Cambio de estrategia de Mariano Rajoy en Cataluña. El presidente del Gobierno ha solicitado un informe al Consejo de Estado para impugnar al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament que propone a Carles Puigdemont como candidato a la investidura. El argumento es que su estatus jurídico es "incompatible" con su presencia física en la Cámara, porque hay una orden de detención que se haría efectiva nada más entrar en España.
El recurso previo al propio acto de la investidura es una estrategia con la que nadie contaba. Y un cambio radical del criterio que venía defendiendo Rajoy tanto en público como en privado. El Gobierno, que se resignaba a que se celebrase el pleno, quiere bloquear ahora la candidatura de Puigdemont para que no llegue a la investidura ni por plasma ni colándose por un agujero. La impugnación se ha comunicado horas después de que la Mesa del Parlament anunciara que no abordará el formato del pleno hasta el martes 30, cerrando el paso a un recurso exprés y forzando al Ejecutivo a actuar con rapidez.
Torrent decidirá
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado en rueda de prensa que la impugnación es contra la resolución firmada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, el 22 de enero, pero publicada el 23 de enero. Según el Gobierno, esta resolución no puede cumplirse porque Puigdemont está huido y si regresa a España tendría restringido su derecho de "deambular" por el país y sería detenido.
Si el informe del Consejo de Estado es positivo, tal y como se espera, el Gobierno interpondrá el recurso en el Consejo de Ministros de este viernes. La suspensión de la resolución que propone a Puigdemont como candidato a la investidura sería inmediata una vez el TC admita a trámite el recurso.
"Nosotros decimos que el señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont", ha dicho Sáenz de Santamaría. "Pero puede proponer a otro".
A partir de ahí, la decisión quedaría en manos de Torrent. El movimiento del Gobierno abre un abanico infinito de opciones. Entre ellas, por ejemplo, que se proponga a un encarcelado como Oriol Junqueras o que no haya candidato. El Estatuto de Cataluña obliga a presentar un candidato a la investidura en los 10 posteriores a la constitución del Parlament, que fue el 17 de enero.
El Gobierno ignora a Ciudadanos
Otra de las novedades de esta medida es la ruptura de la unidad de acción de los partidos constitucionalistas desde que comenzó el golpe separatista. El Gobierno ha informado de su decisión al PSOE pero no a Ciudadanos, porque, asegura, "no se ha interesado por el tema". El partido naranja es la primera fuerza política del Parlament de Cataluña. Rajoy ha telefoneado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que le ha apoyado en la presentación de este recurso.
Fuentes de Moncloa han dicho que le han dado muchas vueltas y que lo tienen jurídicamente muy atado. Sáenz de Santamaría ha dicho que el Gobierno solo recurre la nominación de Puigdemont. Pero la decisión deja la puerta abierta a Junqueras, en prisión preventiva desde hace dos meses. Fuentes del Gobierno han señalado que si se propone al ex vicepresidente "tendrán que estudiarlo".
La vicepresidenta ha anunciado también que el Gobierno ha enviado una "consulta potestativa" al Consejo de Estado sobre un hipotético acuerdo de la Mesa que permita la investidura de una persona ausente de la Cámara y el voto delegado de los huidos en Bruselas. La idea, ha dicho, es anticiparse a la posible decisión de la Mesa, con mayoría separatista, y conocer si cabría recurso al Tribunal Constitucional.