El apresurado cambio de criterio del Gobierno sobre la forma de atajar la investidura de Carles Puigdemont ha chocado con un revés jurídico del Consejo de Estado que vuelve a poner en entredicho la estrategia de Soraya Sáenz de Santamaría en Cataluña. La vicepresidenta anunció este jueves por sorpresa un recurso al Tribunal Constitucional para impugnar la resolución del presidente del Parlament, Roger Torrent, que propone a Puigdemont como candidato a la investidura.
El recurso previo al propio acto de la investidura era una estrategia con la que nadie contaba. Y un cambio radical del criterio que venía defendiendo Mariano Rajoy tanto en público como en privado. El Gobierno, que se resignaba a que se celebrase el pleno de investidura, quería y quiere bloquear ahora la candidatura de Puigdemont para que no llegue a la investidura ni por plasma ni colándose por un agujero, y que Torrent se vea obligado a presentar otro candidato.
Sáenz de Santamaría estrenaba así línea dura. La vicepresidenta remarcaba además en rueda de prensa que el Ejecutivo actuaba en solitario y sin haberlo consultado con Ciudadanos, primera fuerza política en Cataluña. Rajoy, sin embargo, sí telefoneaba al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para explicarle su decisión.
Insólito informe negativo
La jugada se ha topado horas después con un insólito informe negativo del Consejo de Estado, que deja muy tocada la estrategia del Gobierno y regala munición retórica al separatismo. Es la primera vez que el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, emite un dictamen negativo en las actuaciones jurídicas sobre el pròces. Fuentes de Moncloa han asegurado que la intención del Consejo de Ministros es presentar el recurso al TC pese al varapalo. El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo pero no vinculante.
El informe da la razón al Ejecutivo en cuanto a que una investidura telemática o por voto delegado en la que el candidato esté a distancia, es decir, no presente físicamente en el Parlament, sería inconstitucional. Pero en la medida en que ninguno de esos elementos está incorporado en la resolución de Torrent designando candidato a la investidura no habría base para impugnarla ante el Constitucional.
Queda, por tanto, abierta la puerta a un recurso contra una eventual resolución de un órgano del Parlament que permitiera una investidura en condiciones contrarias al artículo 23 de la Constitución y al propio Reglamento de la Cámara catalana. Pero debería ser a posteriori de la investidura, que Torrent ha fijado para el martes 30 a las tres de la tarde.
No es contra el candidato
El patinazo pone el foco en Sáenz de Santamaría, muy cuestionada por su gestión de la crisis catalana. También en José Luis Ayllón, uno de sus hombres de confianza y valedor de este recurso. Ayllón será nombrado este viernes jefe de Gabinete del presidente.
Fuentes de Moncloa han explicado que el Gobierno no ha cambiado de estrategia, sino que la ha adaptado a los actos de las fuerzas independentistas. Según estas fuentes, el viaje de Torrent a Bruselas y otros hechos como que Puigdemont pida el voto delegado y luego retire esa petición prueban que el ex presidente catalan quiere ser investido desde Bélgica. "No es un recurso contra el candidato, sino contra la forma fraudulenta que quiere investirse", insisten estas fuentes.
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