Los partidos que van del centro a la izquierda del parlamento consideran la exhumación de Franco una condición necesaria, pero no suficiente. Pedro Sánchez ha cosechado el apoyo de Unidos Podemos y de las fuerzas nacionalistas para convalidar el decreto que articulará el desentierro, pero a cambio deberá aceptar los deseos de sus aliados. Los más reseñables: la implicación del Gobierno en la localización de las fosas y la anulación de las sentencias del franquismo.
A día de hoy, ninguna formación se opone a trasladar al dictador, pero Ciudadanos y PP critican a Sánchez por haber actuado vía decreto. Casado y Rivera no consideran "urgente" la exhumación. El Ejecutivo socialista asume ahora las reivindicaciones en materia de Memoria Histórica de Podemos y Esquerra Republicana. Un plan que, ideológicamente, el socialismo ve con buenos ojos, pero que nose ha atrevido a llevar a cabo, tampoco durante los gobiernos de Zapatero.
La guerra en España todavía supone la existencia de 100.000 desaparecidos. La ley alumbrada por el PSOE en 2007 otorgó a los trabajos en las fosas carácter de "utilidad pública e interés social". También obligó a las Administraciones a elaborar distintos mapas. Incluso comprometió a los Ejecutivos a colaborar institucionalmente en las exhumaciones y a subvencionar las entidades sociales participantes. Unidos Podemos quiere más.
El Gobierno aprueba el decreto ley para exhumar a Franco
La coalición capitaneada por Pablo Iglesias pretende que el Gobierno se convierta en actor principal, se ponga el mono de trabajo y asuma de motu proprio las excavaciones. El cambio sería considerable: de la subvención a la inversión.
En palabras de Txema Guijarro, secretario del grupo morado en el Congreso, la mudanza de Franco es un "símbolo importante", "pero queda mucho por hacer". En cuanto al Valle -los de Iglesias recuerdan que allí yacen más de 10.000 desaparecidos-, Unidos Podemos mira hacia Auschwitz. Apuestan por un "monumento a la barbarie", por un "centro nacional de reconciliación".
Esquerra Republicana, por su parte, puso como condición para apoyar el decreto de Sánchez la anulación de las sentencias del franquismo. En más de una ocasión, sus diputados han proclamado desde la tribuna del Congreso el deseo de que esta medida acabe con injusticias como la sufrida por Lluís Companys, fusilado en Barcelona en 1940 tras ser capturado por la Gestapo en Francia.
Fuentes socialistas reconocen haber suscrito el deseo de los separatistas, que apremian a Sánchez a actuar antes de que concluya la legislatura. La ley de Zapatero inició el recorrido, pero no fue tan lejos. El texto de 2007 declaró la "ilegitimidad" de los tribunales, jurados y órganos penales que, durante la Guerra Civil y la dictadura, fallaron en virtud de motivos políticos o ideológicos. Véase el Tribunal de Represión de la Masonería, el de Orden Público, el de Responsabilidades Políticas...
Pero la ilegitimidad, explica el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, no es lo mismo que la anulación: "Aquello no tuvo efectos prácticos. Si se desactivan esas sentencias, podrían generarse cambios y recuperaciones de propiedades. Hubo republicanos que perdieron casas, empresas... Y mucho dinero".
Los juristas debaten la posible "inseguridad" que podría desencadenar la anulación de estas sentencias. Un extremo que Silva considera desacertado: "La única inseguridad sería económica porque, como digo, muchas propiedades cambiarían de nombre".
Las fosas y las sentencias del franquismo podrían formar parte de la reforma integral de la ley de 2007 que Sánchez prepara a través de su ministerio de Justicia. La resignificación global del Valle de los Caídos, reconocen las fuentes consultadas, queda pospuesta a una hipotética segunda legislatura: "No da tiempo".