El Gobierno de Pedro Sánchez negociará con el vasco que lidera Íñigo Urkullu una reforma y, en su caso, transferencia de la política penitenciaria y de la Seguridad Social. Ambos asuntos, reclamaciones ya clásicas del nacionalismo vasco, serán tratadas en una comisión bilateral que crearán ambos Ejecutivos y que se pondrá a trabajar para identificar las posibilidades de un acuerdo y el calendario, según ha informado el lehendakari tras la reunión.
Urkullu ha reconocido que no hay fechas para una transferencia de la política penitenciaria a Euskadi o el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA tras el anuncio de disolución de la banda terrorista. En este momento, sólo Cataluña tiene transferida la competencia de prisiones.
Tampoco hay fecha para una posible transferencia de la gestión, siquiera parcial, de la Seguridad Social sino que será el grupo de trabajo el que lo vaya determinando. En total, se trata de 37 transferencias, según ha dicho Urkullu, comenzando por las "que se encuentran más avanzadas", como son las de Autopistas (A-68 y parte de la A-1), Puerto de Pasaia, y Centros Penitenciarios.
Urkullu también ha expuesto "la necesidad de abordar una reflexión sobre el actual modelo de Estado desde la asunción de su propia realidad plurinacional y la existencia de hechos diferenciales que demandan un tratamiento propio y singular". "No hemos hablado de ruptura, sino de convivencia desde el respeto mutuo", ha asegurado, informa Europa Press.
Asimismo, le ha planteado "explorar la vía de una convención constitucional que permita interpretar el espíritu originario del pacto que supuso la Constitución". "Esto supone apostar por un constitucionalismo útil al servicio de resolver los problemas y no enconarlos", ha manifestado.
Sin embargo, Sánchez no tiene previsto ni siquiera abordar la financiación autonómica en esta legislatura, por lo que reformar la Carta Magna se antoja fuera de toda previsión realista.
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