El Gobierno se prepara para al menos otros cuatro meses de 155 en Cataluña. Moncloa cree que ni se reeditará la mayoría absoluta independentista de los dos últimos años ni habrá mayoría constitucionalista el 21-D. Y que la formación de un gobierno autonómico quedará bloqueada. La cuestión es por cuánto tiempo y a qué coste. Mientras no haya nuevo presidente de la Generalitat, el 155 seguirá vigente.
Las encuestas del 21-D prevén un escenario postelectoral endiablado. A falta del resultado definitivo, en el que nadie descarta sorpresas, los vetos cruzados entre partidos hacen casi inviable la formación de una mayoría parlamentaria para la investidura. El problema es que el bloqueo puede estirarse durante meses si ningún candidato se sacrifica a una investidura fallida.
El caso de Rajoy
El caso es similar al que se vivió con Mariano Rajoy después del 26-J. El presidente aceptó el encargo del Rey para formar Gobierno. Pero la ley no estipula un plazo concreto para fijar el debate de investidura. Y Rajoy estiró el chicle todo lo que pudo. El Estatuto de Cataluña sí establece límites. La primera investidura no debería celebrarse más allá del 6 de febrero. Si fracasa esa votación, se pondría en marcha la cuenta atrás de dos meses hasta la convocatoria automática de elecciones autonómicas.
El Gobierno entiende que las negociaciones no serán fáciles y que se agotarán los plazos. Es decir, cuatro meses. Oriol Junqueras, líder de la primera fuerza independentista según los sondeos, está en prisión. Hay además otros cinco diputados en Bruselas -con Carles Puigdemont a la cabeza- que serán electos casi con toda seguridad. Sus votos, de no regresar a España o renunciar al acta, pueden ser cruciales.
El proceso, en el peor de los casos, culminaría en una repetición de elecciones. El Gobierno está preparado para mantener el 155 hasta que tome posesión el nuevo Ejecutivo autonómico. Es decir, el 155 podría estar vigente en Cataluña entre seis meses y un año.
El 155 lleva casi dos meses en vigor. La primera medida -y la más dura- fue la destitución de todo el Govern. A partir de entonces, la gestión ha sido administrativa, propia de un Gobierno en funciones. Y así seguirá siendo después de las elecciones. En este período, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que coordina la Generalitat con la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, apenas ha tomado decisiones políticas.
Sáenz de Santamaría defiende el 155
Sijena y Diplocat
La más importante ha sido motivada por un juzgado: la devolución de los bienes de Sijena a Aragón. También se ordenó la liquidación de Diplocat y las llamadas embajadas de Cataluña en el extranjero. El Gobierno ha liberado algunas de las partidas de su Presupuesto, intervenido por el Ministerio de Hacienda. Y en los últimos días se ha dejado entrever la "congelación" de subvenciones a algunas medios de comunicación. Por lo demás, se está cubriendo el expediente de cualquier administración autonómica.
El Gobierno tiene una presencia mínima en la Delegación del Gobierno en Cataluña. No hay una sola imagen de miembros del Ejecutivo en instituciones propias de Cataluña. Los técnicos de los diferentes ministerios viajan periódicamente a Cataluña a despachar los asuntos de gestión con las consejerías de su mismo ramo. La mayoría de estas visitas ha transcurrido correctamente, aunque algunas fuentes han relatado a este diario episodios puntuales de tensión y palabras gruesas entre funcionarios catalanes y altos cargos del Ejecutivo central.
Sin embargo, el balance general que se hace de la aplicación de este artículo inédito en la historia democrática española es positivo.