Puigdemont alegará vulneranción de los derechos humanos para quedarse en Bélgica

"Le veo muy combativo, da la impresión de estar muy seguro de sí mismo, no se encuentra en una situación de pánico", dice de Carles Puigdemont su asesor jurídico belga, Paul Bekaert, abogado histórico de los terroristas de ETA huidos a Bélgica. El ex presidente catalán parece dispuesto a atrincherarse en Bélgica con el fin de dilatar al máximo la acción de la justicia española. Al menos hasta después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, ya que una euroorden de extradición tarda 60 días en tramitarse.

"Mi cliente está dispuesto a colaborar con la justicia pero quiere hacerlo en Bruselas", ha dicho Bekaert en una entrevista con La Sexta desde su domicilio en la ciudad belga de Tielt. Así justifica el abogado la negativa de Puigdemont a comparecer este jueves ante la Audiencia Nacional en Madrid, que le ha citado por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación. Ofrecía como alternativas declarar en Bélgica o por videoconferencia, algo que según Bekaert la legislación permite aunque la justicia española no lo acepte.

Puigdemont ha descartado ya definitivamente pedir asilo político en Bélgica. Es una posibilidad que contempla la ley belga para ciudadanos de otros países de la UE, pero la mayor parte de peticiones se rechazan por infundadas. "Hemos abandonado esa pista", ha explicado Bekaert en otra entrevista a Telecinco. Lo que sí va a hacer Puigdemont es defenderse de la orden europea de detención y entrega que curse la justicia española para extraditarle.

Y el argumento del ex presidente de la Generalitat será el mismo que Bekaert ya utilizó en el caso de los etarras refugiados en Bélgica: que en España se vulneran los derechos humanos. "Es evidentemente un argumento que está en la ley de la euroorden, que dice que cuando hay riesgo de violación de estos derechos, los tribunales belgas pueden rechazar la extradición", relata el abogado, que también ha asumido la defensa de los 4 ex consellers que siguen en Bruselas con Puigdemont. Se trata de Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

"Ya he tenido casos contra España en los que han rechazado por este motivo una extradición. Ya he logrado dos sentencias en este sentido", presume Bekaert. La última es la que ampara a la etarra del comando Vizcaya Natividad Jáuregui, cuya extradición fue denegada por la justicia belga en 2013 y que sigue residiendo en Gante. Eso sí, el abogado no ha querido desvelar qué tipo de vulneración de los derechos humanos alegará en el caso de Puigemont.

"Hay muchos tipos. Por ejemplo, Holanda ha rechazado una extracción a Bélgica porque la situación de los presos en Bélgica no se ajusta a la ley. Los vascos están en la cárcel lejos de sus familias, así que es una violación de los derechos humanos porque las convenciones internacionales dicen que los presos deben estar lo más cerca posible de sus familias. Esas son violaciones de los derechos humanos que pueden impedir una extradición", asegura Bekaert.

Durante su caótica y tumultuosa rueda de prensa del martes, el propio Puigdemont sostuvo que los cargos presentados contra él por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "no tienen fundamento legal sino que se refieren a hechos políticos". "Es una denuncia que se centra en la persecución de una idea, de un pueblo, y no de un delito", alega el ex presidente catalán.

"La desproporción de las penas pedidas por el fiscal, reprobado por el Congreso español, equivalentes a delitos como el asesinato o el terrorismo, demuestran que estamos ante un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español", sostiene el autoproclamado "Gobierno legítimo" de Cataluña en un comunicado. "En ningún caso el presidente y los consellers que se quedan en Bruselas contemplan eludir la justicia, sino que justamente la reclaman", dice el comunicado.

60 días para tramitar la euroorden

Una vez que la justicia española emita una orden de detención y entrega contra Puigdemont, los tribunales belgas tienen un máximo de 60 días para resolver (prorrogable a 90 en casos excepcionales). Es decir, de aquí a final de año. El propio abogado de Puigdemont se fija este plazo de dos meses para que la petición de extradición de España se acepte o se deniegue.

La euroorden, impulsada por el entonces ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, sustituye el complejo y dilatado sistema tradicional de extradición por un mecanismo más simple y más rápido de entrega de personas buscadas. En vigor desde el año 2004, se basa en el principio de confianza mutua entre los países de la UE de que se respetan los derechos fundamentales.

Por eso, la vulneración de los derechos humanos no figura expresamente entre los motivos tasados para denegar una euroorden. Pero Bélgica sí que lo ha incorporado en su legislación nacional y sus jueces ya lo han usado como argumento en el pasado. La euroorden se tramita enteramente por vía judicial y el poder político no puede intervenir en ninguna fase del procedimiento. Es decir, no podrá haber un bloqueo político a la extradición de Puigdemont pese a la simpatía de la que goza entre los nacionalistas flamencos.

Bélgica no está entre los países más diligentes de la UE a la hora de tramitar órdenes de detención y entrega. Según las últimas estadísticas de la Comisión, en 2015 recibió 312 peticiones y sólo entregó a 22 personas (el 7% del total). 17 fueron denegadas. En contraste, España recibió 984 solicitudes y entregó a 513 personas (el 52%). 49 casos fueron denegados.

Una vez que reciba la euroorden, la justicia belga deberá decidir si detiene o no a Puigdemont durante el periodo de tramitación. Se trata de una medida que se utiliza para impedir el riesgo de fuga. Pero se pueden decretar otras alternativas como la obligación de comparecer periódicamente o la vigilancia telemática.

Si Puigdemont no se opusiera, la euroorden se ejecuta en un plazo máximo de 10 días. En caso contrario, el plazo máximo de 60 días incluye hasta cuatro posibilidades de recurso ante diferentes instancias judiciales. La primera decisión recurrible de los tribunales belgas sobre si aceptan o no la extradición tardará 15 días. Así que la aventura bruselense del ex presidente catalán parece lejos de terminar.

Y aunque la extradición se tramitará al margen de criterios políticos, el 'exilio' de Puigdemont en Bruselas ha tensado las relaciones entre España y Bélgica y amenaza con hacer estallar el Gobierno belga. El primer ministro, el liberal Charles Michel, ha intentado marcar distancias con el ex presidente catalán: no se le ha invitado y tendrá los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano.

No piensa igual su socio de Gobierno, los nacionalistas flamencos de la N-VA. El líder de la formación, Bart de Wever, ha dejado claro que "Puigdemont es un amigo siempre bienvenido al que no se le deja caer". Y asume los argumentos del ex presidente catalán y su abogado. "El presidente español Rajoy ha jugado un juego muy cínico, en el que ha recurrido a la violencia contra sus propios ciudadanos", afirma.