En más de una ocasión, Albert Rivera ha dicho que no querrá "jueces de Ciudadanos" si un día gobierna. El partido de centro ha diseñado una batería de medidas contra el bipartidismo. Entre ellas, la más gruesa tiene que ver con la despolitización de la Justicia y encaja con la "regeneración" exigida a Pedro Sánchez.
Si el proyecto de ley de Ciudadanos obtuviera los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, los jueces celebrarían "elecciones con listas abiertas" para nombrar a doce de los veinte miembros de su máximo órgano rector, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según la síntesis del proyecto a la que ha tenido acceso este diario, las dos Cámaras sólo intervendrían en el caso de los ochos restantes, cuando actualmente controlan la totalidad del proceso.
A día de hoy, el CGPJ se nutre -los mandatos son de cinco años y no se permite la reelección- de dos colectivos: jueces y juristas de reconocido prestigio. Los primeros ocupan doce sillas; y los segundos, ocho. Esas primeras doce, si entrara en vigor la ley alumbrada por los naranjas, dejarían de tener color político.
"Queremos recuperar el espíritu de la Constitución, que ya apuesta por elegir doce miembros del CGPJ entre jueces. Aquello se cambió con una reforma en 1985 y dio la exclusividad al Congreso y el Senado", relata un miembro de Cs que ha inspirado esta norma.
Los de centro han trabajado con la vista puesta en una sentencia de 1986: "Aquel texto advirtió del peligro que suponía el actual método de elección. Se mencionó el riesgo de aplicar a la Justicia la lógica de partidos. Ahora ya no es riesgo, sino certeza absoluta de que esto no funciona".
Aunque es cierto que jueces y magistrados pueden proponerse para esas doce butacas del CGPJ recogiendo avales u obteniendo el apoyo de alguna de las asociaciones, acaban siendo Congreso y Senado quienes deciden. Y con eso quiere acabar Ciudadanos.
"Profesionalizar la Justicia" mediante concursos públicos
Otra de las ambiciones naranjas pasa por "profesionalizar" la Justicia en un sentido estricto. La ley propuesta menciona el nombramiento de todos los presidentes de sección y sala, así como los magistrados del Tribunal Supremo, a través de "un concurso de méritos público y transparente". En concreto, trazado en base a tres criterios: "Antigüedad, especialización y evaluación continua".
"Ahora tiene carácter de concurso público, pero en realidad es un nombramiento discrecional por parte del CGPJ, que a su vez está elegido por los políticos", cuenta un portavoz de Cs a este periódico.
Contra las puertas giratorias
La tercera variable más reseñable de las incluidas en esta reforma se encuadra en las popularmente conocidas como "puertas giratorias". A tenor de la legislación actual, el juez que se hace político puede regresar a su puesto sin ningún impedimento, de modo cuasi automático. Ciudadanos pretende establecer una barrera: si el magistrado quiere volver, deberá esperar cuatro años y tendrá que abstenerse en todos los procesos que afecten a cargos públicos -esto último sine die-.
Un extremo que afectaría, por ejemplo, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Queremos límites claros y una apariencia de objetividad que permita al ciudadano recuperar la confianza plena en la Justicia", concluyen las fuentes consultadas de Ciudadanos.