Menos de 24 horas antes de que el Gobierno central y el de la Generalitat de Cataluña celebrasen su primera reunión formal en siete años, Quim Torra volvió a arremeter contra el rey Felipe VI.
"Querría ser muy claro. Nunca es tarde para pedir perdón, pero Felipe VI ya no es el ey de los catalanes". La frase estaba medida a la perfección y la concesión de una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias un día antes de la esperada reunión tampoco parecía casualidad.
Torra calentó así la reunión, a sabiendas de que una provocación al jefe del Estado es, también, poner entre la espada y la pared al Gobierno, que siempre refrenda todos sus actos, según indica la Constitución. La prueba más clara de que era una provocación es que, al ser preguntado por la presencia del rey Felipe en Barcelona para el primer aniversario de los atentados del 17 de agosto del año pasado, un día clave por el impacto social y las 16 víctimas mortales, Torra aseguró que se trata de "un tema que tiene una importancia muy relativa". Quería alzar la voz contra el Gobierno, pero sin pillarse los dedos de cara a esa cita conmemorativa.
Una más en la lista de afrentas
Las palabras de Torra son la última de las afrentas. La lista es larga: desde la colocación de una pancarta en la fachada del Palau de la Generalitat en la que se pide la libertad para lo que él considera "presos políticos" hasta su entrada en Moncloa lazo amarillo en la solapa, pasando por el apadrinamiento de los movimientos que colonizan el espacio público con cruces y lazos que son, en sí mismo, un cuestionamiento de las bases del Estado de derecho.
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, también había empleado un doble lenguaje al pedir al Pedro Sánchez "pasos adelante" en la "solución política" del problema en Cataluña, que según ella pasa por el derecho a la autodeterminación y la puesta en libertad de los políticos encausados por rebelión y malversación. Pero al mismo tiempo Artadi aseguró que hay que tener "un punto de paciencia". "No lo solucionaremos en un día", según ella, que espera avances significativos en otoño.
El Gobierno no reaccionó de ninguna manera este martes ante la provocación de Torra. El Ministerio de Política Territorial, que dirige Meritxell Batet, confía en que la reunión de la llamada "comisión bilateral" Estado-Generalitat vaya bien. Tiene 13 puntos y en ninguno se esperan grandes avances, pero el Gobierno confía en poder mantener el canal de comunicación abierto y probar así que hay otro Gobierno dispuesto a resolver problemas de los catalanes. En Moncloa siguen priorizando los gestos a los cambios concretos.
La agenda de la reunión sin avances
En el orden del día figura un análisis sobre las transferencias de competencias pendientes, los conflictos institucionales ante el Tribunal Constitucional, el intercambio de información entre Ejecutivos, las infraestructuras, el ámbito educativo y lingüístico y la acción exterior de la Generalitat. Pero ni en estos dos últimos puntos el Gobierno espera una gran confrontación. En línea con el PSC, Sánchez está a favor de la inmersión lingüística y Generalitat y Gobierno han acordado ya permitir la apertura de nuevas delegaciones autonómicas en el exterior siempre que se informe al Ministerio de Exteriores.
Donde sí pueden saltar chispas es en las "consideraciones" de la Generalitat, que quiere hablar de los políticos presos y de un referéndum de autodeterminación. El epígrafe pactado es lo suficientemente vago para no comprometer al Gobierno y alude a "derechos y libertades" así como las "vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes". Está previsto que se repita el guión: que la Generalitat reclame un referéndum y la libertad de los presos y que el Gobierno le responda que no puede hacer nada.
"Lo importante son otros asuntos"
"No sabemos con qué disposición va a ir la Generalitat y, dependiendo de lo que digan, nosotros responderemos o no. Lo importante es hablar de los otros asuntos", explican fuentes del Gobierno.
Los presidentes de las delegaciones tienen, en principio, el perfil para no hacer descarrilar las negociaciones: Meritxell Batet, situada por los analistas como entre las palomas del Gobierno (frente a los halcones, de línea más dura, que encabezaría Josep Borrell) y Ernest Maragall, vinculado a ERC, un partido no tan entusiasta de las tesis de ruptura que Carles Puigdemont expresa desde Bélgica. Y en otoño, ya se verá.
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