La UE pide a Sánchez que haga lo contrario de lo que pretende con el déficit y las pensiones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado con mal pie sus relaciones con la UE en materia de política económica. El Consejo de Ministros ha dado este viernes luz verde a una nueva senda unilateral de reducción del déficit que incumple las exigencias de ajuste del Ecofin, que se habían aprobado pocas horas antes en Bruselas.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, sostiene que el Ejecutivo español está haciendo uso de los márgenes de flexibilidad previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bruselas de momento guarda silencio y esperará a que España envíe en octubre su borrador de Presupuestos para 2019.

Los ministros de Economía de la UE han adoptado este viernes de forma definitiva las recomendaciones de política económica dirigidas a cada uno de los 28 países miembros. Se trata de un ejercicio anual cuyo objetivo es reforzar la coordinación entre las capitales y prevenir una nueva crisis de deuda.

En el documento sobre España, además de de la cuestión fiscal, el Ecofin reclama reformas en el mercado laboral, la educación o la I+D, y advierte contra una marcha atrás en materia de pensiones. De hecho, la UE pide al Gobierno de Sánchez que haga lo contrario de lo que tiene anunciado tanto en esta materia de las pensiones como en cuestión de déficit.

1.- Garantizar una reducción estructural del déficit

El Ecofin le pide al Gobierno de Pedro Sánchez un ajuste en 2019 del 0,65% del PIB, equivalente a 7.500 millones de euros. Un ajuste que ya no puede basarse en medidas puntuales, como hizo a menudo en el pasado el Gobierno de Mariano Rajoy, sino que debe ser estructural: es decir, con recortes o subidas de impuestos permanentes. Cualquier ingreso extraordinario tiene que usarse para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. "Los grandes niveles de deuda interna y externa, tanto pública como privada, en un contexto de elevado desempleo, siguen siendo puntos vulnerables", avisa la recomendación. Sin embargo, Calviño ha anunciado que los Presupuestos de 2019 incluirán un esfuerzo inferior al que pide la UE, del 0,4% (4.600 millones). Alega que un ajuste mayor pondría en riesgo la recuperación y el empleo. También ha modificado unilateralmente los objetivos de déficit a los que se comprometió Rajoy con Bruselas. Para este año, Calviño espera un déficit del 2,7% del PIB, cinco décimas más del 2,2% comprometido; mientras que en 2019 el desfase será del 1,8% en lugar del 1,3%. La Comisión dará su veredicto en otoño, cuando analice el borrador de Presupuestos para el año que viene.

2.- Salvaguardar la reforma de las pensiones

El Ecofin sostiene que las reformas de las pensiones de 2011 (del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) y de 2013 (de Rajoy) "contribuyeron a garantizar la sostenibilidad y la relativa adecuación de las pensiones a largo plazo". Y critica que el propio Ejecutivo del PP diera marcha atrás en estas reformas en sus últimos meses de vida para sacar adelante las cuentas públicas de este año. "Las subidas de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad propuesto durante el proceso de adopción del proyecto de presupuesto de 2018 ponen en entredicho el compromiso para con estas reformas", denuncia el texto. El nuevo Gobierno de Sánchez pretende seguir por esta vía de revertir la reforma y seguir vinculando las pensiones a la inflación. Pero para la UE la receta para garantizar prestaciones adecuadas a los jubilados está en reducir la elevada tasa de paro y combatir la segmentación del mercado laboral.

3.- Fomentar la transición hacia contratos indefinidos

La UE siempre ha defendido la reforma laboral de Rajoy y lo que pide no es derogarla, como reclamaba Sánchez cuando estaba en la oposición, sino completarla para reducir la temporalidad. La proporción de trabajadores con contratos temporales en España se encuentra entre las más altas de la Unión y se compone principalmente de jóvenes y de trabajadores poco cualificados. Los contratos temporales son a menudo cortos y pocas veces sirven de trampolín para un contrato permanente. "Su uso generalizado puede obstaculizar el crecimiento más rápido de la productividad y suele asociarse a menores prestaciones sociales y a un menor riesgo de pobreza". Por ello, el Ecofin recomienda a España medidas para "favorecer la transición hacia contratos indefinidos". También reclama reforzar la eficacia de los servicios de búsqueda de empleo, "en particular a través de una mejor cooperación con los empresarios".

4.- Mejorar la eficacia de las prestaciones sociales

La tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España sigue estando por encima de la media de la UE. Al Ecofin le preocupa en particular la pobreza de las personas con trabajo, especialmente en los hogares cuyos miembros están empleados con contratos temporales o a tiempo parcial. La tasa de pobreza infantil, aunque está disminuyendo, se mantiene en un nivel muy elevado. El impacto de las prestaciones sociales en la reducción de la pobreza es inferior a la media de la Unión y está disminuyendo. Los sistemas de renta mínima garantizada se caracterizan por grandes diferencias en las condiciones de acceso en las distintas autonomías y por la fragmentación en múltiples sistemas gestionados por diferentes administraciones. El resultado es que "algunas personas necesitadas no reciben ayuda". Por eso la UE reclama "mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas en la cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos".

5.- Reducir el abandono escolar

El Ecofin pide a Sánchez nuevas medidas para reducir el abandono escolar prematuro, que sigue estando entre los más altos de la UE, y también las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante un mejor apoyo a los estudiantes y profesores. Para ello ve fundamental cerrar un Pacto Social y Político por la Educación. El otro gran problema del sistema educativo español es la inadecuación de la formación a las demandas del mercado laboral. "La falta y el exceso de cualificaciones en el trabajo están generalizadas en España", asegura el documento. La solución pasa por "aumentar la cooperación entre el ámbito académico y la empresa".

6.- Aumentar la inversión en I+D

España debería "aumentar la inversión pública en investigación e innovación y evaluar sistemáticamente las políticas de apoyo en este ámbito a fin de garantizar su eficacia". En la actualidad, los resultados en materia de innovación y el crecimiento de la productividad se ven obstaculizados por la persistente atonía de los niveles de inversión en I+D, que hacen "muy improbable" alcanzar el objetivo del 2% del PIB en 2020. "Esta tendencia se ve reforzada por el porcentaje de ejecución bajo y decreciente del presupuesto público dedicado a I+D", critica el documento. También genera inquietud en Bruselas la falta de coordinación entre la administración estatal y las autonómicas a la hora de elaborar y ejecutar las políticas de investigación.

7.- Reducir la burocracia para las empresas

Las disparidades normativas a que se enfrentan las empresas también contribuyen a frenar el crecimiento de la productividad en España, según el análisis de Bruselas. Aumentan los costes y limitan la movilidad geográfica de compañías y trabajadores. La ley de Unidad de Mercado, cuyo objetivo era resolver este problema, se ha aplicado sólo parcialmente y algunos de sus apartados han sido anulados por el Tribunal Constitucional. El Ecofin recomienda dar un nuevo impulso a la puesta en marcha de esta ley de Unidad de Mercado y apuesta por suprimir restricciones a profesiones reguladas como los ingenieros civiles y los arquitectos.

8.- Proseguir el combate contra la corrupción

"De manera más general, las mejoras en la calidad de las instituciones podrían impulsar la confianza en la economía española", asegura el Ecofin. Bruselas cree que se ha progresado en la transparencia de la financiación de los partidos, así como en las declaraciones de patrimonio y los conflictos de intereses. La actividad empresarial también se ha beneficiado de los avances en la lucha contra la corrupción, "si bien sigue habiendo problemas en este ámbito". Los esfuerzos para mejorar la eficacia del sistema judicial "deben continuar". "Aunque se han realizado progresos en este amplio ámbito, sigue vigente e reto de fomentar la confianza en las instituciones en todos los niveles de gobierno", dice el Ecofin.