En Moncloa ya han analizado todas las hipótesis que maneja el independentismo para investir a Carles Puigdemont como presidente de Cataluña, aunque sea de forma honorífica. De momento, el Gobierno mantiene la cautela a la espera de que el bloque secesionista desvele el camino que elegirá finalmente para investirlo. Sin embargo, ya advierten de que cualquier fórmula que suponga devolverle el estatus -secretaria, coche oficial y oficina- y una nómina de presidente será impugnado ante el Tribunal Constitucional. 

El Gobierno advierte además a aquellos parlamentarios que están dispuestos a respaldar que Puigdemont mantenga un sueldo como presidente fuera de España que "es un camino muy peligroso" que podría conducirles hacia algún proceso judicial. Las fuentes gubernamentales consultadas recuerdan que el exalcalde de Gerona es hoy "un prófugo de la justicia" sobre el que pesan delitos "muy graves" y que por ello el único camino que debe coger es el del Tribunal Supremo.

La cautela es máxima en el Ejecutivo hasta conocer qué camino seguirán. Si los independentistas optan por modificar la ley de la Generalitat para proteger a Puigdemont desde su exilio, la medida será impugnada de forma inmediata ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Gobierno es consciente de que cualquier acto simbólico que no vaya acompañado de un "acto administrativo" es difícilmente impugnable.

Para evitar más problemas judiciales, desde Moncloa vuelven a pedir al presidente del Parlament, Roger Torrent, que busque un candidato limpio y convoque cuanto antes una sesión de investidura para que Cataluña recupere la normalidad. "Los tiempos tienen que empezar a correr", insisten. Si el máximo representante de la Cámara no lo hace, las mismas fuentes animan a Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos que ganó las elecciones, a hacer valer su peso en la Cámara autonómica e instar al president a convocar cuanto antes un pleno de investidura para que, al menos, los plazos hacia una nueva cita electoral empiecen ya a correr.

Puigdemont dejó de cobrar un sueldo público el 28 de octubre, el día que el Boletín Oficial del Estado publicó su cese tras aplicarse el artículo 155 de la Constitución. El expresidente estuvo sin ingresos hasta el 21 de diciembre, cuando recuperó su condición de diputado -de momento, parlamentario raso-. Una nómina que, hasta que no sea inhabilitado o renuncie a su escaño, nadie le puede arrebatar.

Moncloa está dispuesta a que el expresidente cobre una nómina rasa hasta que sea expulsado definitivamente de la carrera política por los delitos tan graves a los que se enfrenta. Sin embargo, el Gobierno no permitirá que el independentismo "vuelva a cometer un delito de malversación de fondos públicos" brindando a "un prófugo de la justicia" condiciones extraordinarias que solo se concede a un presidente: escolta, coche oficial, residencia y una nómina mucho más alta que la de un simple diputado. 

El propio Puigdemont renunció al sueldo que le correspondería como expresidente de la Generalitat cuando su Govern fue destituido. Tenía derecho a percibir 111.000 euros durante cuatro años, pero el Gobierno le obligó solicitar ese privilegio para concedérselo. A cambio, el presidente cesado debía acatar el 155 y dar por válida su destitución. Puigdemont prefirió no acatar las órdenes de Madrid.