Puigdemont y sus exconsellers, detenidos por orden del fiscal tras entregarse a la policía
El juez debe decidir en 24 horas si decreta prisión provisional o medidas alternativas para evitar el riesgo de fuga.
5 noviembre, 2017 13:41Noticias relacionadas
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La Policía belga ha detenido este domingo en Bruselas al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y a los cuatro exconsellers que le acompañan en su exilio en Bélgica en aplicación de la orden de detención y entrega emitida por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Lamela les acusa de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.
Puigdemont y los exconsellers se han personado voluntariamente a las 9:17 de la mañana en una comisaría de la Policía Federal belga en el centro de Bruselas. La entrega había sido pactada por los abogados con la Fiscalía de Bruselas y los cinco políticos han cumplido su compromiso, ha explicado el portavoz del Ministerio Público, Gilles Dejemeppe.
Una vez en la comisaría, se les han notificado las euroórdenes en presencia de sus abogados, entre ellos el asesor histórico de ETA Paul Bekaert. Después han sido trasladados en vehículos policiales a la sede de la Fiscalía de Bruselas, donde se encuentran detenidos en estos momentos por un máximo de 24 horas. "Están privados de libertad desde las 9:17 de la mañana", señala Dejemeppe.
Los cinco detenidos serán escuchados durante la tarde del domingo por el juez de instrucción encargado de tramitar las euroórdenes. Sus abogados estarán presentes. El juez dispone de un plazo máximo de 24 horas para pronunciarse sobre su libertad. Es decir, debe decidir antes de las 9:17 de la mañana del lunes si les mantiene en prisión provisional, tal y como pide la juez Lamela, si decreta libertad bajo fianza o les impone otras medidas cautelares.
El portavoz de la Fiscalía ha explicado que la decisión podría llegar entre las 21:00 y las 22:00 de la noche del domingo. Si el juez decreta prisión provisional, los cinco serán trasladados a una prisión belga. Si les deja en libertad, podría decretar medidas como la obligación de tener un domicilio fijo en Bruselas o la prohibición de comunicarse con la prensa, según el portavoz.
El neerlandés, lengua de procedimiento
Puigdemont y los exconsellers han escogido el neerlandés como lengua de procedimiento, pese a que ninguno de ellos lo habla ni lo entiende y el expresidente catalán sí habla francés. El portavoz de la fiscalía lo atribuye a un consejo de Bekaert, que sí es flamenco. La elección aumenta las posibilidades de que los jueces designados sean también flamencos (o bilingües). Los asesores de Puigdemont creen que entre los flamencos encuentran más simpatías a su causa.
Los exconsellers detenidos son Antoni Comín (que ocupaba la cartera de Sanidad), Clara Ponsatí (Educación), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). En la sede de la Fiscalía de Bruselas se han congregado casi un centenar de periodistas para seguir las últimas novedades del caso.
Si Puigdemont y sus colegas aceptan voluntariamente ser transferidos a España, la entrega se realizaría en un plazo máximo de 10 días. Pero el ex presidente de la Generalitat ya ha dejado claro que se opondrá a la euroorden. Alegará que en España no se respetan sus derechos fundamentales, en particular el derecho a un juicio justo. En este caso, la justicia de Bélgica tiene 60 días para decidir sobre la entrega, prorrogables hasta 90. Es decir, Puigdemont podría quedarse en Bruselas hasta después de las elecciones del 21 de diciembre.
Los cinco detenido disponen de tres instancias judiciales para hacer valer su caso. La Cámara del Consejo, la primera instancia judicial, tomará una decisión en un plazo de 15 días. Tanto la Fiscalía como el propio Puigdemont pueden presentar recurso contra este fallo ante la Sala de Acusación, la segunda instancia judicial para la euroorden en Bélgica. Ésta dispondrá de otros 15 días para emitir su dictamen. Es decir, habría una decisión en segunda instancia para principios de diciembre. Contra este fallo todavía cabe recurso de casación, que puede alargar aún más los plazos.
Una fuga de una semana
Puigdemont y sus exconsellers se fugaron a Bruselas el pasado lunes, el primer día laborable después de haber proclamado la República Catalana, que no ha sido reconocida por ningún país del mundo. Se marcharon en coche hasta Marsella y allí cogieron el avión hacia la capital de la Unión Europea. Llegaban después de que el ministro belga de Inmigración, Theo Francken, figura emergente del partido nacionalista flamenco N-VA, le ofreciera asilo político.
El lunes, Puigdemont no se dejó ver en Bruselas. Pero sí que anunció que había contratado los servicios de Paul Bekaert, histórico abogado de los miembros de ETA huidos a Bélgica y especialista en tumbar las euroórdenes enviadas por España. Un signo claro de que no tenía intención de comparecer ante la justicia española.
El martes, el ex presidente catalán protagonizó una de las ruedas de prensa más caóticas que se recuerdan en Bruselas ante los corresponsales de todo el mundo acreditados en la UE. Su equipo trató de reservar una sala amplia en el edificio que acoge a la prensa internacional, el Residence Palace. Pero las instalaciones están gestionadas por los servicios del primer ministro belga, Charles Michel, que denegó su petición como muestra de incomodidad.
La sala alternativa no tenía capacidad suficiente para todos los periodistas y Puigdemont y sus exconsellers tuvieron que abrirse paso a empujones. En la rueda de prensa, justificó su huida por la "violencia" que según dijo preparaba el Gobierno español contra la República Catalana. Anunció que los partidos secesionistas se presentarían a las elecciones autonómicas del 21-D y que se las planteaban como un plebiscito sobre la independencia. Y dijo que no volvería a España hasta obtener "garantías" de un juicio justo.
¿Candidato desde Bruselas?
El miércoles, el abogado Bekaert confirmó que Puigdemont no acudiría a la citación judicial para declarar ante la Audiencia Nacional. El expresidente catalán ha mantenido un perfil clandestino en Bruselas, comunicándose sobre todo a través de Twitter y dejándose ver en contadas excepciones.
No se sabe dónde se aloja ni quién paga su estancia. Tampoco se ha reunido con ningún dirigente de la UE ni de Bélgica. El jueves, tras la prisión provisional de la mitad de su Gobierno, precisamente por el riesgo de fuga que su viaje a Bruselas había puesto en evidencia, grabó un vídeo de protesta y lo envió a TV3.
La presencia de Puigdemont en Bruselas ha provocado una grave crisis en el Gobierno belga. El primer ministro, el liberal valón Charles Michel, ha tratado de marcar distancias y ha dicho que se le tratará como a cualquier otro ciudadano europeo. Pero sus socios de coalición de la N-VA, los nacionalistas flamencos, consideran "amigo" al expresidente catalán y han criticado a la justicia española.
El viernes, Puigdemont concedió una entrevista a la televisión belga francófona RTBF. Allí se ofreció como candidato a las elecciones del 21-D y dijo que haría campaña desde Bélgica. También reclamó una lista conjunta de los partidos secesionistas, algo que de momento han rechazado sus socios de ERC. La Fiscalía belga recibió a última hora del día la euroorden de la juez Lamela, y se ha tomado 24 horas para examinarla. A partir de este domingo empiezan a correr todos los plazos.