La 'app' de Puigdemont, vetada a los políticos de EE.UU. por 'antidemocrática’

Si Carles Puigdemont fuera un cargo público en los EE.UU. acabaría también probablemente ante los tribunales, y no sólo por huir de la Justicia o por declarar la independencia de una parte del territorio. Aquí, desde hace más de un año, los grupos de derechos civiles y de libertad de prensa norteamericanos están luchando contra el uso de aplicaciones móviles como Signal, la que empleó el expresidente de la Generalitat para confesar su derrotado estado de ánimo al extitular de Sanidad, Toni Comín. El motivo, que su utilización por parte de miembros de la Administración o diputados atenta contra las normas democráticas de transparencia.

La pillada de El Programa de Ana Rosa al líder independentista catalán en Bruselas ha puesto de relieve que tanto él como sus colaboradores manejan habitualmente la aplicación Signal para comunicarse, a fin de no dejar rastro de posibles actos ilícitos. Aunque en el caso de Puigdemont no le ha sido de demasiada utilidad, los mensajes de texto y llamadas de voz que se realizan a través de esta herramienta se cifran de extremo a extremo, algo que hacen también otras compañías como WhatsApp. La diferencia es que Signal y otras apps similares no conservan ningún dato, encriptado o no, sobre sus usuarios ni permiten realizar copias de seguridad para restaurar el historial de mensajes, según detalla Ars Technica.

Hace justo un año, en febrero de 2017, el uso de estas aplicaciones móviles -Signal y Confide- centraron el debate en Washington, ya que su uso se había extendido entre los republicanos tanto en el Congreso como en la nueva Casa Blanca de Donald Trump, lo que hizo saltar las alarmas.

De hecho, tras la polémica, el entonces secretario de Prensa de la Administración Trump, Sean Spicer, decidió prohibir dichas aplicaciones, advirtiendo de que probablemente violaban la Ley de Registros Presidenciales al no dejar rastro.

"Viola la ley de Transparencia de Misuri"

La comparación con el caso de Puigdemont, como con el de cualquier otro cargo público español, es pertinente, ya que el líder independentista es diputado electo en una cámara legislativa, por lo que, según la normativa estadounidense, sus mensajes relativos a los asuntos públicos deberían quedar registrados.

En EE.UU. se toman muy en serio la defensa de la transparencia pública. Estos días, tanto Signal como Confide y otras apps similares han vuelto a saltar a los medios de comunicación por una nueva polémica, esta vez en el estado de Misuri. Su gobernador, Eric Greitens, ha sido demandado por hacer uso junto a sus colaboradores de estos sistemas de mensajería efímera.

"El uso de software de destrucción automática de comunicaciones por funcionarios electos y empleados gubernamentales es ilegal y constituye una conspiración en curso para violar la ley de Transparencia de Misuri y la de Registros Locales, sin mencionar una afrenta importante al gobierno transparente y las tradiciones democráticas de Misuri y los Estados Unidos”, señala la demanda en su encabezado.

En esta ocasión, han sido dos abogados activistas civiles de este Estado quienes, con el respaldo de organizaciones de periodistas, han llevado ante los tribunales a la oficina del gobernador por el uso de Signal y Confide. Los letrados han solicitado una orden de restricción temporal que impida el manejo actual y futuro de tales herramientas por parte del político y su personal, mientras que los representantes del gobernador han respondido que la medida no está justificada y atentaría contra su derecho a la libertad de expresión. Para colmo, el político se ha negado a aclarar desde cuándo se hace uso de estas apps en sus teléfonos.

Los demandantes entienden que Signal, Confide y otras aplicaciones de mensajería cifrada eliminan automáticamente los contenidos tras un cierto tiempo, lo que hace que el registro automático de esos mensajes sea muy difícil. Esto, en su opinión, choca con las leyes de transparencia de EE.UU. Incluso la Fiscalía General de Misuri ha abierto una investigación oficial sobre el tema.

"No es compatible con las libertades civiles"

Otro caso similar se dio en la la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. hace un año, donde se estaba usando Signal por parte de sus empleados. Varios congresistas denunciaron la situación, al entender que iba en contra del la Ley de Libertad de Información.

“No se pueden tener libertades civiles si no se sabe lo que está haciendo el gobierno", argumenta uno de los dos abogados que ha demandado al gobernador de Misuri. “Es muy importante que los funcionarios del gobierno no se comuniquen a través de dispositivos de comunicación efímeros. Necesitamos un rastro de papel. Eso es lo que queremos”.

Para comprender estos casos, hay que tener en cuenta que la mentalidad norteamericana en cuanto a la libertad de información, su Primera Enmienda, va todavía muy por delante de la española, también en lo que a transparencia se refiere. En España no existe de momento un control efectivo similar sobre el tipo de aplicaciones que los cargos públicos pueden o no descargarse para comunicarse.

Y mientras en EE.UU. un juez decide si condena a un gobernador por descargarse una app, Puigdemont sigue fugado en Bélgica, probablemente pensando cómo conseguir un software más seguro aún con el que seguir hablando con los suyos sobre la república, la independencia, y sus lecciones de democracia, pero en secreto, claro.