La confusión ha vuelto a reinar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La indignación social por la salida en libertad provisional de los miembros de La Manada llevó este viernes a la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celáa, a anunciar por error que el Ejecutivo se personaría en el juicio contra los agresores de San Fermín para tratar de endurecer las penas de los agresores.
Una noticia de impacto y una reacción muy rápida de los socialistas ante la "alarma social"... si no fuera porque esta decisión era inviable.
"El Gobierno ha tomado el compromiso de estudiar que el servicio jurídico del Estado se persone en defensa de las víctimas" de los cinco condenados a nueve años por abusos sexuales, explicó en primera instancia Celaá. Ante las preguntas de los periodistas sobre la intención del Gobierno, la portavoz se reafirmó -erróneamente-: "El Gobierno habla de la mediación en este caso, en este caso, en este caso. Los demás, ya se verá. No sabemos si habrá más casos".
Minutos después de que varios medios de comunicación informaran de la medida anunciada por el Gobierno, Moncloa se veía obligada a corregir a Celaá e indicar que la portavoz se refería a futuros casos de víctimas de delitos sexuales. El Gobierno no puede ordenar ahora que el servicio legal del Estado se personara en la causa de La Manada, algo que procesalmente resulta imposible.
"Lo que se va a hacer es estudiar si existe la posibilidad de que los servicios jurídicos del Estado se pongan a disposición de las víctimas de este tipo de delitos", explicaron después fuentes del Ministerio de Justicia, informa María Peral. Es decir, que no se compromete tampoco la personación en las causas, sino el estudio de la asistencia jurídica.
No es la primera vez que la portavoz Celaá siembra la confusión con sus explicaciones sobre la acción del Gobierno. En su estreno hace tres semanas apeló a la comprensión de los periodistas que cubren la información del Ejecutivo de Sánchez: "Tengan ustedes mucha diligencia porque es mi primer día. Me estreno y ustedes, claro, son unos expertos de la comunicación, o sea que si no son diligentes conmigo, me podrían asar. Pero yo espero que no sea ese el caso".
Poco después de este llamamiento a la clemencia acabó "asada" al explicar con dificultad y sin claridad el levantamiento del control financiero a Cataluña vinculado al fin de la aplicación del artículo 155. Se vendió como un gesto de distensión y normalización con Cataluña lo que era una obligación burocrática.