Bruselas

Los eurodiputados independentistas del PDeCAT y de ERC -con el apoyo a veces de Podemos e Izquierda Unida- han venido bombardeando desde septiembre a la Comisión Europea con interpelaciones en las que denuncian supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales en Cataluña por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, la fiscalía y los jueces. El equipo que preside Jean-Claude Juncker no sólo ha desestimado sistemáticamente todas estas quejas por considerarlas infundadas sino que además reitera su respaldo a Rajoy frente a los secesionistas.

"La Comisión no tiene indicios de que las garantías previstas en el ordenamiento jurídico nacional de España no sean suficientes para proteger eficazmente el Estado de derecho", asegura el propio Juncker en una de las respuestas escritas a las interpelaciones independentistas. En este caso en concreto, los eurodiputados se quejaban de la "amenaza de detención" a 712 alcaldes por apoyar el 1-O y le pedían a la Comisión que activara sanciones contra España por no respetar el Estado de derecho, como ha hecho con Polonia.

Esta solicitud estaba firmada por los representantes del PDeCAT, Ramon Tremosa, y los de ERC, Jordi Solé y Josep-Maria Terricabras. Pero también por los eurodiputados de Podemos, Izquierda Unida y el PNV. En su respuesta, Juncker asegura no haber detectado los problemas denunciados, pese a que la Comisión "supervisa de forma permanente la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales nacionales, incluido el de España". Ni una palabra de desencadenar ningún tipo de sanción contra Rajoy.

Unidad y estabilidad frente a división y fragmentación

"Al margen de los aspectos puramente jurídicos de esta cuestión, consideramos que los tiempos actuales reclaman unidad y estabilidad, no división y fragmentación", resalta el presidente del Ejecutivo comunitario. Además reitera su "confianza en el liderazgo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para gestionar este difícil proceso garantizando el pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en ella consagrados". Y se remite al llamamiento que hizo público tras el 1-O para "pasar de la confrontación al diálogo".

Los eurodiputados independentistas han presentado otras muchas quejas ante la Comisión en las que denuncian el atentado a los derechos fundamentales por parte de la policía españolala vulneración de la libertad de prensa, información y reunión en España por las decisiones de la justicia, o la deriva autoritaria y represiva del Estado español por la detención de altos cargos de la Generalitat.

En todos los casos, la respuesta es la misma, aunque a veces la firma en lugar de Juncker la comisaria de Justicia, la checa Vera Jourova: apelación a la unidad frente a la fragmentación y confianza en Rajoy y en el sistema político español. Bruselas reitera su "llamamiento al absoluto respeto del orden constitucional español y su confianza en las instituciones españolas y todas las fuerzas políticas que están trabajando para encontrar una solución en el marco de la Constitución española".

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