El 18 de abril de este año, con el Gobierno catalán intervenido por el 155, la Agencia Catalana del Agua (ACA) aprobó la adjudicación de un contrato de 1.890.445,52 € a la constructora Copisa, investigada en el caso 3%. El contrato se formalizó un mes después, el 14 de mayo, y se publicó en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, el equivalente regional del BOE, sólo 24 horas después. Es el mismo día en el que Quim Torra fue investido presidente de la Generalidad.
El contrato para la ejecución de las obras de rehabilitación y adaptación del edificio del laboratorio de la ACA en la estación de tratamiento de agua potable de Abrera (Barcelona) pasó sin problema aparente el filtro de los funcionarios enviados por el Gobierno central para el control de la actividad de la Generalidad. Algo llamativo si se tiene en cuenta que la empresa Copisa, constructora fundada en 1959 y con sede en Hospitalet de Llobregat, ha sido incluida en el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional por el caso de las presuntas mordidas del 3% pagadas a CDC a cambio de adjudicaciones ilegales de obras públicas.
La ACA es una agencia pública dependiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña, actualmente a cargo de Damià Calvet i Valera. De ese departamento dependen el urbanismo y la planificación territorial, el agua, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las políticas del suelo, las obras públicas y las infraestructuras. Por razones obvias, el de Territorio y Sostenibilidad es el departamento más señalado por las investigaciones llevadas a cabo en un primer momento por un juzgado de El Vendrell (Tarragona) y, después, por la Audiencia Nacional, que se hizo cargo del caso en abril tras considerar que la trama corrupta del 3% pudo haber alterado la economía nacional.
Copisa, uno de los nombres habituales del 3%
La empresa Copisa —su nombre completo es Copisa Constructora Pirenaica SA— es una habitual en las informaciones y los autos judiciales relacionados con el caso del 3%. El 23 de febrero de este año, la Guardia Civil detectó movimientos sospechosos de capitales en una cuenta bancaria andorrana vinculada a Francesc Xavier Tauler, exconsejero delegado del grupo Copisa. El informe de la Guardia Civil hablaba de "irregularidades" en la manera en que esta cuenta era capitalizada y también de "transferencias de fondos a otras cuentas ubicadas fuera de Andorra, como Copisa Internacional (Suiza) o Copisa Pirenaica (España)".
El 25 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó a declarar a veintitrés investigados por el caso del 3%, entre ellos el empresario Ambrosio Martínez, de Copisa. En ese mismo auto, el juez José de la Mata habla de varias adjudicaciones sospechosas. Entre ellas una de 10,6 millones de euros a Copisa por la ampliación del dique Sur del puerto de Barcelona y otra de 39 millones de euros por los accesos al dique Este concedida a una UTE (unión temporal de empresas) formada por Copisa, Comsa y Benito Arnó e hijos.
Copisa aparece mencionada también en un informe interno de octubre de 2016, elaborado por la empresa pública dependiente del Gobierno catalán Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU. En ese informe, que da cuenta de las irregularidades detectadas en torno a la adjudicación de obras por parte de la Generalidad de Cataluña, se habla de una obra en el Campus Diagonal Besós de Barcelona adjudicada a Copisa tras unas modificaciones que le arrebataron el primer puesto a Comsa. Esas modificaciones eran habituales por parte de la Generalidad catalana y podían hacer que una empresa cuya oferta había quedado en el puesto 18 se convirtiera de repente en la primera de la lista, según una información del diario La Razón.
Entre los años 2008 y 2013, Copisa donó 580.000 euros a la Fundacion Catalanista y Demócrata (CatDem), vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya. Copisa es el segundo mayor donante a lo largo de esos años, sólo superado por el Grupo Agbar, con 895.000 euros en el mismo periodo de tiempo.