Agustín Fernández vive en Mataró y tiene dos hijos. En 2015 pidió que se amparara el derecho de sus hijos a ese 25% mínimo de castellano previsto por la ley y los jueces le dieron la razón. Al poco de conocerse la noticia, un millar de padres y vecinos organizaron una manifestación frente a su colegio con esteladas y gritos de "independencia".
"A mí me han expulsado en la práctica de la escuela pública; estamos marcados", me cuenta Agustín. "Hay coacciones y hay señalamiento de niños. Y como quieres evitar eso, te acabas yendo a otro sitio". Ese "otro sitio" del que habla Agustín son las ayudas de 6.000 euros a la escolarización en castellano que hasta el pasado martes se concedía a las familias catalanas que las solicitaran. Y digo hasta el pasado martes porque ese fue el día en que el Tribunal Constitucional decretó la ilegalidad de esas ayudas y su fin en la práctica.
Abucheos a las puertas del colegio
Las aproximadamente cien familias -cincuenta según datos oficiales de la Generalidad- que recibían hasta el momento esas ayudas no saben qué ocurrirá con sus hijos el curso que viene. La inseguridad jurídica es total. No pueden regresar, además, a unas escuelas públicas en las que han sido señalados, acosados y marginados. "¿Cómo vamos a volver al colegio anterior si nos montaron una manifestación en la puerta?", denuncia Agustín.
Una carrera de obstáculos
"En realidad, las compensaciones nunca llegaron a ser de 6.000 euros porque se calculaban teniendo en cuenta lo invertido en cada alumno en Cataluña", me informa Agustín. "Este año eran 4.600 euros y el año pasado fueron 5.200", añade. Las cantidades, además, no se ingresaban de inmediato: "Primero tenías que adelantar el dinero y luego te concedían, o no, la compensación. Generalmente tardaban cuatro o cinco meses y la recibías al acabar el curso".
Conseguir esa compensación no era fácil. A lo kafkiano del proceso se sumaba un departamento de Enseñanza de la Generalidad volcado a tiempo completo en el boicoteo de las familias que se atrevían a pedir la enseñanza en castellano. "Piensa", continúa Agustín, "que todo el papeleo, todo el proceso administrativo, está transferido a la Generalidad. Te obligan a demostrar que no has podido encontrar un colegio público en el que den ese 25% de castellano". Un requisito, para todo aquel que conozca el sistema educativo catalán, absurdo. Porque en Cataluña no existe ni un solo colegio público o concertado que oferte ese 25% mínimo de castellano que exige la ley.
"Te obligan a un peregrinaje. Has de entregar una carta en el centro, te la han de sellar, luego hay un sorteo, luego has de volver al centro para que te notifiquen el resultado del sorteo, luego has de volver a entregar la carta y te la han de volver a sellar", relata Agustín. A las dificultades del proceso se suma la arbitrariedad de los funcionarios encargados de gestionar la reclamación. Si esos funcionarios son nacionalistas, el proceso puede complicarse aun más. "En mi caso, el director de mi centro se negó a sellarme los documentos. Tuve que ir a Correos para que sellaran el envío y quedara constancia. Es una pérdida de tiempo importante y una fuente de cabreo", señala.
Un derecho al que nadie tiene derecho
La odisea vivida por estas familias para conseguir que se respete su derecho a la escolarización en castellano ha quedado ahora en agua de borrajas tras la sentencia del Tribunal Constitucional. "Todo eso no nos servirá ahora de nada. Porque nosotros sí hacemos caso de las resoluciones judiciales, lo que implica que la compensación para la escolarización en castellano prevista por la LOMCE desaparecerá. Pero el Tribunal Constitucional también ha dicho claramente que el castellano es lengua vehicular en Cataluña. Y la Generalidad se pasa esa parte por el forro y no pasa nada. Es de locos. Hacemos caso de las resoluciones que son favorables a los nacionalistas y no aplicamos aquellas que son desfavorables para ellos", dice Agustín con amargura.
Aunque los detalles no están claros, parece que la voluntad del TC ha sido asegurar la continuidad de esas ayudas hasta el fin de la escolarización obligatoria para las familias que ya las tengan concedidas. "No sé si eso será así. Ten en cuenta que esto se ha de renovar cada año. Además, fíjate en mi caso. Yo tengo dos niños y los llevo a un colegio trilingüe privado de Montgat. Pero el año pasado hubo un problema con uno de los profesores del mayor y no se llegó a la cuota del 25% en castellano. Así que la renovación del menor será más fácil, pero para el mayor ha habido que empezar de nuevo el proceso", explica Agustín.
Tampoco ayuda a la tranquilidad de ese centenar de familias el hecho de que la Generalidad, ahora controlada por el Gobierno central, denunciara en su día en los tribunales todas y cada una de esas ayudas. "La Generalidad se ha ensañado. Lo ha recurrido todo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid gracias a un ejército de abogados, pagados con nuestros impuestos, que no dejan de reclamar contra nosotros. Y, mientras, nosotros hemos tenido que pagarnos los procuradores de nuestro bolsillo para defender nuestros derechos, con apenas la ayuda de un par de asociaciones. Estamos como los cristianos en las épocas de las catacumbas", señala Agustín con un símil fácil de comprender.
Contra la maquinaria de la Generalidad
"La Generalidad presenta los recursos uno a uno, caso por caso, lo que te obliga a pagar un procurador para cada niño. Menos mal que los abogados lo facilitan. Habría que ponerles sus nombres a algunas calles en vez de tanto nombre de nacionalistas a los que no conoce nadie. Porque hacen un trabajo enorme dándonos representación legal gratuita y empujando los casos cuando acaban su jornada diaria", comenta este padre de familia. Una de esas asociaciones a las que hace referencia es Convivencia Cívica Catalana, una de las muchas que suelen ser presentadas en los medios de prensa públicos y privados catalanes como poco menos que epígonos del franquismo.
"La ley no se cumple y no pasa nada. Y no se cumplirá mientras tengamos Gobiernos acomplejados. Y también Justicia acomplejada. Porque… ¿qué es eso de un 25% de castellano? ¿Por qué no un 40, o un 60, o un 5%? Una ley cuyo incumplimiento no conlleva consecuencias ni es ley ni es nada: es un cachondeo. Así que ahora, con el fin de las ayudas, voy a tener que pagar con mis impuestos una escuela pública que no puedo utilizar y también una escuela privada", protesta Agustín.
Cuando le pido que me facilite teléfonos de otras familias que también han pedido la escolarización en castellano me contesta que conoce a algunos de esos padres, pero que no quieren significarse en público. "Puedes intentarlo, pero ayer mismo vinieron los de Telemadrid y no consiguieron hablar con ninguna otra familia. Nadie quiere ser señalado en público en Cataluña", concluye.