La crisis de las pensiones amenaza la inversión pública en los Presupuestos

La crisis del sistema de pensiones amenaza con restar cada vez más gasto del teóricamente reservado a otras políticas públicas como Sanidad y Educación en los Presupuestos. El progresivo envejecimiento de la población y la falta de una solución duradera están provocando que las pensiones ocupen más espacio de la tarta presupuestaria. En 2008, el gasto en pensiones era de 98.000 millones de euros. En 2017, la partida fue de más de 139.640 millones. Es decir, 40,7 euros de cada 100 se destinan a pagar pensiones, según datos del Ministerio de Hacienda.

Las pensiones se enfrentan a un riesgo estructural grave para la sostenibilidad del sistema a medio plazo. Las predicciones estiman que para el año 2050 habrá unos 8 millones de pensionistas más que en la actualidad, pero con entre 7 y 8 millones menos de trabajadores y, por lo tanto, de contribuyentes. España tiene en este momento unos 9,5 millones de pensionistas, de los que 6 millones cobran una pensión por jubilación. Según han denunciado varios expertos en los últimos años, PP y PSOE han abusado de las prebendas políticas a los pensionistas, que conforman el grueso de su electorado. Se han tomado medidas como el retraso en la edad de jubilación y la introducción de un factor de sostenibilidad para el cálculo de las pensiones. Pero el sistema es cada vez más insostenible.

El Gobierno pidió esta semana un préstamo de hasta 16.000 millones al Tesoro para pagar las pensiones del 2018. Es la segunda vez que el Ejecutivo recurre al Tesoro Público ante el déficit de la Seguridad Social. Ya lo hizo en 2017, cuando solicitó un crédito de 10.000 millones. En diciembre, el Gobierno sacó casi 3.500 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, para pagar la extra de Navidad a los pensionistas. Con esta nueva retirada, el fondo cuenta con 8.095 millones de euros, una cifra muy alejada de los más de 66.000 millones del 2011.

Los nuevos impuestos de Sánchez

La cargo a extraordinario a deuda pública ha sido una de las fórmulas a las que ha recurrido el PP para el pago de las pensiones. Otra posible solución la ha aportado este martes Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha propuesto la creación de dos impuestos: uno a las transacciones financieras y otro extraordinario a la banca. Sánchez ha cifrado en entre 800 y 1.000 millones de euros anuales los ingresos que podría lograr con este impuesto extraordinario, que gravaría los beneficios de la banca.

"No queremos subir las cotizaciones a la Seguridad Social. No queremos elevar el coste del trabajo ni de contratación. Queremos abrir nuevos canales", ha dicho el secretario General de los socialistas.

A Podemos la música de Sánchez no le ha sonado mal, pero ha considerado "insuficiente" la propuesta del PSOE. El partido morado, que tiene su propia proposición de ley al respecto, quiere recuperar la revalorización de las pensiones conforme al IPC.  

Ciudadanos no ha hecho una lectura positiva de la propuesta de Sánchez. En opinión del partido naranja, tanto el préstamo del Tesoro como los nuevos impuestos son "parches" que no resuelven el problema de fondo. El portavoz de Economía en el Congreso, Toni Roldán, dice que los tributos de Sánchez los pagarán los consumidores en forma de tasas en los cajeros o de otro tipo. Y advierte de que los bancos podrían trasladar sus sedes al otro lado de la frontera.

"Lo que debe entender el señor Sánchez es que España no puede ser una isla financiera", explica Roldán a EL ESPAÑOL. "Un impuesto como el de las transacciones financieras debe negociarse a nivel europeo, como ya se intentó hace unos años aunque esté ahora paralizado. Lo que pedimos es una armonización fiscal en la Unión".

Mochila austríaca de Cs

Roldán asegura que el sistema de pensiones requiere una reforma estructural que garantice su sostenibilidad a largo plazo. Hay medidas intermedias. Ciudadanos comparte con otros partidos la posibilidad de cargar a los Presupuestos algunos gastos de la Seguridad Social como las bonificaciones a las empresas por los contratos indefinidos, determinados alquileres y gastos. El ahorro podría ser de entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año.

Como medidas de calado, el partido naranja defiende un cambio en el mercado laboral que termine con la temporalidad y el empleo precario, que, dice Roldán, condena a España a que no haya pensiones en el futuro. El partido naranja defiende desde de su fundación el contrato único para acabar con la dualidad temporal-indefinido de nuestro mercado laboral. Y también por una fórmula que se conoce como mochila austríaca y que se aplica en otros países de Europa.

Este sistema es un fondo de capitalización a favor del empleado mediante una aportación anual, a cambio de reducir la indemnización que la empresa debe abonar en caso de despido. Según Roldán, esta solución entrega al trabajador una información transparente y actualizada del dinero del que dispone para su jubilación, y le permite actuar en consecuencia.

Además de estas reformas, Roldán pide fomentar la conciliación familiar y en general cualquier medida que favorezca la natalidad. España está a la cola de Occidente en nacimientos y el riesgo que afronta al país por el desequilibrio de una población cada vez más envejecida va más allá de las pensiones.