Dos de cada 3 declaraciones de bienes de los políticos omiten datos pero ninguno ha sido sancionado

La mitad de las declaraciones de bienes de diputados y senadores están incompletas, tienen errores, datos difusos o simplemente omiten información que puede ser importante para el ciudadano. En el caso de los altos cargos de la Administración es todavía peor, ya que hace casi tres años que sus declaraciones de patrimonio ni siquiera se publican. Sin embargo, ni uno solo de ellos ha sido sancionado después de que Congreso y Senado hayan registrado más de 1.300 declaraciones juradas desde 2017.

Para la Administración, el índice de fraude, dejación o engaño en este caso es cero. Todo está bien. Absolutamente todo. Y eso cuando los propios diputados y senadores reconocen en privado que la medida carece del mínimo sentido, ya que la fiscalización que se hace sobre su rendición de cuentas es mínima y los elementos sancionadores brillan por su ausencia.

Desde 2015, la Oficina de Conflicto de Intereses es la encargada de elaborar cada seis meses un supuesto informe que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se remite al Congreso de los Diputados con el grado de cumplimiento de las declaraciones de bienes dentro de la Administración. El último fue publicado el pasado 6 de julio por el nuevo secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto.

Un folio para 1.300 declaraciones

El “informe” oficial, que ocupa menos de una página a doble espacio, afecta a las más de 1.300 declaraciones de bienes de altos cargos de la Administración, 180 declaraciones de actividades a la toma de posesión, 98 declaraciones de actividades y bienes al cese y las más de 500 declaraciones anuales. Pues bien, según la memoria, solo se ha abierto un expediente sancionador en todo este período, en que ha habido incluso un cambio de Gobierno.

Ese expediente todavía no ha sido resuelto pero, como era de esperar, la memoria ni siquiera identifica al sujeto investigado; al cargo público que supuestamente ha cumplimentado mal sus datos. Además, y según el mismo documento, este año se cerró un procedimiento abierto en Hacienda por una posible infracción de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno.

El 20 de marzo de 2018 fue el propio Ministerio de Hacienda el que declaró que “no se produjo ninguna infracción”. Y así, la anomalía estadística por la que los altos cargos, diputados y senadores siempre cumplimentan bien sus declaraciones de bienes, sigue impoluta. Un 100% de efectividad para ellos.

Un reguero de datos sin aparecer

La realidad, sin embargo, es mucho menos positiva. En 2016, el diario El Mundo analizó una por una las más de 300 declaraciones de bienes aportadas por los diputados. El resultado fue que dos de cada tres formularios estaban mal cumplimentados, con merma de datos, olvidos, errores o simplemente omisiones intencionadas. Por poner un solo ejemplo, el entonces presidente Mariano Rajoy no desglosaba las empresas en las que había invertido los 225.000 euros en acciones que declaraba.

Parece lógico que si un responsable público tiene que rendir cuentas sobre sus inversiones, sobre los aspectos de su economía que puedan condicionar sus decisiones o generar un posible conflicto de intereses, lo tenga que hacer de forma detallada. Que deba explicar en qué empresas ha decidido invertir su dinero personal o con qué banco mantiene una importante deuda a causa de una hipoteca. Pero la normativa no lo exige.

En el caso del Congreso, desde 2011 es la Comisión del Estatuto del Diputado la que se encarga tanto de elaborar la normativa como de marcar su cumplimiento. Algo que brilla por su ausencia. Así, la norma en este caso es mucho más concreta a la hora de regular los derechos que tienen los diputados -que los documentos se presenten en texto plano para que no puedan ser tratados por terceros y que dejen de estar activos en el momento en el que la persona afectada deje su escaño- que con los deberes a la hora de cumplimentar los formularios.

Son legales, de hecho, mecanismos tan absurdos como el de enviar el dinero guardado en una cuenta bancaria a otra distinta a nombre de un cónyuge para no tener que aflorar ese dinero en la declaración de bienes del Congreso. Basta ver la escasa capacidad de ahorro que tienen los miembros de las dos cámaras parlamentarias pese a los sueldos que reciben del Estado para advertir el uso de este tipo de argucias, legales según el reglamento, pero que incumplen de forma directa el espíritu con el que se creó esta norma.

El caso de los altos cargos

Pero hay un caso todavía más sangrante. El de los altos cargos de la Administración del Estado. Desde 2014 están obligados a hacer una declaración de bienes e intereses, pero por un conflicto legal que parece intencionado, no se pueden hacer públicos los datos.

En un primer momento, las declaraciones de ministros, secretarios de Estado y altos cargos de la Administración central se publicaron, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, como un gran golpe de efecto en favor de la Transparencia. Estas declaraciones debían renovarse el día 30 de septiembre de cada año. Sin embargo, nunca fue así.

Poco después de anunciar la medida, el Ejecutivo aprobó una nueva Ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo. Pero no aprobó la reglamentación necesaria para dotarla de actividad. Y así han pasado más de dos años mientras los distintos reglamentos se escudan en ello para no hacer públicas las declaraciones de bienes de sus altos cargos: que el reglamento no se ha aprobado en Consejo de Ministros. Algo para lo que el Gobierno de Rajoy tuvo más de dos años.