipe VI ha sido una inyección de energía a todos los niveles del Gobierno, que vive sus horas más difíciles por la crisis en Cataluña. El Rey ha asumido el liderazgo constitucional, pero ha hipotecado su futuro personal y el de la Corona con un discurso que no deja lugar a interpretaciones. Una parte del Ejecutivo entiende que el mensaje es inequívoco. “No le podemos pedir más al Rey”, dicen. “Nos toca a nosotros. Se nos pide ser proactivos y no reactivos”, añaden.

Ministros 'de Estado'

Los llamados ministros de Estado han dado un paso al frente. De este grupo se ha caído el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, noqueado por la acumulación de incendios en Cataluña. Este núcleo duro del Consejo de Ministros está muy molesto con la gestión de Sáenz de Santamaría en Cataluña. Sostienen que la vicepresidenta lideró en solitario y casi en secreto la respuesta al desafío separatista. Pero cuando han venido mal dadas y se ha constatado la falta de un plan B tanto en la jornada del 1-O como en los días posteriores, su respuesta ha sido repartir culpas entre los ministerios.

Lo que plantean Cospedal, Dastis, Guindos y Catalá es cumplir con lo que pidió el Rey: restablecer el orden constitucional en Cataluña. Y asumir el coste político de una decisión -la del 155- que no será fácil de aplicar y ejecutar. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha puesto encima de la mesa una posible fecha para la declaración unilateral de independencia: el lunes 9 de octubre. El objetivo es anticiparse a lo inevitable.

Nadie niega que hay que hablar de las cargas policiales del 1-O, que la Constitución actual está superada y que se abre un período prácticamente constituyente en España. Pero lo importante ahora es parar el golpe y explicar tanto dentro como fuera de España cómo funciona el 155.

Se cita como ejemplo el apoyo sin fisuras que está dando todos los países europeos a la Constitución española, rechazando la supuesta mediación que se ha sacado de la manga Puigdemont. Fuentes cercanas a uno de estos Ministerios recuerdan además que el Rey interpeló a todos los poderes del Estado y piden a esos poderes que se movilicen. No sólo jueces, fiscales, Cortes Generales y Gobierno, también, por ejemplo, los presidentes autonómicos.

El problema es que mientras un sector del Gobierno trabaja en esta dirección, Sáenz de Santamaría y su equipo todavía no lo tienen claro. Y esa misma parálisis afecta a Rajoy y a parte del PP. El coste del 155, unido a las dudas del PSOE, está frenando a Rajoy. El mensaje de Felipe VI, la iniciativa de los ministros de Estado y la mayoría de altos cargos de la Administración tratan de empujar al presidente a que restablezca el Estado de Derecho y la Constitución en Cataluña antes de que no haya vuelta atrás.

El problema, advierten, es que no hay plan alternativo al 155. El entorno de Soraya, muy afectado por lo ocurrido estos días, se inclina por agarrarse a las causas judiciales abiertas contra el Govern y esperar a que de alguna manera la calle devore a Puigdemont. Tanto en vicepresidencia como en presidencia, el análisis que se ha hecho todos estos años es que la Convergéncia moderada terminaría descarrilando el proceso separatista. El jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, ha sido uno de los principales defensores de esa tesis.

Nueva política de comunicación

Ahora ya no está tan claro. Las opciones de echar el freno se agotan. La ambigüedad de la convocatoria del pleno del lunes y el mensaje institucional de Puigdemont, en el que no mencionó la declaración de independencia, sugieren que hay debate interno en el separatismo, pero no una gran crisis.

La novedad con respecto a otras intervenciones del president de la Generalitat es que el Gobierno salió a responder a Puigdemont inmediatamente. Lo hizo Sáenz de Santamaría con una declaración sin mucho contenido político, pero efectivo. La vicepresidenta dijo que causaba "sonrojo" que Puigdemont recordase al monarca sus obligaciones constitucionales, cuando él se las ha saltado todas. La respuesta indica un cambio de estrategia en la política de comunicación del Gobierno, hasta ahora inexistente.  

A pesar de esta novedad, que es significativa, las dudas sobre la salida a la crisis catalana persisten en vicepresidencia. Si la unidad de acción PP-PSOE es uno de los deseos de Rajoy, la petición del PSOE de reprobar a Sáenz de Santamaría por las cargas policiales del 1-O no ha ayudado. El rechazo a la iniciativa ha sido unánime en el Gobierno. No se ha entendido que en estos momentos tan complicados, el principal partido de la oposición ponga el foco en el fiasco policial en lugar de en la ilegalidad manifiesta de la Generalitat.