El Gobierno quiso respaldar este viernes a su ministro de Hacienda, enfrascado esta semana en una polémica a costa de si el referéndum del 1 de octubre fue financiado con dinero público. Íñigo Méndez de Vigo aseguró tras el consejo de ministros que "no hay ninguna discrepancia" entre Cristóbal Montoro y el juez Pablo Llarena. La posición oficial del Ejecutivo es que "las comprobaciones contables se han hecho y se van a dar el juez". En privado, sin embargo, no descartan que los independentistas pudieran haber hecho "algún método torticero" para sortear la vigilancia de Hacienda y destinar dinero público al proceso independentista.
Tras la polémica entrevista en la que Montoro negaba categóricamente que los independentistas hubieran utilizado un solo euro de dinero público para sufragar el procés, el Gobierno ha intentado cerrar filas con su ministro y defenderle. De momento, espera la "calificación jurídica" del Tribunal Supremo sobre los datos que Hacienda remitirá al magistrado para decidir si hubo o no malversación. El Gobierno enviará "toda la documentación" al magistrado para que "se haga una idea de lo que ha habido y lo califique jurídicamente", alegó Méndez de Vigo. "La información que tiene es que no se dedicó ni un euro en el referéndum ilegal", añadió el portavoz para intentar defender a su ministro.
Fuentes del Partido Popular se remiten a las declaraciones que hizo la vicesecretaria Andrea Levy el jueves, cuando reconoció que los independentistas pudieron haber camuflado pagos para sufragar el procès. "El FLA era finalista e iba destinado a cubrir necesidades de la Generalitat, pero pudieron engañar". Además, la parlamentaria catalana recordó que "el independentismo siempre ha utilizado todos los medios públicos, de tiempo y dinero, para intentar llevar a cabo su proyecto. Creo que debemos estar muy vigilantes y extremar la observancia en que efectivamente no haya habido malversación".
El Gobierno dice que Montoro entregará informes al juez del 'procés'
"De algún sitio debió salir ese dinero"
Fuentes gubernamentales apelan a que "no hay una partida presupuestaria en la que ponga que con ese dinero se han pagado las urnas". Sin embargo, reconocen que las afirmaciones de Montoro llegan "en el peor momento" para el Gobierno: "Aún no hemos salido del caso Cifuentes, estamos con los Presupuestos sin aprobar... y ahora esto", se lamentan. Levy se preguntó en público que "de algún sito debió salir ese dinero para pagarlas". La respuesta todavía es una incógnita.
El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, se alineó al lado de la diputada catalana y se refirió a "otro tipo de malversación", externo a un gasto directo. El hombre de Soraya Sáenz de Santamaría en Cataluña hablaba de una factura, por ejemplo, registrada bajo el concepto de "servicios postales" pero que después haya podido ser "manipulada" en beneficio del procès.
Nuevos indicios
El Gobierno no descarta que el juzgado de instrucción tenga ahora indicios que apunten a que pudo haber desvío de fondos públicos hacia el referéndum ilegal. Sin embargo, insisten en que "en los presupuestos de la Generalitat había una partida de 5 millones que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y que la anuló". No obstante, el juez contará con "toda la colaboración" de Moncloa para esclarecer el caso.