Margarita Robles, número uno de su promoción de jueces, magistrada del Supremo, vocal de Consejo General del Poder Judicial, acaba de redondear su apabullante currículum con el Ministerio de Defensa. Junto a la entrada de su despacho, en la galería de retratos de sus antecesores, impresionan los dos más próximos a su puerta: los de los socialistas José Antonio Alonso y Carme Chacón, fallecidos ambos el año pasado, demasiado jóvenes.
A finales de mes hará su primera visita a soldados españoles en el extranjero, y ya ha elegido destino: El Líbano. Pero además de gestionar uno de los Ministerios de Estado, la voz de Margarita Robles está llamada a ser una de las que marquen las líneas de la política del Gobierno de Sánchez.
Sus años en Cataluña, donde vivió y se formó profesionalmente, le permiten hablar con conocimiento de causa sobre la situación creada por el separatismo. Ha sido la primera en marcarle el terreno: dentro de la Constitución, diálogo; fuera, nada de nada.
En el debate de la moción de censura, Pedro Sánchez dijo que la situación requería convocar pronto elecciones. Sin embargo ha hecho un gobierno para durar y la vicepresidenta, Carmen Calvo, ya ha dicho que formar gobierno para cuatro días sería una tomadura de pelo. ¿Cuánto cree que debe durar esta etapa?
Personalmente, y por una razón del sentido de la responsabilidad, debe durar hasta lo más cerca posible de la convocatoria de las elecciones, según el plazo ordinario. ¿Por qué? Porque este país lleva dos años de una legislatura que ha estado paralizada. Y hay que recordar que tuvimos que pasar por dos elecciones generales antes de que se constituyera un Gobierno.
Llevamos dos años de clarísima inestabilidad, además con casos de corrupción y con la paralización de sesenta proposiciones de ley -la mayoría de contenido social- vetadas por el Gobierno. En definitiva, casi no ha existido la actividad política que los ciudadanos -sobre todo los que más lo necesitan- nos exigen. En estas circunstancias, cuando se habla de convocatoria de elecciones pronto, se está pensando más en intereses puramente electorales de un partido que en servir al interés general.
¿Pero es consciente de que este Gobierno no tiene la mayoría para acometer los cambios que plantea?
Es verdad que hay 84 diputados, pero también es verdad que en los grandes temas de política social creo que es difícil que los distintos grupos parlamentarios no se pongan de acuerdo. Por ejemplo, llegamos a un pacto contra la violencia de género, y ahí salió por unanimidad. Vamos a ver mayorías parlamentarias.
El riesgo sería que este Gobierno se quedara al final sólo como un Gobierno de gestos.
No. Yo creo que una de las mejores expresiones de que no va a ser un Gobierno de gestos es el perfil profesional de los que formamos parte de él. Somos personas que, lo digo con humildad, venimos de una vida profesional, con un currículum de servicio público y que no necesitamos gestos.
Ustedes, es cierto, no necesitan gestos. Ha habido consenso general en que el equipo que ha formado Sánchez es un acierto. Los gestos más bien los necesitaría el Gobierno para intentar superar una posible imagen de bloqueo.
Yo lo que espero es que igual que el Partido Socialista apoyó al Partido Popular en políticas de Estado, recibamos el mismo trato, porque nuestra voluntad es hacer políticas que vayan en favor del interés general.
¿Es Pablo Iglesias un socio fiable? Fue el más crítico con el nuevo Gobierno y llegó a decir que el titular de Interior, Grande-Marlaska, era más un ministro del PP que del PSOE.
Nos estamos jugando mucho y nosotros no podemos estar con el retrovisor mirando qué hacen otras fuerzas parlamentarias. Esto no es una competición para ver quién hace más méritos de cara a las próximas elecciones generales. Como Gobierno tenemos la obligación de pensar no en partidos concretos sino en la ciudadanía.
Dígame, ¿tenían prevista la moción de censura antes de la sentencia de Gürtel?
No. Siempre habíamos descartado la moción de censura porque ya había habido una anterior que no salió adelante. Pero cuando se publica la sentencia entendemos que ahí se plantean unas cuestiones que desde un punto de vista político son muy relevantes. Porque que los tres magistrados de la Sala, incluido el que hace el voto particular, digan que el presidente del Gobierno no tiene credibilidad es algo muy relevante.
Pero para que se viera el sentido que dimos a la moción de censura, Pedro Sánchez le ofreció reiteradamente a Mariano Rajoy la ocasión de dimitir. Y si eso ocurría retirábamos la moción de censura. No queríamos que nadie dijera que teníamos un único objetivo de llegar al Gobierno ni de hacerlo a cualquier precio. Actuamos con responsabilidad.
En su discurso de toma de posesión hizo una seria advertencia a los independentistas y recordó el artículo 8 de la Constitución, que dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión defender la integridad territorial de España y el ordenamiento constitucional.
Soy una persona que vengo del mundo del Derecho y cree en el Estado de derecho y en la Constitución, que es la mayor garantía para todos de protección de nuestros valores y libertades. Desde ese punto de vista, pienso que dentro de la Constitución se puede discutir todo.
Para mí, venir a un Ministerio que tiene como función velar por la defensa de los valores constitucionales entronca mucho con esa idea de políticas de Estado que tiene el Partido Socialista. El papel de las Fuerzas Armadas está ahí, lo dice el artículo 8, como también tienen una función esencial de prevenir y trabajar por la paz y la libertad en el mundo, dentro del marco que proclama la Carta de Naciones Unidas en su artículo 1.
Pero verá, cualquier Estado democrático exige el respeto a las normas. En ese sentido, yo creo que el expresident de la Generalitat, el señor Puigdemont, se saltó el ordenamiento vigente y llevó a una situación de fractura social que históricamente nunca había existido en Cataluña. Se lo dice alguien que ha hecho toda su vida personal y profesional en Cataluña.
En el caso de que hubiera una rebelión en Cataluña para lograr la independencia, ¿le temblaría el pulso a la hora de ordenar a las Fuerzas Armadas que actuaran?
Es un escenario que no contemplo para nada, y no sólo porque la pregunta es una hipótesis, sino porque no lo veo posible.
¿A qué acuerdos se puede llegar con un 'Govern' con prejuicios supremacistas? Acabamos de conocer ahora que Buch, el titular de Interior, dijo que Cataluña es el "filete" que pretenden comerse los españoles que "pasan hambre".
Lo que es evidente es que a cualquier Gobierno hay que juzgarlo por los hechos, no por las palabras que se hayan podido decir en el pasado. Por lo tanto, esas palabras que los políticos dijeron son rechazables e inaceptables, pero ahora estamos ante un Gobierno, un órgano colegiado, y hay que juzgarlo y valorarlo por lo que haga.
Dicho eso, nosotros tenemos una mano tendida, pero siempre dentro de la Constitución y el Estatuto de Cataluña. Todo lo que suponga una vulneración de la normativa vigente no se puede aceptar.
Como jurista que es, ¿usted ve rebelión o sedición en la conducta de los imputados por el golpe separatista?
Yo creo que en eso tenemos que ser muy prudentes y tengo absoluta confianza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Conozco a todos sus magistrados y al presidente de la Sala, sé que son grandes juristas y van a dictar la resolución en un marco de absoluta y total independencia.
Si en el futuro llegara a plantearse el indulto de los implicados, ¿cuál será su posición?
Para eso tendríamos que esperar tiempo. Sí que hay unos planteamientos con carácter general: el indulto está concebido en nuestro ordenamiento jurídico como algo excepcional, porque supone una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, pero evidentemente la figura del indulto existe para casos concretos. En cualquier caso no estamos en ese momento todavía.
Pero sí hay miembros de su partido que se han pronunciado a favor.
Comprenderá que yo, como persona que procede del Poder Judicial, entienda que cuando hay un procedimiento que está en trámite hay que ser muy, muy escrupuloso con los tiempos. Y sería bueno que todos hiciéramos un esfuerzo por dejar que los tribunales pudieran actuar con sosiego y sin ruido mediático.
¿Comparte la opinión del ministro Grande-Marlaska sobre el acercamiento de los exconsejeros a prisiones de Cataluña?
Lo importante en estos momentos para nosotros es que para las posibles diligencias judiciales que pueda acordar el juez haya la mayor cercanía a la autoridad judicial. A partir de ahí, si el juez considera que no es necesario, entonces el Gobierno ya tomaría sus decisiones.
La ministra Batet y el expresidente Zapatero han apostado esta semana por recuperar partes del Estatuto anuladas en su día por el Constitucional. ¿Está de acuerdo?
Ahora se va a iniciar una política de diálogo, va a haber un contacto del presidente del Gobierno con todos los presidentes de las comunidades autónomas y no vamos a adelantar acontecimientos.
Pero ¿considera que el Constitucional actuó bien al anular aquellos artículos?
Voy a decir una cosa y la voy a decir con un cierto pesar. No me gusta entrar a valorar las decisiones de los tribunales, pero sí voy a hacer una crítica al hecho de que se tardaran casi cinco años en dictar esa sentencia. Cuando hay retrasos tan importantes en materias tan importantes, eso no ayuda a solucionar los problemas. Hubiera sido mucho más adecuado y a lo mejor hubiera permitido que la situación política hubiera sido diferente no haber tardado tanto en resolver la sentencia del Estatut de Cataluña.
La ministra Batet también ha abogado por acometer una reforma urgente de la Constitución.
La España de 2018 no es la del 1978 y creo que esa reforma habrá que hacerla, pero con calma, con tranquilidad, consiguiendo los consensos que la propia Constitución establece. Lo haremos, pero no a corto plazo, sino a medio plazo.
Una de las críticas que se hace al Gobierno es que contiene perfiles muy distintos. Por ejemplo, se contrapone la figura de la ministra Batet con la de Borrell en relación a sus posiciones en Cataluña.
Bueno, al final un Gobierno es un órgano colegiado, y por tanto, aun cuando algún ministro pueda tener opiniones concretas, la decisión final es una decisión colegiada con la superior supervisión del presidente del Gobierno.
Màxim Huerta renunció el miércoles como ministro de Cultura seis días después de tomar posesión. Hay quien dice que usted fue de las que más presionó para que dimitiera.
Rotundamente falso. Yo ya estoy acostumbrada a que a mí me atribuyan todo. Cualquier día habré matado a Manolete. En absoluto. No interferí para nada.
También se dijo que fue la que más problemas había puesto a Sánchez para ser ministra.
Pues si me permite ya la anécdota, creo que fui la primera o la segunda que supo dónde iba a ir, que es donde he querido ir. Se han publicado cosas absolutamente descabelladas que nos hicieron reír al presidente y a mí. Y al hilo de esto hay una cosa que me preocupa: igual que en este momento difícil para España los políticos tenemos que estar a la altura, también debe hacerlo el periodismo, que es una pieza fundamental en un Estado de Derecho.
No es una crítica general, ni mucho menos, pero hay veces que yo no sé si es por las prisas o por rellenar papel, que cualquier parecido de lo que se publica con la realidad es pura coincidencia. Por suerte, son excepciones. Pero el periodismo tiene que tener rigor y profesionalidad.
La confirmación de la cúpula militar heredada de su antecesora, Dolores de Cospedal ¿es provisional? ¿La revisará pasado un tiempo?
En principio, cuando alguien está confirmado, está confirmado sin matices. Precisamente porque creemos en las políticas de Estado entendemos que el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas representan el Estado en sentido puro. En ese sentido, todos los miembros de la cúpula militar han trabajado por el Estado y por España, y no por un partido político, y por eso tienen nuestra confianza.
¿Y cómo es posible que ratifique al director del CNI, el mismo al que se le escapó Puigdemont y que no fue capaz de interceptar miles de urnas del 1-O?
Pues yo puedo decir que el señor Sanz Roldán es un servidor, es un servidor del Estado y como cualquier servidor del Estado puede haber actuaciones más correctas o que pueden recibir mayor crítica o mayor elogio. Pero sí puedo decir con absoluto conocimiento de causa que en este momento los más de 3.000 hombres y mujeres que trabajan en el CNI están siendo un punto de referencia esencial en el ámbito de la Inteligencia en el mundo. Grandes avances que se están haciendo contra el terrorismo internacional de todo tipo, yihadista, de cibespacio y demás, son como como consecuencia del trabajo que hacen esos hombres y mujeres.
Entonces, ¿no se plantea cambiarlo más adelante?
El general Sanz Roldán tiene un mandato [concluye en julio de 2019], y cuando termine ese mandato veremos qué decisiones se toman.
¿Viene con determinación de limpiar las cloacas del Estado y el uso indebido de los servicios de Inteligencia?
No me consta en este momento que haya ese uso indebido de las cloacas del Estado y, por tanto, sería una frivolidad por mi parte hacer pronunciamientos previos.
España invierte un 0,86% del PIB en Defensa. El Gobierno del PP planteó hace tan solo unos meses aumentarlo un 80% en los próximos años para ir acercándose al 2%, histórico objetivo de los países de la OTAN. ¿Mantendrá usted el compromiso?
Una prioridad de una ministra de Defensa es la modernización de las Fuerzas Armadas. Pero cuando hacemos un planteamiento político tenemos que ser realistas con los techos de gasto que nos fija la Unión Europea. Cuando le oí al Partido Popular hablar de este nuevo ciclo inversor creí que ahí había mucho de brindis al sol y de falta de realidad. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a priorizar, pero con nuestra responsabilidad dentro de la necesaria contención presupuestaria.
¿Cree que es necesaria una política de defensa europea que paulatinamente vaya sustituyendo a la Alianza Atlántica?
España en este momento está atendiendo misiones con Naciones Unidas, con la Unión Europea y en el seno de la Alianza Atlántica. Vivimos en un mundo de amenazas globalizadas y una de las funciones que tienen las Fuerzas Armadas es precisamente garantizar la paz y la libertad en ámbitos más amplios con políticas de prevención, y ahí la pauta nos la da la Carta de Naciones Unidas. Yo por eso quiero que mi primera visita, a finales de este mes, sea a El Líbano.
¿Pero debería la UE tener su propio Ejército?
Yo creo que no es necesario en este momento. Ya hay una enorme coordinación entre todos los ejércitos. Lo tiene que haber son actuaciones conjuntas y, en su caso, mandos conjuntos, como hay en este momento.